Aseguran que ellos no pidieron la creación de otro municipio. Además, afirman que oficialmente se desvirtuó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien en realidad se manifestó contra la minería.
Fuente: Página12
Las comunidades indígenas que pertenecen la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta se manifestaron luego de que el Gobierno de Catamarca participara el 1 de agosto de la celebración de la Corpachada a la Pachamama y les entregara el proyecto que prevé la creación de un nuevo municipio en su zona. Aseguraron que oficialmente se descontextualizó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien habló contra la minería y dijeron que el proyecto de la nueva comuna “llegó a las comunidades y sin que hayan podido tener una real participación en la discusión y elaboración del mismo”.
En diálogo con Catamarca/12 la abogada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza, explicó que la versión oficial de lo que sucedió el 1 de agosto en Laguna Blanca “contribuyó a la confusión general que solo pueden producir desunión en el movimiento indígena en momentos en los que muchas comunidades de la Unión están siendo sistemáticamente violentadas por funcionarios del Gobierno provincial y miembros de las empresas mineras que en asociación con el Gobierno están presionando para instalar definitivamente un emprendimiento minero en la región de Laguna Blanca”.
En el parte de prensa oficial sobre el tema, se anunció que el Gobernador Raúl Jalil había entregado “el instrumento legal” de creación del nuevo municipio de Laguna Blanca y que “la confirmación legal de la nueva comuna era un anhelo de las comunidades”, entre otras cosas.
Molares Leanza, explicó que actualmente la Unión que representa está compuesta por las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco, Peñas Negras, Llastay Ñan, Azampay, Quimivil, Las Vallas y Las Lajas.
En este contexto, aclaró que en la región de Laguna Blanca, donde quedaría comprendido el nuevo municipio, conviven siete comunidades: “Carachi, Aguas Calientes, La Angostura, Peñas Negras, Yastay Ñan, Laguna Blanca, y Corral Blanco. De éstas sólo las primeras tres se han declarado a favor del proyecto minero Alto El Mulato – el pedimento minero se localiza en territorio de Peñas Negras-, traicionando y abandonando la organización a la que pertenecían, (la Unión de Pueblos) incumpliendo además los acuerdos intercomunitarios que están en la base de dicha organización indígena”, aseguró.
Las otras cuatro comunidades sostienen que dicho proyecto minero “atenta contra nuestro modo ancestral de vida, nuestra cultura y nuestra Madre Tierra Pachamama haciendo peligrar nuestra existencia comunitaria” y que la empresa minera “vino a perturbar nuestra vida en comunidad, llegando con intereses, valores y formas contrarias a los nuestros”, tal como afirmaron previamente en un comunicado emitido el 3 de julio.
En este contexto, la abogada aclaró que “es falso que el nuevo municipio estaría integrado por comunidades indígenas a favor de la actividad minera, porque de las siete que lo componen sólo tres estarían en todo caso a favor de que se realice dicha actividad en la región”.
Municipio
Por otra parte, Morales Leanza explicó que el origen de la creación del nuevo municipio “no nace en el interior de la Unión Diaguita ni responde a sus formas de gobierno indígena, sino a las formas e intereses del gobierno no indígena”.
En este marco, la abogada citó el comunicado del 3 de julio en donde las comunidades se refirieron a esta proposición estatal: “Manifestaron que tendría que ser un municipio indígena, conforme a sus formas ancestrales de gobierno y buen vivir, en una relación armónica con la naturaleza, nuestra Madre Tierra Pachamama y sobre lo cual tienen el derecho a decidir en razón a su derecho a libre determinación y autogobierno”.
Según aseguró, las comunidades “no tuvieron una participación real en la elaboración del proyecto de este nuevo municipio, y lo que el Gobernador les entregó no fue un instrumento legal sino una copia de un proyecto del que ellos no habían participado como es su derecho según consta en la ley nacional 24.071.
Las comunidades, al informarse sobre éste proyecto lo que solicitaron fue tener un municipio indígena, que nada tendría que ver con el municipio Estatal que se propuso y que lo que aportaría sería “un reconocimiento de sus tierras. Es como lo que sucedió en el municipio de Tilcara en Jujuy. Es reconocer que allí se encuentran comunidades con un modo de vida propias, no significa una gran transformación, pero si es una gran avance en el reconocimiento de sus derechos de que existe otra cultura y nación. Significaría adecuar la estructura del municipio de Laguna Blanca a la cosmovisión de las comunidades que allí habitan”, explicó Morales Leanza.
Descontextualizado
La abogada señaló que información enviada de manera oficial, “deja entrever que el Gobernador goza de la licencia social como para instalar el tema de la minería en la región de Laguna Blanca cosa que dista de la realidad, mostrando frases que podrían interpretarse como de espíritu conciliador, cuando dice que ´tiene que tener un impacto que mejore lo económico y social”.
“Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad cuando en realidad ellos son criminalizados solamente por exigir lo que marca Convenio 169 de la OIT, exigiendo a la empresa minera que realice la consulta libre, previa e informada, cosa que aún no ha realizado y, a pesar de ello, el gobierno sigue dándoles respaldo a la empresa minera”, manifestó.
En este sentido, dijo que el gobierno provincial, “no sólo no tomó cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas sino que se continúo articulando acciones con los representantes de esta empresa en contra de la Comunidad Indígena de Peñas Negras. Mientras que, por otro lado, se desliga también de los acuerdos provinciales, nacionales e internacionales de respeto por el medioambiente dado que Laguna Blanca ha sido declarada en 1979 como Reserva Natural de Vida Silvestre y, en 1982 como Reserva de Biosfera en el marco del Programa Man and Biosphere de UNESCO y finalmente en 2009 como sitio RAMSAR por sus humedales”.
Por último, Morales Leanza advirtió que las palabras de la cacica de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez, fueron descontextualizadas ya que emitió un discurso en contra de la actividad minera y no a favor. Así destacó lo siguiente de que dijo la autoridad indígena:“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla (a la tierra) y defenderla de todos aquellos que quieren hacer dinero con ella saqueándola, dinamitando los cerros, secando y contaminando las vegas, los ojos de agua, los ríos, las lagunas. No se pueden sacar esos metales de nuestra tierra sin destruirla y empobrecernos (…) Por eso la gran lucha que tenemos, que estamos teniendo las organizaciones indígenas contra los terratenientes que nos tenían como esclavos, nos abusaban y encima nos quitaban lo que teníamos, empobreciendo las generaciones –díganos si no es así– y ahora también las empresas mineras que llegan para querer saquear nuestros territorios, con mentiras y falsas promesas, pretendiendo que vendamos a la Pachamama por dos monedas. Kusiya, Kusiya, Pachamama (alégrame, ayúdame)”, dijo Gutiérrez.
