Lo solicitan la red Oikos y legisladores provinciales por el proyecto minero San Jorge. Los únicos datos disponibles sobre el proyecto son los aportados por la empresa. Retraso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en sus estudios. Senadores de la oposición pidieron más información sobre el proyecto, mientras que el Gobierno y la minera intentaron aplacar los ánimos. El presidente de Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense Coro Mining, Fabián Gregorio, proviene del estudio de abogados BRGPG, el cual compartía con Francisco Pérez, actual ministro de Infraestructura del Gobierno.
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Fuente: diarios Los Andes y MDZ
Mendoza, Argentina – 20/08/09. La organización del tercer sector, Oikos Red Ambiental, solicitó ayer a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia ampliar la información sobre el proyecto de explotación de oro y cobre en Uspallata, ya que la única disponible hasta ahora es la aportada por la propia empresa minera San Jorge S.A.
En tanto, desde la Legislatura, senadores de la oposición salieron también a pedir más información sobre el proyecto, mientras que el Gobierno y la minera intentaron aplacar los ánimos afirmando que están trabajando en eso y siempre cumpliendo con la ley.
El pedido de Oikos apunta a interrumpir la consulta pública, ya que “hay preocupación e incertidumbre científica debido a que los informes hasta ahora aportados han sido emitidos por la empresa minera”, señaló Eduardo Sosa, presidente de la red, para quien esta situación “viola el derecho que garantiza el acceso a la información”.
En suma, la red ambientalista solicita a la Secretaría de Medio Ambiente que se suspenda la consulta pública hasta tanto se presente el dictamen técnico que elabora la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se reinicie el proceso a partir de 60 días de dicha presentación.
Piden también que se indiquen las razones por las cuales aún no se ha librado a la consulta pública el dictamen técnico elaborado por la UTN ni se informa sobre la nómina de profesionales que elabora dicho dictamen.
Según Sosa, “la empresa cumple con la ley pero quedan interrogantes que documentar”.
Por su lado, la senadora provincial, Alejandra Naman (ARI) también elevó un pedido de informe en la búsqueda de profundizar el estudio de la documentación disponible.
En este sentido destacó su “ocupación sobre el uso del agua (por parte de la minera) y la determinación efectiva de cuántos litros cúbicos por segundo serán necesarios del Arroyo del Tigre para esta actividad”.
También ha remitido a la Secretaría de Medio Ambiente un pedido con los detalles de los informes sobre la gente del lugar, la posible afectación a los glaciares y la polución en el ecosistema.
¿Por qué no aparece todavía el dictamen técnico?
La Universidad Tecnológica Nacional ya debería haber presentado su dictamen, pero aún no lo ha hecho, y sólo está disponible el informe de impacto ambiental de la empresa. El público sólo tiene acceso a un expediente parcializado. La red ambiental Oikos pidió la suspensión del proceso de consulta pública.
Extraoficialmente, se supo que San Jorge pagó cerca de 275 mil pesos para que la UTN se encargue de la confección del informe que aún brilla por su ausencia.
“Si no se dispone de la información relevante para comprender los alcances del proyecto, entonces se está restringiendo gravemente el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente para participar activamente en el debate, es decir, se disminuye la calidad de la participación, y esto va en contra de toda la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema”, comentó Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, cuya voz en Mendoza cobró importancia por ser la institución que impulsó la medida judicial que frenó la explotación petrolera en la zona de Llancanelo.
La idea de Oikos no es impedir que este proceso -que culminará con la audiencia pública- se concrete. Al contrario: el pedido que se le presentará a Guillermo Carmona busca subsanar esta falta y dejar en claro que, si el Estado provincial no actúa al respecto, no sólo se enfrentará a una presentación judicial, sino que se convertirá en cómplice de la violación de la Ley Nacional de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (25.831).
Por el momento, tampoco existe chance de cotejar el expediente original, sino que sólo está a disposición de la gente el informe presentado por la Minera San Jorge, y nada aparece sobre las opiniones que deben dar al respecto especialistas de diferentes disciplinas.
Este dato desnuda una situación llamativa. Nadie ha podido explicar por qué la UTN no presentó hasta ahora el dictamen. Además, desde Oikos solicitaron la nómina de profesionales que formaron parte del staff que participó en la confección de dicho informe, para saber si trabajan en el Estado o para alguna empresa minera. Si eso ocurriese, caería un manto de sospecha de subjetividad e intereses ocultos en ese dictamen.
Casi como una coincidencia, este martes los representantes de San Jorge estuvieron en la Legislatura promocionando la consulta pública. Participaron de la reunión los diputados Amalia Monserrat (ConFe), que preside la comisión de Ambiente, Roberto Blanco (CP), Eugenio Dalla Cía (PD), Mireya Díaz (PJ), Jorge Serrano (UCR), Juan Dávila (PJ), Roberto Infante (ConFe), Daniel Vilches (UCR), Alejandro Molero (ConFe), Humberto Montenegro (ConFe), Fabián Miranda (PJ) y Luis Orbelli (PJ unipersonal).
El presidente del proyecto era socio de un ministro
El proyecto San Jorge es dirigido por el abogado Fabián Gregorio, quien proviene de estudio de abogados BRGPG, especializado en derecho minero y uno de los preferidos por las empresas a la hora de demandar al Estado por la ley que restringió el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera.
El presidente de San Jorge compartía ese estudio con Francisco Pérez, el actual ministro de Infraestructura del Gobierno. Pérez asegura que se retiró de la sociedad, aunque la inicial de su apellido sigue presente en el nombre del estudio. Ahora Pérez debe controlar a su ex socio, pues Celso Jaque pasó el manejo del área a la órbita del Ministerio de Infraestructura (antes dependía de Economía).
El mismo estudio está integrado por Raúl Rodríguez, amigo del ministro y uno de los especialistas más consultados en temas mineros en Mendoza. De hecho fue uno de los autores del decreto 820/06, que regula la actividad minera.
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