El cierre de la explotación Bajo de la Alumbrera, la reparación del pasivo ambiental y las proyecciones en Farallón Negro y Bajo El Durazno han sido los temas sobre los que se pusieron al corriente la rectora de la UNT, Alicia Bardón, y el nuevo presidente de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), Santiago Albarracín.

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Fuente: La Gaceta
La visita de Albarracín a la universidad fue el martes, el mismo día en que se conoció el llamado a indagatoria como imputado al ex rector, Juan Alberto Cerisola, actual representante de la UNT en el directorio de YMAD, junto a otros cinco ex funcionarios de la UNT. La causa que se investiga en la Justicia federal indaga sobre el manejo de fondos que la universidad recibió de YMAD, entre 2006 y 2009, en concepto de utilidades.

“Hoy el desafío es el cierre de Bajo de la Alumbrera que va a provocar una notoria baja de recursos, pero estamos con la esperanza de un nuevo yacimiento y de reforzar Farallón Negro”, explicó. Albarracín llegó en reemplazo de Manuel Benítez, quien fue presidente durante 16 años.

“Estuve hace 20 años cuando este yacimiento comenzaba a ser explotado, del otro lado de la mesa, conociendo a inversores que hoy puedan estar interesados en iniciar una explotación similar, lo cual nos da esperanzas porque estiraría el proyecto un poco más”, comentó. Hasta el momento, el cierre de la mina tiene como fecha última -explicó Albarracín- junio de 2017.

Según la rectora, ella está ocupada y no preocupada por la reparación ambiental que se deberá llevar a cabo en el sitio de la explotación. “La minería genera un impacto no sólo donde se realiza la extracción, sino por donde se transporta, que es el mineraloducto. El proyecto de cierre de minas conlleva una estrategia reparadora del medio ambiente y estamos ocupados de que las etapas se cumplan”, sintetizó. Además, adelantó que hay intenciones de que la infraestructura que dejará Minera Alumbrera pueda ser utilizada en Agua Rica, un yacimiento que se encuentra a 25 kilómetros. Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso presentado por los vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá para que se revea la manera en la que la provincia había autorizado la instalación de la minera.

Albarracín confirmó que había estado reunido con Cerisola en Catamarca antes de visitar a la rectora, pero que desconocía la situación judicial del ex rector. Por lo tanto, no quiso hacer declaraciones al respecto. También señaló que no se le había comunicado nada sobre las pretensiones de rever el porcentaje de utilidades que le corresponden a la UNT. Son, precisamente, dos temas sensibles que han generado roces entre las autoridades y algunos miembros del Consejo Superior. Estos solicitan que la UNT se erija como querellante en la causa judicial y que se anule el convenio firmado en 2008 por Cerisola, por el cual la UNT pasó de recibir el 40% de las ganancias de la minera, al 20%.

Porcentajes y querella

Bardón confirmó que había enviado tanto a YMAD como al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la decisión del Consejo Superior de rever los porcentajes de las utilidades que recibe la UNT. Aunque aclaró que hace “ocho años que se vienen aceptando esas reglas del juego y jamás la UNT había cuestionado ese porcentaje”.

También explicó que a fines de 2015 remitió al Consejo el informe que un estudio de abogados de Buenos Aires, Díaz Cantón, Sgro y Asociados, realizó a pedido de las autoridades universitarias sobre la conveniencia de ser querellante en la causa que investiga si hubo malversación de fondos girados a la universidad. Parte de la conclusión del informe sostiene que “la denuncia de fraude (…) posee el sustento probatorio necesario como para que la causa progrese hacia la etapa de juicio”.

El martes 22 es la primera reunión del Consejo Superior. “Ser querellante va tener un costo elevado que el Consejo Superior debe prever”, deslizó la rectora.

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