El Consejo Directivo decidió rechazar los aportes de YMAD (socia de Minera La Alumbrera) en reunión extraordinaria. La Dirección de Jurídica recomendó aceptar el dinero. El debate por los fondos de la mina La Alumbrera, que fueron girados a la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahora debe decidir su aceptación, volvió a encenderse.
Fuente: diario Puntal
Río Cuarto – 07/10/2009. Es que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la más grande de la casa de altos estudios local, decidió en una reunión extraordinaria rechazar los fondos provenientes de las regalías de esa explotación ubicada en la provincia de Catamarca.
La actividad de ese megaemprendimiento es duramente cuestionada por supuesta contaminación al medio ambiente.
Pero por una ley nacional las universidades son socias en las regalías que el emprendimiento genera. Claro que las utilidades se conocen por declaración jurada y muchos creen que son minimizadas por la operadora de capitales extranjeros.
En el país, hay facultades que luego de debatir internamente en el marco del deber ser y no de la legalidad, decidieron rechazar el dinero. Al tener una normativa nacional que define la distribución, la legalidad no tiene margen de ser puesta en tela de juicio.
Los sectores que resisten ese dinero argumentan principios morales al aceptar dinero de una actividad cuestionada. A su vez, el rechazo conlleva un mensaje de repudio.
En la vereda de enfrente, quienes persiguen la aceptación, insisten en que el rechazo no cambia las cosas y que lo mejor sería tomarlas y destinar ese dinero para alguna acción que aliente el cuidado del medio ambiente.
Lo cierto es que en la Universidad local las aguas están divididas. Ya hay una facultad, la de Exactas, que propuso aceptarlos. Pero ahora la de Humanas avanzó en el sentido contrario.
A su vez, en el Consejo Superior esa realidad se traduce literalmente. Los estudiantes reclaman el rechazo de plano de los fondos argumentando las numerosas sospechas de contaminación y la extracción de metales que son exportados dejando escasos beneficios a la Nación. Desde el Rectorado se busca aceptar ese dinero basándose en la legalidad y fundamentando que sólo captando ese dinero puede pretenderse cambiar esa realidad.
Lo cierto es que el tema es analizado en tres comisiones del Consejo Superior que ayer estuvieron reunidas analizando la situación. En ese marco analizaron el dictamen que la Dirección de Jurídica de la Universidad les entregó. Allí se aseguró que se deben aceptar los fondos porque son enviados en el marco de una ley nacional y no como parte de una donación.
Pero, además, fue más allá en el dictamen y advirtió que en caso de rechazarlo, las autoridades -que integran el Consejo Superior- podrían ser objeto de cuestionamientos judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En este sentido, Jurídica advierte que habría responsabilidad por el hecho de rechazar los fondos. De todos modos no hay decisiones tomadas en las comisiones. Vamos a seguir analizando”, adelantó el secretario general de la Universidad, Armando Becerra.
Las comisiones, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima.
De acuerdo a los tiempos que se manejan en el campus, el dictamen de las comisiones podría lograrse la próxima semana, cuando al escrito de Jurídica, le sumen otros elementos que están en proceso.
A partir de allí, la siguiente reunión del Consejo Superior, donde se llevarán las recomendaciones de las comisiones, se dará el martes 21. En ese encuentro esperan poder decidir finalmente en plenario qué hacer con los fondos.
