Los 17 muertos y dos desaparecidos que dejó la ruptura de dos diques de contención minera en noviembre en el sureste de Brasil, deben ser considerados como “víctimas de homicidio” cuya responsabilidad recae sobre las empresas propietarias de la instalación, anunció el comisario Rodrigo Bustamante, encargado de la investigación. Subrayó que las compañías Vale, de Brasil, y el anglo-australiano BHP Billiton podrán ser consideradas como responsables de daños ambientales y sus directivos o funcionarios podrían ser acusadas de homicidio voluntario o involuntario.
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Fuente: AFP
“Podemos decir que las empresas y sus directivas tienen una responsabilidad en los delitos cometidos y, en cuando sea necesario, determinaremos la responsabilidad criminal de cada uno de ellos”, declaró el comisario Rodrigo Bustamante, encargado de la investigación, citado por el diario O Globo.
La propietaria de la presa es Samarco, una sociedad a partes iguales de los gigantes mineros Vale, de Brasil, y el anglo-australiano BHP Billiton.
El comisario subrayó que las compañías podrán ser consideradas como responsables de daños ambientales y sus directivos o funcionarios podrían ser acusadas de homicidio voluntario o involuntario.
Hasta ahora, 80 personas han sido escuchadas en el marco de la investigación abierta por el accidente ocurrido el 5 de noviembre.
La policía tiene hasta el 15 de febrero para concluir la pesquisa.
La ruptura de los diques fue considerada como “la mayor catástrofe ambiental en la historia de Brasil” por la ministra del medioambiente Izabella Teixera.
Los diques contenían residuos mineros cerca de la ciudad turística de Mariana, en el estado de Minas Gerais, y su ruptura provocó una avalancha de lodo que sumergió la población de Bento Rodrigues.
La avalancha se extendió a través del rio Dulce hasta llegar al oceáno Atlántico después de recorrer 650 km.
A su paso, mató a miles animales y devastó amplias zonas de bosques tropicales protegidos y dejo sin agua a unas 280.000 personas.
El gobierno brasileño ha reclamado ante la justicia el pago de 5.200 millones de dólares a las compañías mineras responsables.
