La sangrienta represión del martes 27 de noviembre, frente a la legislatura de la provincia de Chubut, fue motivo de análisis y denuncia en el encuentro que tuvimos con la madre histórica de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.
Por Javier Rodríguez Pardo
En radio PORQUÉ, emisora instalada en el SERPAJ de la calle Piedras 730 de la ciudad de Buenos Aires, la incansable mujer de los derechos humanos, recibió un sostenido aplauso de los presentes en momentos de estampar su nombre en el estudio principal de esta nuevo medio de comunicación que dirige el documentalista Miguel Mirra.
Inmediatamente nos tocó difundir la represión sufrida por asambleístas patagónicos.
Durante los últimos meses, los movilizados de la UAP (Unión de Asambleas Patagónicas) se auto-convocan los martes y jueves en la legislatura provincial defendiendo la ley 5001 que prohíbe la minería a gran escala y el uso de compuestos tóxicos. El gobierno provincial amenaza con derogar la ley 5001 ó, en todo caso, incluirle un marco regulatorio que habilite la mega minería a la que se oponen las comunidades afectadas. Recordemos que la ley 5001 es consecuencia del 82 % de la población de Esquel que el 23 de marzo de 2003, mediante un plebiscito, rechazó este tipo de actividad extractiva.
El martes pasado, medio millar de provocadores y sicarios del sindicato de la construcción (UOCRA), fueron trasladados desde distintos puntos de la provincia, mediante medio centenar de vehículos, esbozando un despliegue de poder pocas veces visto en situaciones similares. Horas antes, la policía provincial había liberado la zona y colocado un doble vallado alrededor de la Casa de Gobierno que balconeaba el propio gobernador Martín Buzzi detrás de una mirilla, en tanto los diputados seguían la brutal refriega fisgoneando por las ventanas entreabiertas del recinto de la leyes; no andaría lejos el diputado nacional Carlos Eliceche, gestor también de los “contratos” matones. La pequeña ciudad de Rawson parecía “ocupada”. Los manifestantes nunca pensaron franquear ingreso alguno, si bien los diputados de la oposición los ubicaban a veces en el sector dedicado al pueblo para presenciar democráticamente los debates. Hasta el propio ex diputado provincial, el médico pediatra Fernando Urbano, soportó palazos de los esbirros del poder. Mujeres, niños y aquellos que no pudieron correr, fueron los primeros en caer con el garrote.
Al escuchar estas referencias, Nora Cortiñas rememoró con nosotros algunos hechos protagonizados por estos grupos de choque del sindicato de la construcción, manejados por una dirigencia que proviene de los servicios de inteligencia que operaba en la década genocida de los setenta, y que aún se halla vigente manipulando las debilidades de una democracia que supo sancionar la ley antiterrorista.
Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA -recordamos- fue agente de inteligencia del Batallón 601y oficial del Destacamento 201 de Campo de Mayo. En julio de 2011, Martínez había sido denunciado en el juzgado federal del juez Ariel Lijo como agente del Batallón de Inteligencia 601 por el sindicato de la construcción (SITRAIC) y organismos de los derechos humanos (APDH, AEDD, APEL, entre otros). Los registros no mienten, el regente de la UOCRA ingresó a la inteligencia militar a los 25 años, con el seudónimo de “Gabriel Antonio Mansilla”, y aún pudo haber vínculos anteriores a los archivos expuestos.
Recordamos también, que el 23 de marzo de 2003, el pueblo de Esquel movilizado tras el triunfo del plebiscito, desplazó a operadores de este sindicato que durante la semana previa había intentado atemorizar a la población golpeando a varios militantes de “No a la Mina”; provenían de Comodoro Rivadavia a disposición del gobernador radical José Luis Lizurume, pero la contundencia del triunfo derribó toda posibilidad represiva.
No cabe duda que tal como ocurrieron los hechos chubutenses del martes pasado, y la ferocidad sostenida por los “contratados”, con decenas de heridos, algunos de los cuales aún se hallan hospitalizados, nos hallamos ante una represión “tercerizada”. Las fuerzas del orden, la policía de la ley -por denominarlo de alguna manera- maniobraron expectantes durante la feroz golpiza y mientras duró la persecución de que fueron objeto los asambleístas. El maquillaje policial “no intervencionista” intentaba demostrar que eran agrupaciones ciudadanas con intereses enfrentados, sin poder ocultar que los matones de la uocra profesaban todo tipo de libertad para coartar voluntades, con licencia para herir, secuestrar o desnucar, según fuere dispuesto. El poder autorizó a ejercer la violencia. Hay una violencia ejercida por el poder, y el intento es una historia vieja, someter al otro, imponerle dependencia.
Por otra parte, desnudar esta realidad es una necesidad urgente de las asambleas y una tarea que deberán construir los movimientos sociales. Hoy más que nunca defender y aplicar el concepto “tocan a uno, tocan a todos” se ha hecho impostergable.
Javier Rodríguez Pardo (011 156748530) (Rawson, 27 de noviembre de 2012) machpatagonia@gmail.com Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), (rodriguezpardo.blogspot.com).
