Una década de megaminería y sociedad estatal con empresas del sector no sirvieron para captar nada de la renta por las profundas raíces que implica el saqueo. El Gobierno de Daniel Peralta pidió a las empresas mineras que están explorando en el territorio provincial que aporten en conjunto y en concepto de «Responsabilidad Social Empresaria» unos 14 millones de pesos extras mensuales para el financiamiento del presupuesto completo de la salud pública. El Estado local carece hoy de los recursos para sostenerlo. 

Fuente: Radio Salta

05/06/2012. La minería aportó $ 1.260 millones a las provincias durante 2010. De esa cifra, Santa Cruz se quedó con el 11%. Menos de la mitad, cerca de $ 400 millones, corresponden a las regalías (3% del valor del recurso en boca de mina) que las gigantes empresas internacionales pagan a las gobernaciones por lo que se llevan de sus territorios. El pedido de Peralta no se vincula con las acciones que desde la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) se vienen planteando desde fines de marzo con el objeto de ampliar la participación de las provincias de la renta minera.

El Ejecutivo provincial hizo llegar la propuesta a los empresarios mineros a través de la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz). Tras ese encuentro, que tuvo como escenario la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires la semana pasada, la gestión kirchnerista aceleró la embestida con mayor presión. «Nuestro principal pedido es que tengan responsabilidad social empresaria y no avizoramos voluntad por parte de las mineras de que es momento de poner el hombro a la provincia y al país», declaró la ministra de Gobierno de Santa Cruz, Paola Knoop, e indicó que se les solicitó «que colaboren estableciendo mecanismos de cooperación y ayuda mutua entre el Estado, las firmas y los trabajadores».

Asimismo, la funcionaria dijo que el Gobierno pretende que se efectúe un «análisis profundo y exhaustivo de lo que significa el costo-beneficio que han tenido y tienen las empresas mineras» y subrayó que «sin necesidad de romper el estatus jurídico que se les dio para que se consoliden las inversiones, pueden colaborar a través de la responsabilidad social empresaria».

En tanto, los funcionarios de la gobernación y los empresarios mineros habrían pactado una nueva reunión, que se desarrollaría en Río Gallegos, a mediados de mes.

Luego de la estatización de YPF, la gestión de Peralta, que atraviesa una asfixiante crisis, apunta a avanzar por la otra gran industria extractiva que posiciona a la provincia entre los tres primeros puestos del podio minero nacional en términos de ingresos fiscales junto con Catamarca y San Juan.

La minería aportó $ 1.260 millones a las provincias durante 2010. De esa cifra, Santa Cruz se quedó con el 11%. Menos de la mitad, cerca de $ 400 millones, corresponden a las regalías (3% del valor del recurso en boca de mina) que las gigantes empresas internacionales pagan a las gobernaciones por lo que se llevan de sus territorios.

El pedido de Peralta no se vincula con las acciones que desde la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) se vienen planteando desde fines de marzo con el objeto de ampliar la participación de las provincias de la renta minera. En ese marco, el plan sobre el que se busca avanzar apunta a la creación de empresas estatales que se puedan asociar con las privadas para explotar nuevos emprendimientos.

Concretamente, con la constitución de compañías públicas que operen en conjunto con las extranjeras los proyectos mineros, se busca que las bondades de los minerales y los metales desborden y apuntalen las economías del interior. Como adicional, la apreciación de la sociedad sobre la actividad más golpeada este último tiempo por sectores ambientalistas -suponen- tendería a cambiar.

El ejemplo de ese modelo, paradójicamente, lo encabeza Santa Cruz, que con Fomicruz, sociedad del Estado santacruceño, participa de la operación de la mina, una de las más importantes de oro del país, como accionista: posee el 7,5% de la firma Cerro Vanguardia. El resto es de la sudafricana AngloGold Ashanti.