Las derrotas oficialistas en Andalgalá, Belén y Antofagasta de la Sierra marcan el fracaso de la política minera del Gobierno, dice enojado el diario El Ancasti, firme soperte de la actividad minera en Catamarca. Alto precio político paga el FV por transformar la política minera en una unidad básica.
Fuente: El Ancasti
En Andalgalá, el candidato a intendente del FV, Miguel Morales, cayó frente al intendente Alejandro Páez; en Belén, el intendente Arnoldo Ávila resignó el puesto a manos del ex intendente radical Daniel “Telchi” Ríos, famoso por sus desatinos con las regalías mineras; en Antofagasta, Julio Taritolay recuperó la comuna para el radicalismo al derrotar al intendente Carlos Fabián.
En la acción proselitista de Andalgalá, Belén y Antofagasta tuvo gran protagonismo el funcionariato de la Secretaría de Minería y la Sociedad del Estado Catamarca Minera y Energética (CAMYEN), con los recursos habituales de campaña, del rango más folclórico: repartijas de elementos varios, enjuagues extraños y arreos a mitines y actos. No es descabellado suponer que una gran cantidad de andalgalenses, belichos y antofagasteños hayan decidido rechazar esta transformación en insumos de campaña de los recursos materiales y humanos de estamentos que, en teoría, deberían ser ejecutores de una política de Estado jerarquizada. De ahí la derrota oficialista, que viene a coronar un rumbo amojonado de desaciertos que las comunidades de los departamentos mineros han venido monitoreando atentamente.
Ocurre que las primeras y alentadoras promesas sobre un cambio esencial en la política minera catamarqueña, sucedieron ruidosas puestas en escena que, quedó al poco tiempo expuesto, buscaban disimular la perpetuación de unas prácticas que han sido nefastas para el desarrollo de la Provincia. Concretamente, la jerarquización de la política minera no es, porque la política minera está en manos de improvisados e ineptos muy permeables a la corrupción en un universo donde las tentaciones abundan. Los pocos excedentes de la renta minera que quedan luego de que, irresponsablemente, se la licuara en las rentas generales para derivarla a gastos corrientes, se insumen en sostener estructuras ociosas para acomodar parientes, amigos y militancia rentada. De proyectos tendientes a generar condiciones propicias para el desarrollo de actividades productivas, cero. Se perdió de vista el trabajo de concientización tendiente a integrar la minería a la cultura provinciana y consolidar la licencia social para la actividad. CAMYEN se erige como el ejemplo más nítido de esta decisión política orientada al fracaso, con las sospechas que se centran en ella por el misterioso contrato celebrado con Minera Agua Rica sin que esta firma, como se anunció y mintió, renunciara a sus reclamos por derechos mineros en Cerro Atajo, y por los sugestivos circuitos que sigue la comercialización de rodocrosita. Impericia, soberbia y venalidad en el manejo de áreas clave de la política minera son el cóctel que explica las caídas electorales en los distritos mineros.
Lo lamentable es que la renuncia a diseñar y llevar adelante una política minera seria y de largo alcance, con actores capaces y a la altura de las circunstancia y no beneficiarios de los caprichos de un dedo, condena a las regiones mineras de la provincia y las deja en manos de personas que no han demostrado tampoco idoneidad ni transparencia para administrar la renta minera. En Andalgalá sigue Páez, antiminero en su génesis política, pro-minero moderado para gastar las regalías como intendente y nuevamente antiminero ahora que las regalías merman. Vuelve “Telchi” Ríos y las “bequitas” a Belén. He ahí el saldo más grave de la minería reducida a instrumento de unidad básica, pues sería dato menor que el oficialismo perdiera si lo suplantara algo superador. Pero no: la política minera catamarqueña sigue invariable en su frustrante y crónica mediocridad, cada vez más impregnada de sospechas de corrupción.
