Cuando se dio el denominado “Grito de Independencia” en 1810, en lo que hoy es Colombia los feudo esclavistas españoles y criollos contaban con tres grandes centros mineros, auríferos: Antioquia, principalmente en el Bajo Cauca y Nordeste; Chocó, subregiones de Atrato y San Juan; Cauca, en lo que es Guapi, Timbiquí, López de Micay e Iscuandé; y Sur de Bolívar.
Fuente: Alerinfos
22/09/2010. Por ello durante su denominada “Campaña de Reconquista”, la Corona Española ordenó concentrar las operaciones militares sobre estas tres grandes regiones.
Al final del proceso de independencia nacional, Inglaterra y Francia intervinieron a favor de Colombia, pero bajo el compromiso que la nueva nación le garantizara su mercado para colocar las mercancías de su próspera producción industrial y la explotación de sus recursos naturales, sobretodo el oro y el platino inicialmente, el petróleo y otros después. Particularmente el platino había logrado un alto precio, tres veces el del oro, en la segunda mitad del siglo XIX, dado el descubrimiento de su aplicación en la industria civil y militar, la joyería, dentistería, medicina y la química farmacéutica.
Aunque en la segunda mitad del siglo XIX, con el descubrimiento de grandes depósitos auríferos en California, Yukón-Canadá, Sudáfrica y Rusia, nuestro país pasó a tener una importancia menor en la producción del oro, convirtiéndose en un gran exportador de quina, banano, café, cueros, telas, entre otros. Con el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, vuelve a recuperar importancia como gran productor de este metal, dado que las compañías inglesas tienen que abandonar sus operaciones en ese país.
En el caso particular del Chocó, Antioquia y el Pacifico, la explotación industrial del oro y el platino se inicia en 1889 por compañías norteamericanas, inglesas, belgas, holandesas y francesas. Estableciendo centros de operaciones en Neguá, Guayabal, Alto Andágueda, Andagoya, Tadó, Opogodó y Condoto, en el Chocó; Zaragoza, Frontino, El Bagre y Segovia, en Antioquia; Ataco en el Tolima; Guapi y Timbiquí, en el Cauca; y Barbacoas en Nariño.
Pero en la primera mitad del siglo XX las compañías de los demás países se ven precisadas a vender sus derechos e infraestructuras a la norteamericana Pacific Metal Corporation de New York, representada por Henry Granger, que alegó tener derechos superiores sobre los demás porque todos se estaban basando en los cateos que había realizado su abuelo, un oficial inglés e ingeniero de minas que vino entre las tropas que apoyaron la última fase de las guerras de independencia, y confirmados por él.
En este contexto la Pacific Metal Corporation y la Anglocolombian Development Co. Constituyen en los Estados Unidos de América la South American Gold and Platinum Company, en 1910, como filial de la Internacional Mining Corporation, y esta a su vez en el mismo año crea la Compañía Minera Chocó Pacífico, que establece su sede principal en Andagoya, Chocó y posteriormente crea la Pato Gold Mining, la Frontino Gold Mining y las otras sucursales para Colombia. La nueva compañía Norteamérica finalmente centra sus operaciones y su sede principal en la Región del San Juan, Chocó, porque es donde encuentra importantes reservas de platino, junto al cual se consiguen varios minerales radiactivos de mucho más valor que este, tales como el uranio, el iridium, el paladium el asmeridum y el osmio. Todos los cuales eran del mayor interés estratégico para el Gobierno Estadounidense, en relación con la producción de energía nuclear y el desarrollo de sus programas espaciales como el Apolo, a través del cual se proponían llegar a la Luna, para luego traérsela a pedazos hacia la Reserva Federal, ya que los dirigentes gringos creían que esta era totalmente de oro. Pero con la Apolo 11 llegaron al suelo lunar a principios de los años 1970, y solo encontraron polvo.
Inicialmente las dragas eran movidas por calderas alimentadas con leña, por lo cual estas compañías arrasaron con muchos bosques y especies. Pero entre 1922 y 1923 la Chocó Pacífico inaugura la Central Hidroeléctrica de la Vuelta, localizada en la parte media del Río Andágueda, Chocó, y les introduce motores eléctricos, con lo cual dispara su rendimiento. Cada draga tenía una capacidad de movimiento de tierra de 100.000 a 300.000 yardas cúbicas por mes.
A pesar de la presencia de estas compañías trasnacionales, en las regiones y localidades miles de pequeños/as mineros/as continuaron subsistiendo de la minería artesanal, produciendo aproximadamente el 40% del oro y el platino registrado en Colombia.
Pero es importante anotar que la mayor parte de los minerales encontrados junto al oro y el platino en la Región del San Juan, Chocó, y que han tenido mas alto valor comercial que estos, la compañía norteamericana nunca los registró en nuestro país, por tanto no pagó impuesto, ni regalías, no participó a la Nación de los beneficios económicos generados por los mismos. En 1957 la Compañía Minera Chocó Pacífico registró legalmente en Colombia 15.000 onzas troy de platino y 31.000 de oro, producidas en la Región del San Juan, Chocó. Sin embargo, según datos del Mineral Yearbook of USA, organismo estatal que registra los minerales introducidos y/o vendidos en USA, esto solo constituía el 60% de la producción ingresada por esa compañía a los Estados Unidos. Este mismo organismo, al igual que agencias comercializadores de minerales preciosos y estratégicos, como la Géminis, registran que esa empresa entre el volumen global de los metales que vendió en ese país, aproximadamente un 30% correspondían a los otros metales arriba señalados, los cuales tenían un precio entre 10 y 15 veces superiores al oro o el platino. Entre 1917 y 1923 Colombia ocupó el primer lugar en la producción mundial de platino, y este procedía totalmente del Chocó.
La Compañía Minera Chocó Pacífico además de evadir el pago de los impuestos de ley, impuso un sistema racista y de apartheid, de bajos salarios y de las peores condiciones de vivienda para los trabajadores y las trabajadoras afrocolombianas/os, que constituían más del 90% de su fuerza laboral. Además cometió todo tipo de abusos contra las poblaciones donde llegó a realizar sus operaciones, finalmente dejándolas sumidas en la miseria, ya que además de romper el equilibrio ecológico, empobreciendo a los ecosistemas, les destruía sus economías autóctonas, generalmente agrícolas y pecuarias combinadas con la minería artesanal, que habían construido durante siglos, al someter sus predios y territorios ancestrales al dragado, sin aplicar ningún plan de manejo ambiental, ni cumplir con ninguna medida de mitigación de los impactos ambientales.
Dicha compañía desde su llegada al Chocó, arguyendo que tenía concesión sobre todos los territorios del San Juan, llegó al colmo de cobrarle el denominado “impuesto del platino” a los pequeños mineros para poder realizar sus actividades, obligándolos también a venderles el metal obtenido al precio que ellos consideraban, lo cual hacía cumplir a través de su policía privada y con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, ejército y policía estatales. Impuesto que fue suprimido mediante la intervención enérgica del doctor Diego Luís Córdoba, en 1932, cuando fue Intendente del Chocó. El afán de los empresarios estadounidenses era captar todo el platino producido en la región, dada la importancia que revestía este y los demás minerales que lo acompañan, para ellos y para su gobierno.
El grupo mineros colombianos y su contubernio con los empresarios norteamericanos contra los trabajadores y las comunidades afrocolombianas
La Compañía Minera Chocó Pacífico realizó operaciones en Colombia por más de 70 años, saqueando sin control alguno nuestros recursos minerales estratégicos y sin generar desarrollo socioeconómico en las regiones y localidades donde realizó sus operaciones, al contrario, las sumió en el atraso y en la miseria.
En 1974 la compañía norteamericana decide marcharse de Colombia por tres grandes razones inscritas en la lógica capitalista:
1. Descubre grandes depósitos de oro, platino y uranio en Sudáfrica, y de oro en el Perú.
2. Se le vencían las últimas concesiones y por mandato legal estaba obligada a hacer entrega de los activos fijos que venía utilizando al Estado Colombiano; y
3. Las reservas exploradas últimamente en el Chocó requerían de nuevas tecnologías para mantener el nivel de rentabilidad de su interés, frente a la obsolescencia de las tecnologías que tenían en el momento, a la mayoría de las cuales se les había vencido su vida útil.
Para burlarse de la Nación, de los trabajadores y de las comunidades la International Mining Corporation, entra en contubernio con la empresa Mineros Colombianos S.A., que a la postre realmente era la misma Mineros de Antioquia S.A., de la cual hace parte la familia de Álvaro Uribe Vélez como accionistas mayoritarios, y unos meses antes de vencerse la concesión le vende a esta todas sus sucursales o filiales en Colombia. Mediante este contubernio desaparece la Cia Minera Chocó Pacífico y las demás sucursales, disponen de los fondos de cesantías y pensiones, y se evaden otros compromisos establecidos con las comunidades.
Posteriormente Mineros Colombianos S.A. le carga los pasivos de las sucursales del sur del pacifico a la del Chocó y a la vez, con los fondos bancarios de esta cancela todos los pasivos de las sucursales de Antioquia y se lleva para ellas toda la reserva de repuestos, y finalmente le ofrece en venta la sucursal desvalijada, en quiebra e ilíquida a los trabajadores y jubilados del Chocó, a cambio de sus fondos de cesantías y pensiones, que estos estaban reclamando. Igual ocurrió con los trabajadores de la Frontino Gold Mining en el Nordeste antioqueño.
Como era previsible, la sucursal del Chocó quebró entre 1978 y 1983, en medio de los malos manejos del grupo político del entonces parlamentario liberal Jorge Tadeo Lozano Osorio y la posterior gerencia concordataria de Álvaro Uribe Vélez.
Después de una etapa de concordato dada en los años de 1.980, los trabajadores han logrado sostener en pie la sucursal del Nordeste de la Frontino, hasta la fecha. Y esta es la que pretendió vender el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la trasnacional Medoro Resources, de origen canadiense, desconociendo los derechos de propiedad de los trabajadores. Es decir que, pretende robar a los trabajadores una vez más.
La problemática minera actual.
A partir de 1980 el Ministerio de Minas, inicialmente a través de Mineralco y finalmente de Ingeominas, inicia un estudio que denominó “MINERALES ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DEL COLOMBIA”, concluido entre 1.994 Y 1.995, con la asesoría científica y técnica de algunos países europeos.
Este estudio muestra la presencia de importantes reservas de minerales estratégicos por toda la geografía nacional, especialmente en la Cordillera Occidental y la Serranía del Baudó, tales como oro, platino, cobre, molibdeno, bausita, carbón, aluminio, zinc, plata, esmeraldas, plomo, hierro, níquel, sal, asbesto, roca fosfórica y petróleo. Especialmente se registran importantes reservas de oro en 28 de los 32 departamentos colombianos, siendo los principales, en su orden: Bolívar, Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas y Nariño.
A partir del estudio en referencia, se fortalecen la pequeña y la mediana minería en el chocó, el pacifico y otras regiones de Colombia, con la invasión de empresarios principalmente de Antioquia, Arauca, Santanderes y Llanos Orientales, la mayoría de los cuales llegaban acompañados de grupos paramilitares que intimidan a los nativos obligándolos a ceder los predios y territorios, en algunas ocasiones a cambio de participaciones irrisorias de la producción. Seguidamente en muchos lugares aparecen los cultivos de coca, los asesinatos permanentes, crímenes de lesa humanidad, masacres y los desplazamientos forzados.
Pero es con base en este estudio también que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, consecuentemente con los mandatos neoliberales, sale a ofrecerles regalados nuestros recursos a las trasnacionales, motivando también la “confianza inversionista” a través de su denominada “seguridad democrática”. A partir de este momento se presentan cambios sustanciales en el desarrollo de la actividad minera nacional y en la problemática minera en general, donde se destaca una nueva avalancha de compañías trasnacionales, solicitando y obteniendo licencias del Gobierno Colombiano, colateralmente a la promoción y firma de los famosos TLCs, sin respeto alguno por los derechos territoriales de las comunidades ancestrales, y sin la realización de la Consulta Previa que ordenan la Constitución y la ley. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez concedió más de 7.000 títulos mineros, de ellos 1.800 en la amazonía, sin importarle que fueren reservas forestales o parques nacionales.
En el Bajo Atrato la compañía norteamericana Muriel, con licencia del Gobierno de Uribe Vélez, se propone explotar cobre, oro y molibdeno por encima de la voluntad de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dueñas de esos territorios, destruyéndoles hasta sus montes y montañas sagradas. Y en medio de la resistencia de estas comunidades y con la presencia del Ejército Nacional y de grupos paramilitares, se vienen asesinando y desapareciendo dirigentes y activistas comunitarios y generando desplazamientos forzados que con el presidente Uribe Vélez se multiplicaron aproximadamente por tres en todo el territorio nacional, más del 60% de comunidades afrocolombianas e indígenas, según organismos dedicados al estudio de esta problemática, como CODHES, Proyecto Tierras y Justicia y Paz.
Así mismo, la AngloGold Ashanti, aparentemente sudafricana, pero que también cuenta con capitales de inversionistas europeos y norteamericanos, es la tercera productora de oro en el mundo, cuenta con 50 títulos mineros, que engloban más de 200.000 hectáreas en el Chocó, tiene concesionadas más de 825.000 hectáreas y unas 500 solicitudes más para explotar recursos por diferentes lugares de nuestro país. Esta compañía irrumpe en el Sur de Bolívar a partir de 1998, después que los paramilitares con sus crueldades generaran un éxodo masivo de más de diez mil personas de varias comunidades; Entre otros hechos, en Río Viejo sometieron a torturas hasta a el alcalde y a Juan Camacho, uno de los líderes comunitarios que asesinaron con sevicia, le cortaron la cabeza, jugaron futbol con ella y luego la clavaron en una estaca de madera, exhibiéndola por todo el pueblo, y finalmente advirtieron a la población que las zonas mineras quedaban bajo su control. Según informaciones de prensa, estas prácticas de sobornar a los gobernantes nacionales, combinadas con el paramilitarismo y el sicariato también las vienen aplicando esta y otras compañías trasnacionales en África y otras partes del mundo.
La GPC, que ni sus mismos trabajadores dan razón de su país de origen, viene explorando hidrocarburos en la cuenca del río Opogodó, Región del San Juan y según informaciones fidedignas llegadas desde esa región del Chocó, desde la segunda semana de agosto se está trasladando hacia los pueblos de Opogodó y San Lorenzo, enormes maquinarias para verificar en los suelos la existencia de importantes reservas de gas, petróleo y carbón. Se trata del proyecto “POZO EXTRATEGICO ANH-CHOCÓ-1-ST-P” que viene siendo desarrollado por las empresas G.P.C Drilling, Ecoforest Ltda. y Transurenco.
Tenemos el caso de Marmato, donde una trasnacional canadiense compró más de cien minas de pequeños mineros. Después las cierra con el cuento de que inmediatamente empezaría una explotación minera en grande, donde garantizaría empleo para todo el mundo, pero eso no sucede, provocando problemas de desempleo y de crisis económica enormes. Y a manera de chantaje, la trasnacional está proponiendo una explotación minera a cielo abierto que incluye tumbar el pueblo. Necesitan hacerlo, dicen ellos, para aprovechar un importante deposito de oro comprobado en el subsuelo del casco urbano. Igual que ocurrió en Condoto, Chocó, a principios de los años de 1970, donde los empresarios norteamericanos se proponían trasladar el pueblo a otro lugar para poder saquear antes de marcharse la que consideraban una de las mas grandes reservas de platino aluvial del mundo, y gracias a las movilizaciones populares lideradas por la izquierda, el movimiento estudiantil organizado y el apoyo de las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país, los gringos no pudieron engullirse este apetitoso plato.
En relación con el ya mencionado caso de la Frontino Gold Mines, del Nordeste antioqueño, empresa que después de un concordato, a comienzos de los años de 1.980 pasó a pertenecer a los trabajadores, y que el gobierno nacional se empeña en venderle a la trasnacional Medoro Resources, de origen canadiense, a un bajísimo precio. Acaba de producirse en esa zona un atentado contra un dirigente sindical de esa empresa, seguramente como retaliación por la oposición que viene presentando su organización a este abusivo negociado.
También nos encontramos con el caso de otra trasnacional canadiense de la plata y el oro, la Greystar Resources, que se propone hacer una explotación grandísima en el Páramo de Santurbán, poniendo en riesgo las aguas del acueducto de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Proyecto que se viene desarrollando, cuando en realidad debería suspenderse, dado que más de la mitad de la mina se localiza sobre una zona de páramos, que es de suponer ambientalmente protegida. El caso de La Colosa, en el Tolima, también proyecto de la AngloGold Ashanti, amenaza en materia gravísima las aguas de ese departamento, y según los términos de la licencia otorgada por el Gobierno Nacional, si hay un gran desastre la citada compañía no está obligada a responder ante la Nación, ni ante las autoridades locales.
Además, en el Departamento del Tolima vienen siendo perseguidos y atropellados los funcionarios que soportados en la constitución y la ley se han opuesto a este proyecto. Así mismo, son conocidas las manifestaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez a favor de la trasnacional y en contra de las actividades adelantadas por la Procuraduría Ambiental del Tolima y la Corporación Ambiental Autónoma del Tolima, y sus indebidas presiones a la directora de CORTOLIMA, doctora Carmen Sofía Bonilla, por su oposición a tan dañino proyecto.
La concesión de La Colosa es ilegal , además, debido a que “La sustracción del área solicitada por la empresa minera no puede concederse porque CORTOLIMA, en el Acuerdo 032 de noviembre 9 de 2006 adoptó en su integridad el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del río Coello y en el Acuerdo 026 de noviembre 13 de 2007 determinó el uso del suelo para la misma cuenca hidrográfica, dentro de la cual se encuentran los tres títulos mineros de Anglo Gold S.A., estableciendo como uso prohibido del suelo labores de minería a cielo abierto, en aluviones o simplemente de minería. Por otra parte, el POT de Cajamarca no contempla la actividad minera dentro de la Zona de Reserva Central.”
Lo sorprendente es que mientras el Gobierno Nacional le concede a las trasnacionales licencias por montón y las cubre con todo tipo de garantías, a los pequeños y medianos mineros colombianos se les niega todo y al contrario, se les persigue sin consideración alguna. Por ejemplo en el Bajo Atrato Chocó, en la medida que las comunidades indígenas y afrocolombianas de Jiguamiandó se han opuesto al proyecto de la Muriel, de explotación de oro, cobre y molibdeno en sus territorios ancestrales del Cerro Careperro y sus alrededores, sin antes contar con su consentimiento, como ordena la Constitución Nacional, leyes especiales, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos del derecho internacional, han sido bombardeadas por el Ejército Nacional, amenazadas por grupos paramilitares, desparecidos y asesinados varios líderes, y obligadas al desplazamiento. Por otra parte, la persecución contra los pequeños mineros de los municipios de Suárez, Buenos Aires y Bolívar, en el departamento del Cauca, donde ya han aparecido bandas criminales asesinando a pequeños y medianos mineros por estar ejerciendo sus labores cotidianas de subsistencia y de explotación aurífera, y que se oponen a los proyectos de saqueo insaciable de las trasnacionales, y en especial de la Anglo Gold. En la segunda semana de agosto del año en curso, le tocó a la comunidad afrocolombiana de La Toma librar por segunda vez una batalla contra el desalojo de sus tierras ancestrales, que en actitud infame y bellaca habían ordenado el gobierno de Uribe Vélez y la Alcaldía de Suárez, para entregárselas a las trasnacionales y a un inversionista colombiano que seguramente está aliado con ellas.
Para concluir, es importante registrar que así como a principios del siglo pasado con el beneplácito de los gobiernos nacionales se dio una gran invasión de compañías trasnacionales sobre nuestro país, y en particular sobre los territorios ancestrales de comunidades afrocolombianas e indígenas, hoy, al comenzar este nuevo siglo, se está dando una nueva invasión de las mismas, acompañada de tecnologías aun más destructivas del medio ambiente y de la más despiadada violencia sobre las comunidades, también con el beneplácito de los gobiernos nacionales y regionales, y todo apunta a que se repita la nefasta y triste experiencia de la Compañía Minera Chocó Pacifico, filial de la International Mining Co. De New York, e inclusive a que se generen resultados peores para el país y para las comunidades.
Por lo tanto, no se trata de oponerse a la minería a ultranza, sino que hay que ver la conveniencia o inconveniencia socioambiental, económica y política de cada proyecto. En este sentido, los casos de la Chocó Pacífico, la Pato Gold Mines y la Frontino Gold Mines, en Colombia, que solo han dejado a las comunidades pobreza, miseria y destrucción ambiental; y el actual de la British Petroleum en el Golfo de México, deben servir como el mejor ejemplo para evitar proyectos como los que se proponen actualmente las trasnacionales en nuestro país, ya que a estas solo les interesa maximizar sus ganancias, sin importarle lo demás.
Pues para nuestro asombro, las regalías que recibirá la Nación, la dueña de las reservas minerales, es solo el 4% del valor total del mineral explotado. Y si se cruza este 4% con los descuentos tributarios que les está concediendo el Gobierno Nacional a las trasnacionales, el resultado es que al finalmente les hemos regalado nuestros recursos estratégicos y hasta les hemos pagado por el saqueo, y solo le han quedado a la nación graves daños ambientales y sociales, signados por la pobreza y la miseria, y una situación sociopolítica conflictiva aun peor que la actual y las anteriores.
Produce desazón ver como el Presidente Álvaro Uribe Vélez, con base en el Estudio “Minerales Estratégicos para el Desarrollo de Colombia”, entregó nuestras riquezas minerales al saqueo de compañías trasnacionales e imperialistas, lejos de formular y ejecutar un programa de desarrollo empresarial a través del aprovechamiento minero, en el cual tengan atención prioritario las empresas asociativas y solidarias de las comunidades donde se localicen las reservas, como con actitud patriótica y soberana lo viene haciendo el Gobierno Socialista del Presidente Hugo Chávez en Venezuela, y con lo cual ha reducido la pobre del 70% al 23% y la miseria del 40% al 6%, según investigación de la Universidad Sonama State de California. Al contrario, igual que ayer y en cumplimiento de mandatos neoliberales del imperio, Uribe le ha entregado nuestro país a la voracidad de las compañías trasnacionales, al tiempo que le niega rotundamente las solicitudes de licencias y de créditos a los grupos asociativos comunitarios, a pequeños y medianos mineros nacionales, al tiempo que a través del denominado “AGROINGRESO SEGURO” le regaló cientos de miles de millones de pesos a personas y grupos empresariales oligárquicos y pudientes, a quienes sí ha cobijado la denominada “Seguridad Democrática”, mientras las comunidades sufren los rigores degradantes de la violencia y el desplazamiento forzado, como está ocurriendo en la actualidad con las del Atrato bajo y medio, el Medio Baudó, el bajo y Medio San Juan, en el Chocó; Buenaventura, El Charco, Guapi, Timbiquí, La Toma y otras del Norte del Cauca y del pacífico.
Pero la experiencia histórica ha demostrado que las oligarquías colombianas son rentista, no tienen criterio de desarrollo nacional y nunca les ha importado poner en entredicho y entregar la soberanía nacional, siempre y cuando los imperialistas les garanticen su participación en los negocios. Hoy se ha establecido que la familia del presidente Uribe Vélez es portadora de una escritura dudosa sobre un globo de terreno de más de 5.000 hectáreas, localizado en el área de uno de los más ambiciosos proyectos mineros de las trasnacionales en el Medio Atrato, proximidades de Bebará, denominado “Llanos Curazamba”. Escritura No.997 de mayo 9 de 1.898, expedida por la Notaria Segunda del Círculo de Medellín, pero que sorprendentemente solo se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 24 de octubre de 1.998, cuando se iniciaban las titulaciones colectivas a los consejos comunitarios afrocolombianas y a los resguardos indígenas. Lo que con más razón indica que la familia Uribe Vélez va por dentro en los negocios de las trasnacionales, al igual que en los de algunos palmicultores del aceite, que han causado daños inimaginables a las comunidades de la zona.
Por lo anterior, el estudio arriba mencionado debería rebautizarse como “MINERALES ESTRATÉGICOS PARA LA ENTREGA DE COLOMBIA AL SAQUEO TRASNACIONAL E IMPERIALISTA Y LA NEOESCLAVIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES ANCESTRALES”. Porque en realidad, bajo estas prácticas del modelo neoliberal, nuestras comunidades han pasado a vivir bajo nuevos tipos de esclavitud, que las están llevando humanamente a la degradación, en medio de las conmemoraciones de los 200 años de una “Independencia” que nunca ha existido, por culpa de unos gobiernos arrodillados ante las potencias occidentales, que hemos tenido durante toda nuestra vida republicana.
