Enmarcado en un extractivismo voraz por los bienes comunes patagónicos relacionados a la energía, como es el caso de Vaca Muerta o minerales “estratégicos” como el uranio y tierras raras, ahora quieren eliminar el compre local. La poco creíble excusa es que “multiplicaría oportunidades para las empresas provinciales”. Y tal como se publica en Ambito.com “Seguir el ejemplo nacional implica elegir competencia sobre proteccionismo: abrir el mercado, integrarse regionalmente y reducir barreras que nos limitan”. Esta nueva regla de juego, que beneficia aún más a las multinacionales y convierte a las actividades cada vez más en un saqueo, se contradice con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI ) que obliga a los proyectos adheridos a destinar al menos el 20% de su monto total de proveedores a empresas locales.
Por: Noalamina.com
Se está rematando la Argentina y particularmente a la Patagonia, todos los días nos vemos sorprendidos de cambios en las reglas de juego que perjudican cada vez más a quienes habitamos éstos territorios, incluidos los empresarios provinciales.
En una publicación del 14/03/26 de Ambito.com nos encontramos con afirmaciones como:
«Las provincias enfrentan un desafío clave para bajar el costo argentino y ganar competitividad: eliminar las leyes de “compre local” que imponen preferencias o cuotas obligatorias a proveedores y mano de obra provinciales.»
«Estas normas, vigentes en varias jurisdicciones, pretenden proteger lo local pero terminan encareciendo proyectos, limitando la competencia real y desalentando inversiones. Al priorizar el origen geográfico sobre eficiencia, precio y calidad, elevan costos en obras públicas y grandes desarrollos energéticos o mineros, aumentando el “costo país” en un momento en que necesitamos atraer capitales para Vaca Muerta y sus extensiones.»
Se eliminaría el compre local y se habla de “oportunidades”
Resulta inverosímil considerar que las oportunidades serían para las empresas locales. Por otro lado, el RIGI obliga a los proyectos adheridos a destinar al menos el 20% de su monto total de proveedores a empresas locales. ¿Qué pasa con los proyectos adheridos?
El gobierno nacional ya eliminó el núcleo de la Ley de Compre Argentino mediante el DNU 70/2023, y cabe recordar que en el Consejo de Mayo (2025) se recomendó explícitamente a las provincias derogar sus propias versiones porque argumentaban “que reducen competencia y encarecen la producción”.
Las leyes de Compre Local tienen como objetivo proteger la industria local, preservar el empleo y fomentar el desarrollo.
Sería tema de discusión los argumentos con que el gobierno nacional intenta su derogación porque afirman que ante la restricción de la competencia abierta se “protegen artificialmente a ciertos actores y encarecen lo que pagan consumidores y pymes locales.” Además, de basarse en que “contradicen el espíritu de la Constitución Nacional, que prohíbe las aduanas interiores (arts. 9 a 12) para garantizar un mercado unificado sin fragmentaciones provinciales.”
En los argumentos todo vale, incluso las explicaciones novelescas de la historia de la Patagonia para justificar la eliminación del compre local:
«Las provincias patagónicas como Río Negro, Neuquén o Chubut son jóvenes y se formaron precisamente gracias a la inmigración y el aporte de personas provenientes de las provincias del norte argentino, junto con oleadas de extranjeros y colonos internos. Este poblamiento histórico, impulsado por la Conquista del Desierto y la expansión hacia el sur en el siglo XIX y XX, creó una identidad abierta y dinámica, basada en la llegada de mano de obra y capital de otras regiones del país. Mantener barreras provinciales hoy contradice esa esencia fundacional: la Patagonia creció integrando, no cerrándose.»
Asimismo, el gobierno de Río Negro publica:
«Eliminar el compre local abriría un mercado patagónico integrado: pymes de Río Negro podrían ofertar libremente en Neuquén (y viceversa), multiplicando contratos, economías de escala y oportunidades reales.»
«Eliminar estas leyes no es entregar la provincia; es potenciar su crecimiento real y hacerla más próspera para todos los rionegrinos. Es hora de actuar.»
Cabe destacar, que en el caso de Chubut, las empresas que pertenecen a la Federación Empresaria Chubutense y la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros de Chubut intentan infructuosamente obtener la licencia social de la actividad minera a gran escala bajo el argumento de la generación de empleo indirecto y el desarrollo local. Actualmente, desconocemos que opinión tienen los empresarios respecto a estas nuevas reglas de juego que se plantean y si el gobierno de Ignacio Torres, que está atado a los compromisos del Pacto de Mayo, accederá a la nueva presión del gobierno de Javier Milei.
