L. Arturo Pizzolon, Profesor de la Facutad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia, Sede Esquel
Hacia mediados del año 2002 trascendió en la prensa local (Pregón, de San Salvador de Jujuy) que la explotación de oro en la región de la Puna jujeña estaba causando problemas graves en la hacienda y en la salud de los niños de comunidades kollas. Posteriormente el tema fue desapareciendo de la prensa por lo que era posible que la misma hubiera sido condicionada. El objetivo de este informe fue verificar la veracidad de la información difundida y el estado actual del problema. El mismo se basa en una visita a los sitios referidos, entre los más aislados que pueden encontrarse en el país.
Orosmayo y Liviara son comunidades de alrededor de 40 familias cada una, situadas a 4000 m snm y a 108 km de Abra Pampa y para llegar allí el camino serpentea hasta los 4800 m. Ambas comunidades se encuentran a la orilla del río Orosmayo, cuyas aguas alimentan al Pilcomayo, luego de recorrer un tramo en territorio boliviano. Su economía se basa en la cría de llamas, cabras y ovejas, y en la venta de lanas, tejidos y carne. Los cultivos son viables solamente entre octubre y abril y en invernáculo. Durante el resto del año el frío no lo permite; los vientos son muy fuertes en primavera, por lo que se requieren invernáculos muy robustos. La existencia de oro es conocida desde muy antiguo y la minería, a pequeña escala, se practica desde los inicios de la colonización, y aún desde el período incaico.
Hacia el 2001 se produjo la reactivación de las actividades mineras, a cargo de la empresa Luis Losi S.A., de Paraná (Entre Ríos). La empresa Losi, es una empresa vial, que decide incursionar en minería, por falta de trabajo en su especialidad. De hecho el proyecto Orosmayo (minas Rufino, Rosa y José) está planteado como un simple trabajo de remoción y excavación de sedimentos aluvionales y fluviales y separación de pepitas de oro por tamizado. El proyecto minero mencionado es un proyecto a muy pequeña escala: según datos proporcionados por un empleado de la empresa, no se llegó a extraer más de 1 Kg. de oro por día en los mejores momentos. Sin embargo, los datos son confusos y el mismo gobierno manifestó la necesidad de conocer con precisión el monto de lo extraído.
Territorios aborígenes y minería: aspectos legales
El origen del proyecto se pierde en las connivencias entre la empresa Losi y el gobierno jujeño. Basta decir que la empresa llevó a cabo el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en pleno período de explotación, como una mera formalidad o trámite para quedar legalmente protegidos. Las concesiones (pedimentos) de exploración minera en la Puna han sido obtenidas por tres personas: Yolanda López, el Ing. Benicio y Carlos Mir. Sólo en el río Orosmayo existen 48 pedimentos. En Orosmayo-Liviara, dichas personas cedieron a la empresa Losi el derecho de explotación a cambio del 15 % de lo extraído. Todo este procedimiento es ilegal, debido a que se trata de territorios aborígenes y los mismos tienen una legislación propia, reconocida en la Constitución Nacional de 1994.
El fallo judicial de julio del 2003, desfavorable al amparo presentado por la comunidad de Orosmayo, se atiene a que los derechos consagrados en la Constitución, no se aplican de inmediato, sino que necesitan de leyes que los reglamenten. Los especialistas más relevantes en Derecho Constitucional sostienen en cambio lo contrario (en términos técnicos, que son derechos operativos).
El aislamiento de la comunidad impide que los pobladores estén informados y que puedan enterarse de los edictos oficiales que se publican en San Salvador de Jujuy (SSJ) y que tienen 30 días de plazo para presentar oposiciones. Además la costumbre de denominar a las minas con nombres de fantasía, hace que los pobladores no puedan ubicar el lugar en que se encuentran y si las mismas afectan a sus intereses. Un viaje a SSJ para averiguarlo, por lo menos les lleva 5 días entre ida y vuelta si lo hacen en medios públicos.
Daños ambientales: observaciones en el lugar y referencias de los pobladores
La mayor parte de los tres kilómetros del río Orosmayo que separan Orosmayo de Liviara, se encuentran altamente impactadas por la actividad de la empresa Losi. A ambos lados del río existían numerosos mallines o “ciénagas” como se las denominan localmente, es decir áreas con subsuelo húmedo y ricas en pastos, especialmente aptas para el pastaje del ganado. Pudo observarse la destrucción completa del lecho del río y de las áreas marginales, utilizadas anteriormente como áreas de pastoreo. El material, preponderantemente aluvional, ha sido removido, transportado y tamizado con uso de maquinaria vial (Foto). El trabajo de las maquinarias dejó excavaciones muy hondas llenas de agua, donde cayeron y murieron ahogados o envenenados muchos animales. Estas excavaciones fueron tapadas posteriormente (Fotos), ante la protesta de los perjudicados. Como consecuencia del proyecto el curso de río ha sido altamente modificado, se produce un gran aumento de la turbidez aguas abajo de los sitios removidos, incluso en estos momentos en que los trabajos se encuentran paralizados.
Desde el inicio de la extracción han muerto más de 1100 animales a lo largo de 30 Km. del río y aún continúan muriendo. La mortandad afecta a ovejas, cabras y llamas, en el orden mencionado y en forma particular a las crías. Según los pobladores, los animales morían de 5 a 10 por vez. A las ovejas “se les reventaban los pupos y se les salían las tripas”. La mortandad de animales en la Puna suele ser alta, por factores naturales, sequías u otros. Pero lo que los pobladores están refiriendo aquí son muertes con síntomas extraños y un aumento excesivo de mortandad, mucho más allá de lo usual. También mencionaron una gran mortandad de truchas, que aparecieron a la orilla del río.
Con respecto a la salud humana, ocho niños fueron llevados en estado de gravedad, hasta Abra Pampa, y luego hasta Jujuy, y en algún caso hasta Salta, por el simple hecho de haberse bañado en el río o haberlo cruzado para ir a la escuela. Presentaron cuadros de vómitos (con aspecto de carne molida), convulsiones y diarreas. Los facultativos dijeron que se trataba de una intoxicación por materia fecal. La empresa no había construido sanitarios y todos los mineros (alrededor de 50) hacían sus necesidades al aire libre. Dichos sanitarios se construyeron posteriormente por los reclamos.
La extensión de los impactos se hizo sentir hasta más de 100 km aguas abajo, ya en territorio boliviano, en la comunidad de Río Seco, a orillas del río San Juan de Oro. Los pobladores de dicha comunidad enviraron una nota al presidente de la comunidad de Liviara con fecha del 10 de Octubre de 2002, mencionando daños crecientes en la salud de los pobladores (“diarrea, dolor e hinchazón de garganta”), mortandad de ganado, “daños en los sembradíos y extinción de los animales acuáticos, como ser Peces, Patos, Huallatas, y otros”. En la misma se indica que se están utilizando químicos “lo cual es totalmente dañino a nuestras salud y a la de los seres vivientes que habitamos permanentemente a las orillas del río San Juan de Oro” y le dicen al Presidente de la comunidad de Liviara que si la empresa no deja de utilizar esos químicos ellos se verían obligados a denunciar los hechos al “Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro país”.
Químicos sí, químicos no
Según el EIA presentado por la empresa, no se utilizan químicos en ninguna fase del proceso, afirmando que sólo se utilizaron medios mecánicos. Los primeros análisis de aguas fueron realizados en Aguas de los Andes, empresa provincial proveedora de agua potable. Estos arrojaron resultados positivos para mercurio, cianuro y plomo, pero análisis posteriores, solicitados por la empresa minera, también a Aguas de los Andes, no evidenciaron contaminación alguna, hecho que los damnificados interpretan que, por tratarse de una empresa provincial, y por estar el gobierno de la provincia a favor de la empresa minera, carecen de validez. Curiosamente, un empleado de la misma empresa señalaba en una entrevista al diario Pregón, que los “químicos se utilizaban en otra parte”, pero sin especificar donde.
También se realizaron estudios por parte de la empresa en un laboratorio de Bahía Blanca, con resultados negativos. Los pobladores, sin embargo, solicitaron un estudio a un laboratorio de Tucumán que confirmó los datos iniciales sobre la presencia de metales pesados. Un estudio adicional, solicitado por la comunidad de Liviara a la consultora NSC de Buenos Aires, a quien eligió como perito de partes, no evidenció contaminación. Sin embargo, los análisis de vísceras de animales muertos, realizados posteriormente en colaboración con la Administración de Parques Nacionales, en un laboratorio certificado de S. M. de Tucumán, indicaron la presencia de mercurio en las vísceras. Los resultados de las muestras duplicadas que tomó el gobierno de la provincia en la misma ocasión, nunca llegaron.
Incumplimiento de las leyes ambientales
La empresa minera nunca tramitó el permiso para el uso de agua pública. Siendo que utilizó todo el caudal del caudal del río devolviéndolo en condiciones lamentables, como lo menciona la pericia realizada por la consultora NSC, presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy.
El EIA realizado en 1997 no incluye las minas Rufino, Rosa y José, por lo tanto se estuvo trabajando en ellas sin el EIA previo exigido por ley. Cabe mencionar que este estudio, solicitado por los titulares del pedimento, Yolanda López, Calos Mir y Benicio, fue realizado por la consultora del Ing. Villafañe, Director de Medio Ambiente, en una situación de clara incompatibilidad con su función pública. El depósito de caución, obligatorio por ley en muchos países, en previsión de daños ambientales, accidentes de consideración o quiebra, es algo que ni siquiera se menciona.
Impactos sociales
La situación planteada para las comunidades de Orosmayo y Liviara es similar a la que potencialmente afecta a más de 120 comunidades kollas en cuyas tierras se proponen proyectos similares o de escala mucho mayor. Liviara quiso negociar algún beneficio en compensación por los daños ambientales, pero se les negó rotundamente cualquier derecho a establecer acuerdos con la empresa. Incluso la “representante” kolla de la comunidad de Orosmayo en San Salvador de Jujuy pretende cuestionar el actual acuerdo de la comunidad con la nueva empresa que continuaría con el proyecto.
El desembarco de los proyectos mineros tiene un impacto tremendo en estas comunidades tan pequeñas y aisladas y puede cambiar totalmente la vida de la comunidad, que termina polarizándose alrededor de una sola cuestión: minería sí o minería no. Tal es el caso de Orosmayo, donde la comunidad está una mitad a favor del proyecto y la otra en contra. Esta división no fue casual, sino que fue buscada y provocada por el gobierno y la empresa, según los pobladores, para poder acceder a las tierras comunitarias. Todo esto por intermedio de un personaje turbio, Nimia Apaza, escribana, recientemente abogada, que es apoderada de la comunidad de Orosmayo en SSJ. Sin embargo, según múltiples referencias recogidas, su accionar parece estar más ligado a sus intereses particulares que a la defensa de sus apoderados. De hecho sus actos aparecen como si fuera empleada de la empresa minera.
La mencionada “apoderada” montó en Orosmayo una farsa de destitución del presidente electo de la comunidad, Sabino Trejo, y su reemplazo por el vicepresidente, Pedro Guitian, en flagrante incompatibilidad de funciones, ya que el mismo era también empleado y delegado de la empresa minera. Sabino Trejo sufrió muchas clases de injurias, además de encontrarse actualmente procesado por negarse a entregar documentación cuya custodia le compete como presidente electo. El amparo ambiental presentado por la comunidad de Orosmayo, lo desiste luego la misma comunidad, a instancias de N. Apaza, que no ha escatimado medios para aplastar cualquier oposición o cuestionamiento al proyecto minero. Su accionar ha sido denunciado incluso por el obispado de Humahuaca. En estos poblados suele haber un destacamento policial, generalmente sin personal, pero llegaron a enviar hasta 14 policías en las reuniones comunitarias de Orosmayo, con el único objeto de amedrentarlos.
En Liviara, hubo amenazas verbales al presidente de la comunidad y agresiones físicas, en particular por el administrador de la firma Losi, el Ing. Jorge Bragantini. “Quiso ahorcar a Vilma Trejo, le dio una trompada en la cabeza a Juan Carlos Llampa y le pegó una patada en los genitales a Petrona Martínez, quien perdió una uña al protegerse con las manos”, relatan los pobladores Quiso además pasar con las topadoras por encima de las casas. En cada caso se han hecho las denuncias policiales correspondientes. La comunidad de Liviara se opuso en bloque al proyecto, por lo cual su presidente también fue denigrado por la prensa jujeña.
En otras localidades, Vg. Doncella, departamento de Cochinoca se ha iniciado un juicio de desalojo a miembros de la comunidad con carta documento, debido a que un sujeto se define como único dueño de las tierras donde está asentada la comunidad.
Roles institucionales ante el proyecto minero
Las situaciones límites manifiestan el verdadero carácter de las personas y grupos. Existe en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de SSJ un equipo muy competente en temas de química ambiental. Sin embargo, ante el pedido de colaboración para el análisis de metales pesados, el Decano no lo autorizó excusándose que para realizar ese tipo de trabajos sólo tenía facultad el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy La Jueza de Minas, que inicialmente se mostró partidaria del diálogo con las comunidades afectadas, se alineó posteriormente con el accionar del gobierno, por lo que cabe inferir que cedió a las presiones.
La prensa ha sido condicionada totalmente. Resulta evidente de la lectura de unos 7 artículos publicados en el diario Pregón entre el 5 de diciembre del 2002 y el 1 de marzo del 2003. Sólo en el primero se publican las expresiones directas de los pobladores que bajan hasta SSJ para protestar. En los restantes solo se publican negociaciones, explicaciones y versiones varias provenientes de la esfera oficial, que niegan el problema de la contaminación química y denotan sobre todo preocupación por asegurar las “inversiones” mineras.
El obispado de Humahuaca apoyó en todo momento y enérgicamente el reclamo de los pobladores, el derecho a sus tierras y a manejo de sus recursos naturales. Luego de este artículo crítico, el problema de Orosmayo y Liviara parece haber sido suprimido de la prensa.
Situación actual
No obstante el retiro del amparo ambiental por la misma comunidad de Orosmayo, la empresa Losi se declara en quiebra, debiendo los sueldos de muchos de sus empleados y hoy se está retirando del lugar. Por los problemas surgidos en Orosmayo y Liviara se han detenido momentáneamente unos 120 emprendimientos similares en toda la Puna. La concesión para el tramo Orosmayo-Liviara ha sido otorgada a una nueva empresa “Mina Los Gigantes” de Córdoba, cuyo propietario es el Lic. Américo Timonielli, y cuyo gerente local es Guillermo Orozco. Esta empresa se encuentra haciendo el EIA y ha firmado con las comunidades de Liviara, Loma Blanca y Casa Colorada un acuerdo en el marco del Convenio 169 de la OIT. En uno de sus puntos de compromete a entregar una compensación económica de 3500 US$ por mes como aporte al desarrollo de las comunidades.
Sobre este acuerdo caben dos comentarios: el primero es que ha sido rechazado por la “apoderada” de la comunidad (Nimia Apaza) y por el gobierno, quienes desconocen cualquier derecho de las comunidades a tratar con las empresas…. parecería que “cualquier apariencia de reconocimiento de la propiedad comunal de las tierras tiene que ser suprimida”. En segundo lugar, las bases de estas negociaciones tienen que hacerse sobre un amplio conocimiento de los impactos y pasivos ambientales de la actividad minera, tanto presentes, como futuros. En particular no puede desconocerse el DAM (drenaje ácido de minas), que dura hasta muchos siglos después de terminada la extracción minera; sus efectos son solubilizar los metales pesados existentes naturalmente en las rocas, facilitando su transporte a distancias considerables, a través de las aguas subterráneas y superficiales. Una mirada rápida a los estudios de impacto y peritajes judiciales realizados a lo largo del río Orosmayo muestra que lo expresado ya está ocurriendo: existen varios sitios acidez muy alta (pH muy bajos, cercanos a 2). Algunos de estos puntos corresponden a minas explotadas en el pasado, por ejemplo, mina Pirquitas, ubicada en las cabeceras el río.
Conclusiones
Además del daño paisajístico, la destrucción de áreas de pastoreo (que demorarán décadas en recuperarse), los análisis de vísceras de animales muertos indican que se utilizó mercurio, y que se han producido impactos a lo largo de más de 100 Km. del río Orosmayo hasta en el vecino país de Bolivia. Los impactos ambientales deben considerarse bajo el concepto de cuenca hidrográfica: es decir, que los impactos desde las cabeceras del río (Mina Pirquitas) hasta aguas abajo se irán sumando. Esto, como así también consideraciones culturales y religiosas, significa que no en todo lugar donde hay minerales forzosamente deben extraerse.
Hasta el momento parecen haber primado en Jujuy proyectos mineros a pequeña escala, llevados a cabo por empresas nacionales y más cercanas a la minería tradicional. Pero los mismos intereses que solo consideran la variable económica en sus razonamientos, no dudarán en abrir las puertas a empresas extranjeras y a la minería a gran escala, con explotaciones a cielo abierto y uso masivo de tóxicos. Más allá de las promesas sobre los cuidados ambientales que se formulen, el hecho es que ni la provincia ni el estado argentino están en condiciones de controlar el cumplimiento estricto de las leyes ambientales. La voladura y molienda masiva de rocas, además de los impactos paisajísticos generará drenajes ácidos que durarán por muchas generaciones.
Es imprescindible que la justicia se expida sobre el reciente amparo presentado, exigiendo al estado que cumpla con el Programa de Tierras, que cese de inmediato la adjudicación privada de tierras en territorios de las comunidades, y que no traten individualmente con esta sino con sus autoridades, reconociendo así de hecho la propiedad colectiva de las tierras. En tal sentido cabe recordar la reciente exhortación del Secretario General de la UNESCO para que los gobiernos de América Latina hagan realidad el cumplimiento de las leyes y acuerdos firmados sobre los territorios y sobre los derechos de los pueblos originarios.
No obstante el ocultamiento del tema desde las esferas gubernamentales, deben crearse las formas para que el tema sea objeto de debate público y se instale en la sociedad, en sus instituciones, en la Universidad, en escuelas, comenzado por tratar la problemática y la realidad indígena sin prejuicios de ninguna clase y con el respeto que merece todo ser humano. Sin duda una tarea no fácil, ya que para muchos (incluidos funcionarios públicos) “en Jujuy no existen indígenas”.
El “jet set” de los representantes aborígenes, sin contacto con los problemas reales, se ha inventado una comunidad romántica y ha perdido los valores espirituales originarios. Utiliza su posición en beneficio propio, siendo funcional a cualquier tipo de intereses privados y gubernamentales que los beneficie personalmente.
Los casos de Orosmayo, Andalgalá, Andacollo, Esquel, etc. evidencian claramente los efectos del Plan Minero Nacional. Plan que, alumbrado durante la pasada década de remate del patrimonio nacional, está recibiendo actualmente continuidad legal y apoyo político. La minería de metales (de roca dura, con uso de tóxicos, a mega escala), que responde a intereses oportunistas y a situaciones coyunturales del mercado internacional no genera desarrollo ni fuentes de trabajo estables, sino que compromete gravemente al ambiente, sus recursos naturales y su uso múltiple y sustentable en el tiempo y por lo tanto es radicalmente insostenible. Sólo provocará a la larga una mayor dependencia y empobrecimiento del país, profundizando además la fractura social originada por la aplicación ciega de modelos y recetas que responden a intereses foráneos.
