El gobierno de Dilma Rousseff intenta que el Congreso brasileño apruebe un proyecto de ley para establecer un Nuevo Código de Minería. La iniciativa, antes que defender la soberanía sobre los bienes comunes del país es una herramienta para facilitar la extracción de minerales a bajo costo.
Fuente: Periodismo Internacional Alternativo PIA
Diferentes organizaciones sociales del país conformaron el Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios Frente a la Minería (MNDTFM) y han realizado diversas actividades de protesta y difusión para evitar que se apruebe esta medida. En junio de este año Dilma envió el proyecto al Congreso con carácter de urgencia, lo que implicaba que reciba un tratamiento extraordinario que evitaba el debate público y obligaba a ambas cámaras a debatir la ley en 45 días.
Ayer el presidente de la bancada oficialista en el Senado Wellington Dias se reunió con la presidenta en Brasilia donde recibió la autorización para eliminar el carácter de urgente. No obstante, días atrás el ministro de Minas y energía Edison Lobão se había encargado de presionar a los parlamentarios, advirtiendo durante una audiencia en el Senado que “los senadores se deberán comprometer a votar la propuesta de forma rápida para que la urgencia sea retirada.”
Desde el MNDTFM denunciaron los vínculos entre los legisladores con las compañías mineras. Muchos representantes contaron con cuantiosos recursos provistos por estas empresas durante sus campañas electorales. Según una investigación de Clarissa Reis Oliveira las mineras aportaron más de 13 millones de Reales en la campaña presidencial de Dilma en 2010. Pero los vínculos con las mineras no son exclusivos de los dirigentes del PT, los partidos de la oposición cuentan con los mismos recursos económicos para solventar sus bancas en el Congreso.
Principales objeciones al proyecto de ley
El Nuevo Código de Minería fue presentado como una manera de que el Estado aumente su participación en las ganancias obtenidas mediante el cobro de impuestos. Sin embargo, con el esquema impositivo actual estos ingresos pueden variar de %0 al %3, mientras que con la ley nueva este número asciende apenas al %4. Este aumento resulta por demás escaso si lo compara, por ejemplo, con el contrato que renegoció el gobierno de República Dominicana con la empresa Barrick Gold en la cual el Estado recibe más del %50 de las ganancias obtenidas.
Esta situación se agrava si se tiene en cuenta la división de esas regalías: 65% para los municipios, 23% para los Estados y 12% para el gobierno federal. De este modo la riqueza se concentra y acentúa la desigualdad entre los distritos que cuentan con bienes naturales de los que no. A su vez, favorece la corrupción de los funcionarios puesto que los gobiernos federales y municipales cuentan con menos mecanismos de transparencia e información que las instituciones federales.
Respecto a los organismos de control, el Nuevo Código propone la creación del Consejo Nacional de Política Minera para asesorar a la presidencia en la elaboración de las políticas para el sector, y la creación de la Agencia Nacional de Minería que funcionaría como agencia reguladora. Para Carlos Bittencourt, investigador del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE), la creación de estos órganos tiene que ser más debatida. “Apenas están siendo creadas orientaciones generales y casi todas las medidas se dejan para los decretos, para ser hechas por el Parlamento, por la presidencia o por la agencia. El nuevo código es mucho más cerrado que aquel que está sustituyendo. Crea un alto índice de arbitrariedad.”
Otro de los cuestionamientos está dado por el nuevo sistema de concesiones que implementa. En la ley vigente los territorios se entregaban sin fecha límite para la exploración. El nuevo código introduce una modificación positiva pero insuficiente y arbitraria. En el documento se pasa un régimen de autorización para la exploración que contempla tres posibilidades: llamado público, licitación y autorización. La licitación se reservará para sectores que el gobierno considere estratégicos, la primera para minería no contaminante como construcción civil, arcilla, agua mineral y minerales que se utilizan en la agricultura. Los llamados públicos serán para los sectores no estratégicos.
Según María Julia, integrante del MNDTFM, “No está claro en el texto como actuará cada uno de estos mecanismos en el proceso de selección. Tendremos un control de la presidencia, pero no está explicitado como será realizado este control. Así, quedan muchas brechas para que las concesiones resulten excesivas.” María Julia agrega que “La justificación es que se fomentará el crecimiento de la economía que gira en torno de la minería, para hacer al mercado más competitivo. Pero eso puede ser peligroso, pues ocasionará más impactos sociales y ambientales.”
Un proyecto a medida para las empresas mineras
Carlos Bittencourt explicó en una entrevista cuáles son las perversiones del proyecto para un Nuevo Código de Minería en Brasil. “El código trata a la minería como un negocio. Ni siquiera considera que está regulando un bien común natural, finito y no renovable.”
Para este investigador del IBASE “otra crítica tan importante como la primera es que no existe mención alguna a personas o comunidades dentro de la propuesta: Es un código deshumano. Las personas no aparecen ni como trabajadores de uno de los sectores económicos que más mata, mutila y enloquece a sus operarios, ni como afectados por la minería en los territorios que tienen sus campos estériles por la contaminación de las aguas o inviables por la apropiación del suelo. En muchos pasajes del texto queda claro que es la regulación de un negocio y no de una actividad con todas sus implicancias.”
Bittencourt, miembro del MNDTFM también explica que exite un tercer problema que complementa en intesifica a los anteriores: la total privaticación de los bienes naturales. “Despúes de la privatización del Sistema Minero Brasileño en la década de 1990, los recursos naturales son bienes del Estado Federal en un sentido meramente formal mientras no están siendo explotados. Cuando comienza la explotación minera, son las empresas quienes deciden cómo, cuánto y en que ritmo deben ser extraídos los minerales. En muchos casos son empresas extranjeras las que determinan la planificación de la producción minera, como por ejemplo en la extracción del oro, en la cual el %80 de la extracción es realizada por una compañía foránea. No existe un control público sobre la extracción y eso dificulta que los beneficios obtenidos de allí vuelvan a la sociedad brasileña.”
El propio ministro de Minería y Energía Edison Lobão confirmó esta orientación del proyecto, favorable a las empresas mineras. Consultado en una entrevista si consideraba que aumentar la alícuota de las regalías podía espantar a los inversores, Lobão respondió: “Absolutamente no. Esa cuestión ya fue debatida con los empresarios y esos números llegaron a ser del %6, pero luego de los estudios fijamos que el techo sería el %4. Ya es una decisión favorable para los empresarios, porque desistimos del %6 y también de las participaciones especiales sobre minas muy productivas. Pero incluso con las regalías del %4, todavía son menores que en muchos otros países mineros, como Australia y Rusia. Continúa siendo muy ventajoso para las mineras, y no es por otra razón que la Vale (minera de origen brasileño) está entre una de las mayores empresas del mundo.”
