El canciller de Costa Rica, René Castro, dijo este miércoles que la existencia del proyecto de minería a cielo abierto de “Crucitas”, en la zona norte del país, no es “contradictorio” con la política “verde” y ambientalista que promueve su gobierno. Representantes de Industrias Infinito, titular del proyecto minero en la zona de Crucitas, San Carlos, afirmaron que el proyecto que desarrollarían sería exitoso, pese a admitir que nunca antes lo han implementado en el mundo.
Fuente: diario digital El País y El Financiero
29/07/2010. Castro admitió que el país podría enfrentarse a fuertes críticas en el exterior si cancela la concesión otorgada por el Estado costarricense a la firma de origen canadiense “Industrias Infinito”, que desarrolla la explotación minera en la zona de Las Crucitas.
El gobierno dejó entrever el martes que no optará por la cancelación de la concesión, y un juzgado que conoce el caso dictamina que la exploración en Crucitas, una comunidad próxima a la frontera con Nicaragua, puede proseguir.
La Sala Constitucional avaló a “Crucitas” pero aclaró que el gobierno tiene la potestad de denegar el permiso otorgado.
Este martes, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla reiteró que propiciará reformas a la ley de minería para prohibir en el futuro la minería a cielo abierto en Costa Rica.
Castro defendió la política ambientalista de su gobierno, al argumentar que su país es el “primero en el mundo” que renuncia a una actividad económica como la minería.
Y dijo que el país debe “respetar la seguridad jurídica”, razón por lo cual no parece dispuesto a detener a “Crucitas”, aunque sí a cancelar proyectos similares a futuro.
El primer vicepresidente, Alfio Piva, admitió que el proyecto minero en la zona norte costarricense presenta posibles riesgos de contaminación, por la utilización del cianuro para el proceso de extracción de oro.
“Crucitas” tiene capacidad para producir unas 700.000 onzas de oro. Numerosos grupos ambientalistas se oponen a la extracción por considerar que provocará un grave daño ambiental en la zona.
Castro, quien se ha caracterizado por sus defensas ambientales, dijo que países desarrollados de Europa, comprometidos con el ambiente, no han renunciado a la minería como si lo hará Costa Rica, cuyo gobierno dice que impondrá un “sello verde” a su política exterior.
El gobierno teme que una cancelación de “Crucitas” lo enfrente a una indemnización de más de 1.700 millones de dólares.
Industrias Infinito promete mina modelo pese a que nunca la ha probado
Gerente general reconoce que presión de la opinión pública obligó a modificar procesos
Representantes de Industrias Infinito, empresa que impulsa el proyecto minero en la zona de Crucitas, San Carlos, afirmaron que el proyecto que desarrollarían sería exitoso, pese a admitir que nunca antes lo han implementado en el mundo.
“El proceso con cianuro para la minería se usa en casi todo el mundo, pero el modelo de Costa Rica sería diferente, sería una mina modelo”, afirmó a EF John Thomas, gerente general de la empresa. El directivo aseguró que la meta será ser una mina carbono neutral.
Thomas informó que en este momento no tienen otras minas operando en el mundo, pero que tuvieron una en Venezuela donde el Gobierno los obligó a cerrar operaciones.
Juan Carlos Hernández, representante legal de Industrias Infinito, explicó que en el caso venezolano el cianuro no era destruido y sí caía al agua porque la Ley allá no obligaba a lo contrario, además, “el balance hídrico permitía tener cianuro en la laguna”.
El modelo diferenciado para Costa Rica se debe en gran parte a la presión de la comunidad , pero la empresa nunca antes lo ha desarrollado de esa manera.
En este momento el proyecto está detenido porque se encuentra un juicio en proceso cuya próxima audiencia será el 11 de agosto . En caso de que el Tribunal fallara en contra y cancelara la mina, el juez podría decidir si el Gobierno debería indemnizar a la empresa o no por la inversión ya hecha; de ser así, el monto podría ser de unos $1.700 millones, estimaciones hechas por el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, y que Thomas confirmó a EF con base en cálculos que ellos han realizado.
Otro aspecto que sería diferente a otros casos mineros, afirmaron los representantes de Infinito, es que se dará una fiscalización desde cuatro áreas . Por un lado estarán las instituciones públicas como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet) y una comisión mixta que integra representantes de la sociedad civil. Hernández comentó que en la zona había poca organización y ellos colaboraron para que los vecinos se agruparan.
Los otros dos frentes fiscalizadores son el regente ambiental y una compañía internacional que será contratada con dinero de Infinito, pero elegida por el Gobierno; para ello la empresa creará un fideicomiso.
