El defensor del Pueblo, Ricardo Azparren, a pedido del diputado del PJ Modelo Chubut, Jerónimo García, elevó un informe a la Legislatura que advierte que “el mapa hidrogeológico de la provincia no está terminado”, que “no es cierto que la minería sea el único desarrollo en la Meseta” y que “falta la consulta a los pueblos originarios”. Con estos argumentos concluye que en la provincia aún no se puede debatir la explotación minera en el parlamento.
Luego de informes del Instituto Provincial del Agua, el Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, “sugerimos y damos nuestra opinión que no están dadas las condiciones para el tratamiento legislativo de la minería porque no existe un ambiente favorable para su análisis, por lo menos por ahora”, señaló Azparren.
Puntualizó que las condiciones no están dadas porque, según el informe del IPA, “el mapa hidrogeológico de la provincia no está terminado”. Ese mapa está en una primera etapa de realización y es “una herramienta fundamental para generar información con un nivel de mayor confiabilidad respecto del impacto ambiental, no sólo considerando las consecuencias de los proyectos en forma particular y aislada, sino evaluando la degradación ambiental y consumo de agua que una serie de megaproyectos mineros provocaría en una zona determinada”.
Otro punto por el cual el Defensor del Pueblo se opone a la discusión minera es porque “de acuerdo a lo que nos dicen los propios funcionarios provinciales, no es cierto que sea el único desarrollo económico viable de la Meseta”. En el escrito elevado a los legisladores provinciales se precisa “la categoría de baja sensibilidad socio ambiental correspondiente a áreas en las cuales, debido a su densidad baja de drenaje superficial, su bajo potencial forrajero y alto deterioro del suelo, no podrían sustentar económicamente actividades agropecuarias.
Estas áreas no tendrían mayores conflictos socio-ambientales para el desarrollo de otras actividades industriales. Se observa que estas zonas favorables para las economías dependientes de la capacidad de los suelos ocupan un pequeño porcentaje del total del territorio. En contrapartida, un gran porcentaje del territorio provincial posee capacidades importantes para el resto de las economías”.
“En virtud de lo indicado, este Defensor entiende que quizá sea recomendable avanzar en el estudio de otras alternativas de desarrollo productivo sustentable”.
En referencia al rol de contralor de Ambiente, Azparren alude al fallo del Superior Tribunal de Justicia que incluyó la necesidad urgente de modificar el Código Ambiental de la Provincia. “Se indica que en el Código el principio de tipicidad está defectuosamente cumplido y que tampoco se estipula sanción alguna para las infracciones”, expresa.
También advierte la importancia de acceder a la información a través de disertantes con conocimientos científicos que puedan hablar a favor y en contra de la explotación minera o megaminera, los cuales “permitan construir consensos, a través del debate responsable y no caer en discursos apasionados y mal encauzados que favorecen la violencia”.
Además, el titular de la Defensoría explicó que “falta consultar la opinión de los pueblos originarios”. Y es que “merece especial atención la consulta a las comunidades originarias, dado que el hecho de que algunos de sus integrantes hayan participado de las reuniones celebradas a tal fin, no garantiza por sí solo la transparencia y el respeto a los principios”.
“Resulta imprescindible consensuar con las comunidades originarias un sistema de consulta acorde a los estándares internacionales asumidos. Ese compromiso fue también requerido – tal como lo señala Sofía Millanir, directora de Asuntos Indígenas- por representantes de esas comunidades, en el encuentro de abril de 2012. Allí se solicitó al gobierno provincial que los haga partícipes de todo lo que se ejecute en las comunidades.
Otro factor por el cual no se debería tratar el tema en la Legislatura es porque el uranio tiene un tratamiento específico, tal como lo establece la Constitución Provincial. “Si bien no podemos considerar como peligros o impactos directos de la actividad minera, el impacto en la producción de energía y el consumo de agua, están estrechamente ligados a los efectos negativos sobre el ambiente por el gran consumo que requieren los mega emprendimientos mineros a cielo abierto y por lo tanto deben ser considerados en el análisis de la actividad minera”.
Azparren concluye ante los diputados provinciales que “es evidente que no están dadas las condiciones para dar tratamiento legislativo al proyecto de ley 106/12” ya que “podemos inferir que no se ha logrado en el proyecto señalado el consenso político y social necesario para darle legitimidad.
