“La peor demanda para Costa Rica, será la factura ambiental que nos pasará esa industria voraz y destructora, y el juicio más duro será el de la historia, y el de las generaciones venideras que señalarán a los responsables de no cumplir con el encargo que les fue dado para proteger lo que es también de quienes no han nacido.”
Comunicado de Prensa: Ayunantes por la Vida se cumplen 18 días y 408 horas de ayuno
frente a Casa Presidencial
Buenas tardes,
Las personas que permanecen ayunando frente a Casa Presidencial: Rosibel, David y Andrés, cumplieron hoy 25 de octubre a las 4pm. 408 horas de ayuno y 18 días frente a Casa Presidencial.
Durante estos 18 días y estos 2 últimos sumamente lluviosos hemos recibido 2 cartas, una del Sr. Alfio Piva, Primer Vice-presidente de la República después que estuvo don Luis Fallas, Defensor Adjunto y que le dijeron que habíamos recibido respuesta y la segunda el pasado 21 de octubre de la Sra. Laura Chinchilla M., Presidente de la República. La segunda carta fue entrega por el Sr. Piva a las tres personas que permanecen en ayuno personalmente
Ambas cartas básicamente con la misma argumentación y con la siguiente frase:
“Desde el inicio hemos dispuesto vigilancia para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran acampando” – Laura Chinchilla
La cual queremos aclarar públicamente no es cierta porque los policías al inicio estuvieron reprimiendo el campamento y en los últimos dos brillan por su ausencia así como los paramédicos que dice la señora Presidente están apostados 24 horas.
Dejamos a criterio de cada uno las declaraciones del Sr. Vice-presidente Alfio Piva y del Vice-ministro Francisco Marín.
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Adjuntamos las dos últimas escritas por David Rojas Monge, 18 días en Huelga de Hambre, solicitando la derogatoria del decreto que declara de interés público y conveniencia nacional la minería en Crucitas.
Cooordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM)
San José. Costa Rica
E-mail: niunasolamina@gmail.com
http://niunasolamina.blogspot.com/
¡A movernos que es urgente!
Sábado 23 de Octubre, 2010
Dos argumentos reitera el Gobierno desde hace meses, sin escuchar ni responder concretamente a los nuestros:
1 . Que derogar el decreto 34801 implica el riesgo de una demanda millonaria por parte de la empresa minera.
2. Que vivimos en un Estado de Derecho, y el Poder Ejecutivo es respetuoso de la institucionalidad costarricense, y por lo tanto del proceso que se desarrolla en el Tribunal Contencioso, instancia del Poder Judicial.
El primer argumento no es sólo irresponsable, sino pusilánime y detractor de la Soberanía nacional. El segundo, es retórico y panfletario.
Para empezar, nunca se había visto a un Gobierno autodeclarándose una demanda, y mucho menos se había visto a los más altos funcionarios del Estado especulando sobre la suma indemnizatoria. En cualquier caso, el cálculo que se debería hacer, es el del monto –muy superior- de la demanda que podría interponérsele a Costa Rica si por la actividad minera, resultara contaminado el complejo hidrográfico más importante de Centroamérica: Lago de Nicaragua-Río San Juan. Sobre esto, el Gobierno ni siquiera se ha referido.
En cualquier caso, la empresa parece haber afirmado que si el Tribunal falla en su contra, llevará a Costa Rica a una demanda ante tribunales internacionales. Se ve que tienen un respeto invaluable a nuestras instituciones y procedimientos.
Por otro lado, la Sala IV reconoció la potestad que tiene doña Laura Chinchilla de derogar el decreto 34801, por lo que esa decisión no iría a contrapelo de la institucionalidad, sino en regla con esta, y en correspondencia a la responsabilidad ética y política de la Presidenta, a no ser que la confusión entre los Poderes de la República, y entre sus funciones, alcances y competencias, sea otra de las herencias que le dejó el ex Presidente Arias.
Por lo que a nosotros, y a la mayor parte de los costarricenses se refiere, tenemos claro desde las épocas escolares, que los tres Poderes de la República son independientes, y que en particular, las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, no afectan los procesos que se desarrollan en el Judicial. Si la Presidenta Chinchilla ejecuta su capacidad de delimitar las actividades económicas que se desarrollan en nuestro territorio, el juicio que se está llevando en el Tribunal Contencioso seguirá su cause sin alteraciones. Otra cosa eran los Presidentes que le quebraban el brazo a las magistraturas…
David Rojas,
16 días en Huelga de Hambre, solicitando la derogatoria del decreto que declara de interés público y conveniencia nacional la minería en Crucitas.
Domingo 24 de Octubre, 2010
El Anillo de doña Laura.
El anillo de doña Laura Chinchilla, que tan flamantemente lució en su principal imagen de campaña, requirió la extracción de más de 250 toneladas de rocas y minerales, que después de pasar por un proceso de lixiviación con cianuro, fueron reducidos al fragmento de oro con el que se confeccionó la joya que lleva en el dedo.
Es decir, que entre ella y su esposo, requirieron 500 toneladas de materiales removidos y sometidos al proceso químico mencionado, con el fin de sellar con oro su unión matrimonial.
Quizás la Presidenta Chinchilla desconoce lo anterior y sus implicaciones. Podría saberlo, si hubiese leído la sección redactada por el Dr. Allan Astorga en el Informe Especial “Minería Química a Cielo Abierto: El Caso de Las Crucitas”, elaborado por la comisión de once expertos de la Universidad de Costa Rica, creada por el máximo órgano de esa institución, en Octubre del 2008.
Si doña Laura leyera el texto completo, además de la resolución de abril del Parlamento Europeo, y la documentación mundial sobre el tema, y si se hubiera tomado la molestia de escuchar nuestros argumentos sin rechazarlos mecánicamente, quizás no se quitaría el anillo –que debe tener un elevado valor sentimental para ella y para el señor Rico más allá del oro-, pero sí tendría más elementos para decidirse a derogar el decreto de Oscar Arias que declara de Conveniencia Nacional el proyecto minero en Crucitas. Es la única persona con la potestad de hacerlo, según lo reconoció la Sala Constitucional.
La peor demanda para Costa Rica, será la factura ambiental que nos pasará esa industria voraz y destructora, y el juicio más duro será el de la historia, y el de las generaciones venideras que señalarán a los responsables de no cumplir con el encargo que les fue dado para proteger lo que es también de quienes no han nacido.
David Rojas,
