El Fiscal de Estado sanjuanino actúa como abogado de Barrick antes que defender los intereses de la población. La provincia acudió esta semana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear sin ningún tipo de rodeos que la investigación del juez federal Sebastián Casanello sobre el derrame de solución cianurada en la mina Veladero es ilegal. Es el primer planteo del Estado sanjuanino en la causa, y lo hizo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien le pidió al máximo tribunal que frene rápidamente el accionar del magistrado y lo aparte porque “avasalla” la autonomía local, debido a que no tiene competencia en el incidente.

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Fuente: Dario de Cuyo

Es más, aseguró que sospecha que el porteño quiere clausurar el emprendimiento, lo que ocasionaría un daño a la actividad económica y laboral de estas tierras. La presentación es una fuerte reacción del Gobierno, que no sólo contempló el aspecto legal. Ante la hipótesis del cierre, el gobernador Sergio Uñac entabló gestiones políticas con funcionarios nacionales macristas de alto rango, como el ministro Rogelio Frigerio, para dar una idea de lo perjudicial de ese escenario.

De Sanctis ya venía cuestionando la intervención del magistrado porteño, pero ahora plasmó sus argumentos en un escrito ante la Corte Suprema. El conflicto de competencia se desató cuando Casanello decidió abrir una investigación sobre el derrame, a pesar de que el mismo se produjo en San Juan y no en su jurisdicción, Capital Federal.

El principio general establece que es competente el juez del lugar donde se produjeron los hechos. Eso le daría la derecha al juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien además fue el primero en intervenir y procesó a 9 ejecutivos de la empresa Barrick (Ver recuadro). Pero después, fruto de una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, comenzó a actuar Casanello bajo el argumento de que investiga a funcionarios nacionales y que el incidente habría traspasado las fronteras sanjuaninas.

Así, hay 2 magistrados de distinta jurisdicción abocados al mismo hecho, por lo que uno debe quedar afuera porque existe el riesgo de que haya sentencias contradictorias. Oritja le pidió al juez federal que se aparte, pero este se negó y es el máximo tribunal del país el que debe decidir si sigue o no.

Frente a ese conflicto, De Sanctis jugó una carta fuerte ante la Corte Suprema. A pesar de no ser parte en la causa, encontró una alternativa. Se presentó bajo la figura de “amigo del tribunal”, la cual es reconocida por la misma Corte Suprema como alguien que busca colaborar y que tiene un interés legítimo ante un caso de gravedad institucional. Según los antecedentes que rastreó el funcionario, el máximo tribunal incorpora dichos planteo a los expedientes, los analiza y terminan siendo un elemento de valoración para llegar a la resolución final.

De Sanctis expuso que el juez federal no ha tomado ninguna medida que apunte a la investigación contra funcionarios nacionales, que “inclusive ya han dejado de serlo, por el cambio de Gobierno”. Además, descartó que el incidente haya afectado a otras provincias. En base a los informes del Ministerio de Minería, reflejó que “a 4 días del derrame y a unos 50 kilómetros de la mina, por los cursos de agua no quedaban vestigios de cianuro”. También destacó que en el fallo del juez Oritja se concluyó que no hubo riesgo para la salud humana, ni la flora y la fauna.

Por otro lado, resaltó que Casanello prejuzga, debido a que en una cautelar que dictó el magistrado, dispuso que se entregaran a los pobladores de Iglesia y Jáchal alimentos no contaminados. “Parte de la base cierta que ingieren alimentos contaminados”, destacó. Y agrega que “ha tenido por verdad” lo que sostienen los denunciantes y los querellantes, como la asamblea Jáchal No se toca, “que buscan el cierre de la minería”. Por eso, señaló que “es muy presumible el peligro de cierre de la actividad minera, cuando todo está reparado y no hay contaminación alguna”.

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