Derogada la “ley trucha”, el tratamiento del proyecto original de Iniciativa Popular no puede postergarse. Entretanto, el lobby pro minero intenta maquillarse para la opinión pública.
Por Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses – UAC Ch
El pasado viernes 5 de febrero El Chubut publicó en tapa y página 7 la nota “La explotación de uranio nunca afectó nuestra salud”. En una maniobra grotesca, en pos de la reactivación de la mina de Cerro Solo, se buscó que el testimonio de tres personas fuera representativo de toda la comunidad de Cerro Cóndor y Paso de Indios. Aquí argumentaremos por qué los dichos recabados por el diario trelewense carecen de sustento y, sobre todo, alertamos sobre la capacidad de dicho medio de prensa para discernir entre una buena información, con datos valiosos, y una incompleta o parcial, con datos sin fundamentos, susceptible de sembrar la confusión en la opinión pública.
Las minas de uranio son altamente peligrosas, tanto para los mineros como para los pobladores. El uranio, en su desintegración radiactiva natural, produce gas radón. Presente en suelos y agua este gas radioactivo inodoro es, según la OMS, la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco. El gas radón se concentra fácilmente en espacios cerrados como minas, cuevas y plantas de tratamiento de aguas; pero también significa un riesgo para la salud al aire libre puesto que con un viento de 16 km por hora puede recorrer 1000 km y perder sólo la mitad de su radioactividad original.
Un caso testigo de los riesgos del gas radón es el del pueblo Navajo, en los Estados Unidos. Los Navajos formaban parte de un pueblo que jamás había sufrido cáncer, hasta que las minas de uranio se instalaron en su territorio. Desde entonces, algunos de sus miembros comenzaron a desarrollar cáncer de pulmón; confirmándose, más tarde, que de los hombres que lo sufrieron el 72 por ciento había trabajado en las minas de uranio.
Pero es la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quien despeja toda duda sobre los riesgos para la salud que generan las minas de uranio. En el documento marco del “Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU)” impulsado por la CNEA en el año 2005, reconoce que: “de no tomarse medidas (en los lugares afectados) se podrían presentar distintas combinaciones de efectos donde resulten, por ejemplo limitaciones al uso del suelo y del agua, impedimentos para el desarrollo de determinadas actividades, aumentar el índice de probabilidad de contraer cáncer e intranquilidad social debido a la percepción que el público posee del problema, afectación de la diversidad biológica e incapacidad de asegurar a las generaciones futuras el máximo aprovechamiento de los recursos naturales”. Dentro de dicho programa se encuentran las canteras Los Adobes y Cerro Cóndor, cercanas a Paso de Indios. Curiosamente el lugar a restaurar se llama distrito “Pichiñan”, homónimo del entrevistado por el medio gráfico.
Afirma la CNEA que para “conjurar estos riesgos, es que se diseñó el PRAMU” y que “uno de los objetivos (en Los Adobes y Cerro Cóndor) es efectuar una evaluación ambiental” y “estimar los riesgos asociados a las distintas fuentes de contaminación existentes”. Entonces, ¿cómo puede afirmarse tan livianamente que el uranio nunca afectó la salud de la población ni al ganado de la meseta si estos trabajos jamás fueron realizados? Sin estudios epidemiológicos y radiológicos serios e independientes resulta temerario asegurarlo. Los antecedentes de la CNEA tampoco llevan tranquilidad. El historial de la Comisión Nacional de Energía Atómica suma denuncias por corrupción y contaminación radiológica desde hace décadas. En Malargüe, Mendoza, recibió recientemente una multa millonaria de la Suprema Corte por la “alta concentración de uranio hallada en los cauces de agua”. Y a pesar de los préstamos del Banco Mundial, el PRAMU nunca se terminó de poner en marcha en los lugares a restituir dispersos por todo el país.
A las razones médicas se suma la sospecha de manipulación de los testimonios. En mayo de 2014, el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñan (ChuSoTo), presentó una lista de 1500 firmas apoyando un manifiesto pro minero para contrarrestar el proyecto de Iniciativa Popular impulsado por la UACCH (Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut). No sólo eran escasas las firmas que oficiaron de aval para dicha operación, comparadas con las que acompañaron la Iniciativa popular, sino que un tercio eran repetidas, por lo que perdieron credibilidad y validez.
Hasta aquí lo inherente al uranio en nuestra provincia. La etapa siguiente a la extracción y preparación de la “torta amarilla” se efectuará fuera de Chubut, pero no tan lejos. El enriquecimiento del uranio se lleva adelante en la planta de Pilcaniyeu (Río Negro). Al final del proceso se encuentra el reactor de la central nuclear, un generador de energía de una complejidad tal que ante un desperfecto o evento natural de gran magnitud puede desatar catástrofes de incalculables consecuencias; los accidentes de Three Mile Island (EE.UU., 1979), Chernobyl (Ucrania, 1986) y Fukushima (Japón, 2011) son algunos ejemplos de la vulnerabilidad de las centrales y las poblaciones circundantes.
La energía nuclear, erróneamente llamada “energía limpia”, tiene más desventajas que virtudes. Al riesgo de accidente hay que sumarle los desechos radioactivos, para cuya eliminación no se conoce ningún tratamiento eficaz, y la escasa vida útil de las centrales –unos 40 años–. Ante este escenario, ciertos países han tomado decisiones políticas audaces y han afrontado su costo político y económico. En un primer paso hacia la transición energética, Alemania ha frenado abruptamente, en 2011, todo proyecto de nueva central y planifica cerrar progresivamente las existentes hasta que en 2023 no quede ninguna en funcionamiento. El disparador de tales medidas fue el accidente de Fukushima, pues “ha puesto de manifiesto que siempre puede haber estimaciones falsas”, sentenció, entonces, el gobierno alemán.
La nota pro minera aparecida hace unos días debería, cuanto menos, despertar sospechas; sobre todo cuando la “ley trucha”, aprobada por los legisladores en noviembre de 2014 en reemplazo del proyecto de ley original presentado por Iniciativa Popular, fue derogada el 22 de enero de 2016 por la nueva legislatura.
Por estas razones, y para que la discusión en torno a cuestiones que atentan contra el medioambiente y la salud de la población se desarrolle de manera abierta y transparente, exigimos que la legislatura trate sin tardanzas el proyecto original de Iniciativa Popular que fue corrompido de manera infame. Sólo así el Poder Legislativo puede recobrar la honorabilidad perdida por el desprecio mostrado hacia los 13.007 ciudadanos firmantes de la Iniciativa Popular y la ciudadanía toda. Tampoco dejaremos de reclamar la inmediata puesta en marcha del PRAMU en Los Adobes y Cerro Cóndor y la realización de estudios radiológicos independientes en el agua de Paso de Indios que lleven tranquilidad a pobladores que denuncian enfermedades desde hace largo tiempo.
Fuentes:
“El radón y sus efectos en la salud”. Nota Nº 291 de la OMS, octubre de 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/es/
Texto del proyecto de Iniciativa Popular. Sitio https://www.noalamina.org/mineria-argentina/chubut/item/12371-historico-12-947-chubutenses-respaldaron-la-iniciativa-popular-contra-la-megamineria, 21 de marzo de 2014
“El manifiesto pro minero tiene un tercio de firmas truchas”. Sitio PrensaNetNoticias, 13 de junio de 2014. http://prensanetnoticias.com.ar/wp/?p=31027
“Once Upon a Mine: The Legacy of Uranium on the Navajo Nation”. En: Environmental Health Perspectives, Vol. 122, Nº 2, febrero de 2014. http://ehp.niehs.nih.gov/122-a44/
