Por fraude a resolución judicial, peculado culposo y prevaricato por omisión serán investigados penal y disciplinariamente funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos Nacional, Regional y Local.
Fuente: diario El País
25/11/2010. Los investigados son el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró; la Directora de la CVC, María Jazmín Osorio; los ex ministros de Ambiente, Carlos Costa; Minas, Hernán Martínez, y Transporte, Andrés Uriel Gallego; el ex director de Ingeominas, Mario Ballesteros; el ex director del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahíta; y el ex director de Invías, Enrique Martínez.
Los procesos serán abiertos por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, luego de que el juez Segundo penal Administrativo de Buenaventura fallara en primera instancia en contra de los funcionarios que dirigen dichas entidades.
La decisión se tomó 19 meses después de que se iniciara la explotación minera y obedece a que “hubo una aberrante omisión culposa que violentó derechos fundamentales de la comunidad”, dijo el juez Andrés Rojas.
Indicó que se realizará una formulación de un plan de manejo y recuperación del entorno ambiental del río Dagua y los costos serán asumidos obligatoriamente con el patrimonio de los actores vinculados en el proceso. Según el fallo, “no hay ninguna justificación para que esas entidades se hubieran desatendido de sus funciones públicas”.
En ese sentido, Andrés Santamaría, defensor del Pueblo, y quien interpuso una acción popular contra la actividad minera, señaló que hubo acciones tardías y sólo se tomaron cuando hubo de por medio una acción judicial.
“Un funcionario no puede esperar a que un juez o un órgano de control le advierta que lo va a investigar para tomar decisiones”, agregó Santamaría.
En su momento, María Jazmín Osorio, directora de la CVC, le dijo a El País que las posibilidades de la entidad eran reducidas, por la situación social que enfrentaba la zona en el auge minero.
“La situación está muy candente por la furia del dinero circulando. Si allá llega un funcionario con el logo de la CVC y con la Policía, matan al Policía y matan al de la CVC”, sentenció en esa oportunidad la funcionaria.
El fallo precisa que los estudios que se requieren para cuantificar los costos del daño que causó la actividad serán realizados por la Universidad Central de Tuluá y no por la CVC, porque “ésta tuvo todo el tiempo para hacerlo y no lo hizo”.
Según se conoció, la investigación ambiental costaría cerca de $3.000 millones. Mientras que Jorge Torres, quien interpuso la primera acción popular, manifestó que para la recuperación de los 22 kilómetros del río Dagua y sus inmediaciones se tendrían que invertir $220.000 millones.
Ante el fallo del Juez Segundo Administrativo, el alcalde José Félix Ocoró, dijo que desde que surgió la minería en Zaragoza la Alcaldía fue respetuosa de las decisiones judiciales, además, prohibió tajantemente esta actividad.
El Departamento Jurídico de la Alcaldía anunció que se está evaluando la situación para hacer un pronunciamiento oficial.
De otro lado, El País intentó contactarse con los voceros de los ministerios a los que se les abrirá investigación y con la Corporación Ambiental del Valle del Cauca, CVC, pero no obtuvo respuesta
