Presentamos como parte del dossier “No hay planeta B. Desafíos y alternativas frente al saqueo extractivista y al cambio climático” dos notas sobre las luchas en defensa del agua y contra la megaminería elaboradas por compañeres militantes de la Asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata. Por un lado, una línea de tiempo que gráfica de manera esclarecedora el largo recorrido del conflicto. Por el otro, la argumentación de porqué es necesaria la creación de una ley que cree el Área Natural protegida Uspallata- Polvaredas, propuesta imprescindible para frenar de manera definitiva los megaproyectos mineros en la región. En ambos queda clara la complicidad transversal de los partidos principales con el poder económico así como los intereses internacionales que impulsan la megaminería y los cambios respecto a sus principales impulsores. Queda evidenciada la enorme criminalización de quienes resisten así como la ofensiva mediática para demonizar a las organizaciones de base que sostienen esa larga pelea. También la convicción, resiliencia y persistencia de quienes entienden que se trata de conflictos que tienen un aspecto civilizacional. Se trata de defender la vida frente a un sistema que mercantiliza y fagocita todos los bienes comunes existentes y los inmola en nombre de la ganancia de unos pocos. Conocer esas resistencias, sus devenires y propuestas es uno de los objetivos centrales del dossier.
Por: Federico Soria
CARACTERIZACIÓN
Uspallata es una región de Mendoza que presenta valores de conservación de relevancia internacional con presencia cultural de los pueblos originarios, epicentro de la campaña de liberación sanmartiniana, la historia del Ferrocarril Transandino y paraíso turístico con una ecología única cuyas fuentes de agua provienen del Río Mendoza. Por estos y otros motivos de índole ambiental, social y económico, el entorno natural y cultural de Uspallata, debería ser un área natural protegida, en lugar de una zona de sacrificio.
San Jorge es un proyecto de explotación megaminera (minería metalífera a gran escala con uso de grandes cantidades de agua y sustancias tóxicas), situada en el entorno de Uspallata, donde se localizan las fuentes de agua del Río Mendoza, consecuentemente su afectación ambiental, social y económica no se limita al valle de Uspallata, sino a toda la Cuenca del Río Mendoza, donde se asienta y abastece una población de 1,5 millones de habitantes, se riegan 250 mil hectáreas de cultivos y se abastecen a más de 9.000 industrias, todo ello conformando una de las economías regionales más importantes de Argentina. Desde ya, MSJ niega todo esto, argumentando que la mina se localiza en la subcuenca cerrada del Arroyo del Tigre, que (según ellos), no tendría conectividad subterránea con el Río Mendoza.
Minera San Jorge no solo es dueña de más de 70 concesiones mineras metalíferas en el entorno de Uspallata, sino que además ha comprado la Estancia Yalguaraz, donde se localizan todas ellas. Por estar ubicada en zona de frontera o seguridad nacional, esta empresa extranjera ha eludido las restricciones de esta condición, registrando su propiedad superficiaria a nombre de personas interpósitas locales (testaferros).
LÍNEA DE TIEMPO
2008: Arribo de MSJ (Minera San Jorge) a Uspallata – La corporación Coro Mining (de Canadá) adquiere la empresa y destraba el histórico enfrentamiento de titulares locales por las concesiones mineras de San Jorge – Una vez cerrada esa operación comercial, Coro Mining presenta ante el Gobierno de Mendoza el primer IIA (Informe de Impacto Ambiental) de MSJ – En ese contexto se produce el surgimiento de la AVAU (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata) – El Gobierno de Mendoza procede a la apertura del casino en Uspallata, reavivando el hecho de que la propia empresa reconoce que su proyecto puede traer juego, trata, prostitución, droga y delincuencia a Uspallata – MSJ es una de las empresas que interponen acciones judiciales por la inconstitucionalidad de la Ley 7722.
2009: Primeras movilizaciones en Uspallata, luego en Mendoza – La AVAU presenta en la Legislatura de Mendoza, la iniciativa popular de proyecto de ley para la creación del Área natural protegida Uspallata-Polvaredas, como alternativa ambiental, social y económica a MSJ y con toda la fundamentación técnica, científica, legal y jurídica que una iniciativa de esta naturaleza requiere – Comienza a funcionar la Radio La Paquita – Se abre el Centro Cultural Gualta Caye – Ambas iniciativas surgen desde la AVAU, junto a otras de tipo deportivas y de concientización ambiental. – Entre tanto, MSJ inicia en Uspallata un gran despliegue de compra de voluntades y contaminación social, mediante diversos “donativos” a personas e instituciones locales. Algunos de estos episodios adquieren ribetes escandalosos; como, por ejemplo, la aparición en comercios locales de facturas de MSJ por compras efectuadas por la Municipalidad de Las Heras. – Paralelamente, el Gobierno de Mendoza impone un aparato de censura contra todas las voces disidentes, prohibiendo que se hable en contra de MSJ en espacios públicos, como escuelas y otros ámbitos. Lo mismo sucede con la radio local, regenteada por el periodista local, Miguel Angel Pelaytay y absorbida por el Grupo Uno, que es totalmente pautada por MSJ.
2010: Continúan las movilizaciones en Uspallata y Mendoza – Se realizan presentaciones varias de la AVAU en diversos ámbitos, como el Concejo de Estado del Plan de Ordenamiento Territorial, la Legislatura de Mendoza, el Concejo deliberante de Las Heras, etc. – se provincializa el conflicto por la oposición a MSJ – el 26 de octubre se realiza la Audiencia Pública en Uspallata, donde el 75% de la concurrencia se pronuncia en contra de MSJ. Si bien la audiencia pública no es vinculante, este rechazo masivo significó un acto político contundente, que marcó significativamente de ahí en más, la oposición popular a MSJ – Con el veto a la primera Ley de Glaciares, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández, trascendió que el político local Francisco Pérez, vinculado profesionalmente a MSJ, fue uno de sus redactores y en compensación, la presidenta lo impone como candidato a gobernador de Mendoza, pasando por encima a todo el aparato partidario del peronismo mendocino.
2011: Continúan las movilizaciones masivas en contra de MSJ – A pesar del contundente rechazo a MSJ en la Audiencia pública realizada meses atrás en Uspallata, el secretario de ambiente de ese entonces, Guillermo Carmona, suscribe la Declaración de Impacto Ambiental a MSJ, siendo luego enviada por el Gobierno de Mendoza, a la Legislatura para su ratificación, conforme lo establece la Ley 7722. Este acto genera aún más rechazo popular. – Se ventila el vínculo entre el nuevo gobernador, Francisco Pérez y Minera San Jorge, a través del estudio jurídico BRGPG, donde el propio Pérez es socio de Raúl Rodríguez y Fabián Gregorio (apoderado legal y presidente, respectivamente) – Durante una movilización en Mendoza se produce la toma de la Legislatura y el pueblo debate y decide de manera simbólica el rechazo a MSJ – el 24 de agosto en sesión de la Cámara de Diputados, se aprueba el rechazo Legislativo a MSJ – inmediatamente se produce el desplome del valor de las acciones de la dueña de MSJ, Coro Mining.
2012: Coro Mining vende MSJ en etapas, por 5 millones de dólares, a Solway y Aterra, empresas de capitales rusos, pero de carácter offshore, radicadas en paraísos fiscales (Solway en Malta y Aterra en Chipre) – en la primera etapa se traspasa el 30% – La estrategia de los nuevos dueños en un primer momento fue el perfil bajo, por este motivo la empresa cierra sus oficinas, página web, y todas sus estrategias comunicacionales, iniciando un período consistente en tratar de captar adeptos a su proyecto de manera muy reservada, en la más absoluta discreción y sin demasiada difusión.
2013: Las empresas Solway y Aterra se presentan en Argentina y Mendoza como las nuevas dueñas de MSJ, de la mano de la diplomacia de Rusia y designan un CEO de ese origen: Taras Nechiporenko – Se realiza una presentación pública de MSJ en Mendoza, simulando la apertura de nuevas oficinas, desde ya inexistentes – Además del buffet jurídico lobbysta BRGPG, se suma el estudio contable ASAP (de las hermanas Gil Barbera) al andamiaje local de MSJ, fijando domicilio legal en la sede de este último. – Comienzan las acciones de lobby para que el expediente de MSJ rechazado en la Legislatura no sea archivado por el Poder Ejecutivo, como hubiera correspondido.
2014: MSJ presenta un proyecto bi-provincial (extraer la roca en la mina y llevarla a territorio de San Juan para realizar allí la separación de los metales con sustancias tóxicas) – Este proyecto no se propone como uno nuevo, sino como una modificación del expediente ya rechazado – Se produce el escándalo denominado “Corruptour a Macedonia” donde funcionarios del gobierno peronista de Pérez y legisladores radicales afines, viajan a ese país pagados por MSJ para que supuestamente difundan que la megaminería y la vitivinicultura pueden convivir, sin mencionar que Macedonia en ese momento estaba en guerra y era (y sigue siendo) el país más pobre de Europa – El entonces diputado radical Tadeo García Zalazar le pone la firma a la iniciativa popular de la AVAU, con lo cual toma estado parlamentario el proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
2015: Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza que ratifica la constitucionalidad de la Ley 7722. MSJ era uno de los litigantes y además su apoderado legal, Raúl Rodríguez, patrocinaba 7 de las 12 presentaciones – El Gobernador Francisco Pérez a días de finalizar su mandato, decreta el reinicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de MSJ, a partir del mismo expediente rechazado por la Legislatura, que debería haber sido archivado – La AVAU presenta ante el Concejo deliberante de Las Heras un proyecto de Ordenanza Ambiental Minera, para ampliar los alcances de la Ley 7722 – Se completa la adquisición de MSJ por parte de Solway y Aterra a Coro Mining. – MSJ mete la cuchara en el Inventario de Glaciares: con la publicación del Inventario Nacional de Glaciares, se verifica que la subcuenca del Arroyo del Tigre ha sido incluida en la Cuenca del Río San Juan y no la Cuenca del Río Mendoza, donde realmente pertenece.
2016: MSJ apela ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo por la constitucionalidad de la Ley 7722 – Apenas se inicia la primera gestión de gobierno de Alfredo Cornejo, se decreta nuevamente la suspensión del procedimiento de EIA de MSJ, iniciada por su antecesor antes de finalizar su mandato – El Concejo Deliberante de Las Heras aprueba por unanimidad la Ordenanza 12/16 de Ordenamiento Ambiental Minero, cuyo proyecto fuera diseñado y presentado el año anterior por la AVAU, prohibiendo el uso de otras sustancias tóxicas en la minería, sin embargo el intendente Daniel Orozco veta la ordenanza y el Consejo Deliberante no la ratifica – Este episodio deja al desnudo el discurso falso del radical Daniel Orozco, que al asumir la intendencia de Las Heras se presentó como “Militante del Agua” (en clara oposición a sus antecesores peronistas pro mineros) y terminó también cumpliendo con la bajada de línea del lobby corporativo de la megaminería. – MSJ inicia la persecución y hostigamiento laboral contra Federico Soria, enviando notas intimidatorias a la intendencia del Parque Nacional El Leoncito (colindante a la mina San Jorge), donde se desempeñaba en ese entonces. En un principio estas notas son desestimadas por APN y el perseguido interpone acciones judiciales para evitar acercamiento de los representantes de la minera en su ámbito laboral.
2017: El Gobierno de Mendoza decreta el archivo del primer expediente de MSJ que fuera rechazado por la Legislatura 6 años antes y obliga a la empresa a presentar un nuevo IIA – Alfredo Cornejo se presenta en Uspallata, con un proyecto de Plan Turístico que pretende equiparar la alta montaña mendocina a Andorra, sin reparar que en ese país no hay megaminería – En el marco de esa presentación, dice públicamente (y queda registrado) que su gobierno apoya e impulsa el proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Desde ya, estos dichos cayeron rápidamente en saco roto – La AVAU presenta ante el Concejo Deliberante de Las Heras proyectos de ordenanza para restituir la Ordenanza 12/16 vetada por Orozco, otorgar aval municipal al proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas y para proponer a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) el cambio de uso de la Estancia Uspallata, de bien privado del Estado Nacional Argentino a bien público de la misma jurisdicción. La AVAU además eleva esta última propuesta al organismo mencionado. En ningún caso se obtuvo respuesta.
2018: Legisladores peronistas (Mario Agulles y Alejandro Abraham) presentan los primeros proyectos de ley para derogar o modificar la Ley 7722, en base a redacciones que surgen del lobby de la megaminería, siendo desde ya destacada la intervención de Raúl Rodríguez, apoderado legal de MSJ – Se renuevan las movilizaciones de rechazo a la megaminería en Mendoza – Se realizan presentaciones en la Legislatura y la AVAU se presenta reclamando nuevamente ante diputados y senadores la sanción del proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas – La AVAU se presenta ante el Concejo deliberante de Las Heras haciendo uso de la Banca del Vecino, solicitando respuestas a los proyectos presentados en año anterior.
2019: Apenas asume el gobernador Rodolfo Suarez (y tras ganar con más de la mitad de los votos emitidos), presenta en la legislatura un proyecto de ley para modificar la Ley 7722, vulnerando su esencia y quitándole las restricciones, con el apoyo del peronismo mendocino y el presidente Alberto Fernández, sancionándose la ley 9209 en cuestión de días, mediante una tramitación exprés severamente cuestionada – En rechazo a esto, se producen movilizaciones que fueron aumentando en frecuencia y convocatoria, algunas de estas fuertemente reprimidas por la Policía de Mendoza e infiltradas por miembros de civil de esta institución. Estas protestas desembocaron en la recordada pueblada del Mendozazo por el Agua, que terminó determinando que se sancione una nueva ley, la 9210, sancionada de apuro para derogar la malograda 9209. – En aquel entonces trascendió que desde la presidencia de Alberto Fernández (quien en principio apoyó públicamente la modificación de la Ley 7722), hubo una bajada de línea al gobierno provincial de Rodolfo Suárez para aplacar el levantamiento popular creciente que estaba ocurriendo en Mendoza, en virtud de evitar un efecto contagio en otras provincias, dado que en ese entonces se estaban desarrollando las movilizaciones estudiantiles en Chile, de fuerte repercusión mediática en Argentina.
2020: MSJ presenta un nuevo IIA, en una maniobra que pretendió hacer pasar de la manera más desapercibida posible, sin embargo, algunos medios difundieron la novedad – Ante el descontento social por este hecho y teniendo en cuenta la reciente pueblada del Mendozazo por el Agua, el Gobierno de Mendoza decide mandar este nuevo expediente a “Guarda Temporal” (congelamiento en la tramitación). Este estatus administrativo es novedoso y surge a partir de la implementación de los expedientes electrónicos, cuya reglamentación en Mendoza presenta varios grises. – Con el advenimiento de la pandemia y las restricciones a reuniones y manifestaciones sociales impuestas por los diferentes estamentos del estado, así como el nuevo aparato represivo policial y punitivo dispuesto para este fin, se activan nuevas estrategias de resistencia de las Asambleas (incluida la AVAU) a través de redes sociales y medios alternativos. Esta modalidad logra en primera instancia el freno ante esta nueva avanzada de MSJ.
2021: Al inicio del conflicto que derivó luego en la guerra entre Rusia y Ucrania, Aterra se retira de MSJ, quedando Solway con toda la empresa, desconociéndose el acuerdo comercial suscripto para concretar esta desvinculación. – Los dueños y ejecutivos de Solway, así como la propia empresa, quedan expuestos ante la prensa internacional por las atrocidades cometidas en países donde tienen o han tenido explotaciones, como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Congo y Liberia – Además, el tesoro de Estados Unidos sanciona a Solway por su origen Ruso – Por otra parte, Solway es mencionada por las investigaciones internacionales como Paradise Pappers y Offshore Leaks, como empresa off shore radicada en paraísos fiscales, responsable de transacciones financieras multimillonarias efectuadas para evadir impuestos y otras responsabilidades fiscales – Ante esto, Solway inicia un proceso de desrusificación (abandona Rusia, vende todos sus activos e inversiones y echa a todos sus empleados en dicho país) – Su fundador, Alexandr Bronstein, y su principal ejecutivo, Denis Gerasev, cambian su ciudadanía de Rusia por la de Israel.
2022: Se inicia la persecución pública a los referentes de la AVAU vinculados al proyecto de ley de Iniciativa Popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, a través de la difusión de documentos generados y propagados por partidos de ultraderecha, conteniendo teorías conspirativas, en las que supuestamente la Asamblea y algunos de sus miembros serían parte de un complot para que potencias y organizaciones extranjeras invadan Argentina para quedarse con el agua y el territorio en Uspallata. Lamentablemente la difusión de estos documentos injuriosos tuvo mucha repercusión y algunos referentes del ambientalismo comenzaron a difamar la iniciativa popular de los Vecinos de Uspallata, cuestión que indudablemente es afín a los intereses de Cornejo, Milei, sus socios políticos y las corporaciones megamineras, que definitivamente no quieren área natural protegida en Uspallata, puesto que terminaría definitivamente con sus negocios. Este episodio lamentablemente termina debilitando fuertemente la resistencia popular en Uspallata y se cree que ha sido otra estrategia más de gobierno y corporaciones megamineras, con el objeto de avanzar con MSJ – Se suscribe el acuerdo secreto entre el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de Mendoza, que determina que la empresa estatal israelí Mekorot diseñe el Plan Hídrico Provincial y la modificación de la Ley de Aguas. Este acuerdo queda en la mira de los reclamos sociales, no sólo por la intencionalidad de privatizar el agua de Mendoza y redefinir sus usos, sino además y de manera complementaria, por los vínculos que pudiera haber entre Mekorot y los dueños de MSJ, ex rusos devenidos en ciudadanos de Israel.
2023: Solway pierde su principal activo: la planta Pobuzhsky, en Ucrania, donde efectuaba el refinamiento de más de la mitad de la producción mundial de níquel, que se vio obligada a dejar de operar por las hostilidades de Rusia en ese país. Esto determina su insolvencia económica para afrontar el proyecto San Jorge. – Aparece en la escena de la megaminería de Mendoza el Grupo Alberdi, tras la aprobación en la Legislatura de los IIA para la exploración de Cerro Amarillo y Hierro Indio. Alberdi se hace cargo de la ejecución del primero.
2024: En el mes de marzo se levanta la “guarda temporal” del expediente de MSJ, como el IIA está vencido, la empresa presenta uno nuevo, el tercero –Solway crea la empresa Zonda Metals y a través de esta firma, suscribe un acuerdo comercial secreto con el Grupo Alberdi, del cual no se nunca trascendieron términos ni condiciones, desconociéndose si Alberdi tiene solvencia económica para afrontar la explotación de MSJ– Se anuncia públicamente que MSJ se va a postular para entrar en el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), aprobado meses atrás por el Congreso Nacional, como parte de la Ley Bases.
2025: MSJ presenta públicamente el nuevo IIA, rebautizando el proyecto megaminero como “PSJ Cobre Mendocino” – Se renuevan las movilizaciones de rechazo – Las Asambleas nucleadas en AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) y APNU (Asambleas por Necesidad y Urgencia), así como las comunidades de Pueblos Originarios huarpes, collas y mapuches de Mendoza, y la Cámara de Comercio Turismo e Industria de Uspallata y Alta Montaña, se manifiestan en oposición a Minera San Jorge y apoyando el proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, emitiendo diversos comunicados públicos.
Los responsables por el Estado de evaluar el IIA de MSJ son el Director de Minería Gerónimo Shantal y la Ministra de Ambiente y Energía Jimena Latorre. Ambos funcionarios están seriamente cuestionados. Jerónimo Shantal no reunía idoneidad para asumir su cargo, por lo que se derogó la ley que imponía requisitos profesionales para detentar su investidura. En el caso de Jimena Latorre, cuando asumió, también fue designada directora de YPF por Mendoza, lo cual generó un conflicto de intereses y ético, primero porque como funcionaria provincial debía controlar a la misma empresa de la que era directora y segundo por cobrar los dos sueldos del estado, embolsando por mes una cifra superior a los 70 millones de pesos, finalmente debió renunciar a YPF. Esa es la calidad de los funcionarios designados por Alfredo Cornejo.
24 de enero: Se produce una protesta popular espontánea en la inauguración de una “Cámara de servicios mineros de Uspallata” En ese marco, arriba a Uspallata la patota de la UOCRA, agrediendo a Flavio González, a quien casi lo matan, de no ser por la intervención de Mauricio Cornejo, quien le salvó la vida activando un matafuego contra los agresores. En esa protesta se produce un atentado incendiario de falsa bandera, perpetrado por simpatizantes de la UCR vinculados al comité de Las Heras de ese partido, presidido por el intendente de Las Heras, Francisco Lopresti. – Al día siguiente se produce en las calles de Uspallata una movilización masiva en rechazo a Minera San Jorge – Los medios hegemónicos agitan la supuesta imputación de vecinos de Uspallata, quienes se presentan ante el fiscal Carlos Torres a pedir explicaciones, negándose este a recibirlos.
24 de febrero: la policía de Mendoza priva ilegítimamente de la libertad a Mauricio Cornejo, intentando lo mismo sin éxito contra Federico Soria. Los acusan falsamente de agrupación para la coerción ideológica y de amenazas coactivas contra Edgardo Vera, en el marco de una causa armada por el Gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge. Mauricio Cornejo había sufrido días antes un accidente vial, con lo cual presentaba múltiples fracturas, esto devino en un deterioro de salud y sólo se le brindó el beneficio de la prisión domiciliaria luego de varias protestas públicas, 26 días después de ser encarcelado. El fiscal de la causa es Juan Manuel Sánchez, cuestionado públicamente por su accionar negligente y criminal. El querellante es Armando Surballe, abogado perteneciente al Partido Justicialista, muy vinculado a Emir Félix, quien determinó su designación en una sindicatura del Gobierno de Mendoza, o sea que es funcionario de Alfredo Cornejo con acuerdo de la oposición peronista. Además, durante las audiencias, el propio Surballe manifestó estar vinculado al grupo Vila Manzano y a Minera San Jorge.
31 de marzo: la policía de Mendoza priva ilegítimamente de la libertad a Federico Soria, luego de una audiencia de control jurisdiccional en el marco de la misma causa, encarcelado también en condiciones infrahumanas, 4 días después es liberado, junto a Mauricio Cornejo. La justicia provincial se declara incompetente y manda la causa a la justicia federal, que también determina lo mismo, manifestando que el supuesto delito de agrupación para la coerción ideológica no se encuentra acreditado – Entre tanto, la Municipalidad de Las Heras, conducida por el Intendente Francisco Lopresti, se presenta como querellante en esta causa, siendo rechazada esta pretensión, quedando en evidencia que el intendente está destinando fondos públicos para perseguir a vecinos de Uspallata que se oponen legítimamente a MSJ. Esto queda ratificado con la decisión oficial del municipio de recortar gastos sociales para destinarlos al sostenimiento de las prácticas clientelares implementadas por la propia municipalidad y el gobierno provincial, para acarrear gente a los actos mineros y las audiencias públicas – La causa entra en los laberintos de la burocracia del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, ya que las supuestas amenazas denunciadas no se encuentran probadas y no tienen testigos, a pesar de haber hecho desfilar a numerosos que no pudieron acreditar ninguno de los supuestos delitos denunciados.
31 de mayo: La Administración de Parques Nacionales despide a Federico Soria, en el marco de un sumario reservado armado para tal fin, con motivos claramente persecutorios por su actividad ambientalista y por ser impulsor del proyecto de Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. El sumario reservado se basó en falsos testimonios del Intendente del PNEL, Ariel Quiroga, y la guardaparque Mónica Sosa, quien además efectuó una operación de espionaje en las redes de la AVAU y la Asociación Civil el Suri (donde Soria participa), con el objeto de construir un relato para justificar el despido injustificado. El presidente de la APN, Cristian Larsen, agregó una acusación de vandalismo y delincuencia ni siquiera formulada en la causa judicial de Mendoza armada en su contra. En ese contexto es que se ventila parte del sumario reservado contra Soria en medios hegemónicos de Mendoza, los ejecutores de esta operación difamatoria ilegal fueron por Parques Nacionales, los funcionarios Alejandro Rojas, Melina Cervini y Florencia Graciano y por el Gobierno de Mendoza, los abogados Lucas Faure y Joaquín Faliti, asesores de la vicegobernadora, Hebe casado. – Tal como ha ocurrido en todo este proceso, los medios hegemónicos de Mendoza negaron el derecho a réplica a Federico Soria.
4 de julio de 2025: tal como era de prever, el Gobierno de Mendoza, en una actitud de clara sumisión a las disposiciones de MSJ y sus dueños Solway y a sabiendas que Uspallata no le otorga licencia social, dispone la realización de la Audiencia Pública de “PSJ Cobre Mendocino” en el recinto privado de la mina, con seguridad privada y haciendo prevalecer el derecho privado de admisión por sobre el derecho a la participación pública establecido en la legislación ambiental vigente y en el Acuerdo Escazú. Desde ya, la AVAU y otras organizaciones, presentan primero petitorios con juntadas de firmas y ante la falta de respuestas, luego interponen recursos administrativos y amparos judiciales, que en todos los casos fueron rechazados. Ante esta sistemática negativa, la AVAU decide realizar la audiencia Pública del Pueblo, el mismo día y a la misma hora que la ilegítima audiencia oficial, pero en Uspallata y en un lugar público, sin restricciones de acceso. – En los días previos, se producen en Uspallata sucesivos y prolongados cortes de luz, por las deficiencias de la red local de conducción de energía vieja y mal diseñada. La vicegobernadora Hebe Casado y el pseudoperiodista, Ricardo Montacuto, montan una operación de fake news, denunciando falsamente a los vecinos de Uspallata que se oponen a MSJ, como supuestos autores de actos vandálicos. Ante esto, el abogado de los vecinos interpone una denuncia contra los mencionados por incitación a la violencia.
2 de agosto: se lleva a cabo la Audiencia Pública del Pueblo, donde MSJ es rechazada masivamente, por los 2.400 asistentes a la misma, cifra que duplicó a la convocatoria del gobierno. Este evento es organizado de manera autogestiva y autónoma por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en respuesta a la decisión del gobierno de Mendoza, de realizar la Audiencia Pública Oficial en el predio privado de MSJ, por sugerencia de la propia empresa, a pesar de que la comunidad local de Uspallata había solicitado por notas, recursos administrativos y amparos judiciales, que la Audiencia Pública se realizara en Uspallata y no en un lugar remoto, para que pudiera ser accesible para todo el pueblo – La Audiencia pública del Pueblo fue validada ante 4 escribanos públicos que registraron 1592 pronunciamientos presenciales contra MSJ y 856 correos electrónicos en el mismo sentido, enviados al correo establecido por la organización de la Audiencia Pública del Pueblo. Estos resultados con su correspondiente certificación notarial, fueron enviados al gobierno de Mendoza, quien para simular un supuesto apoyo que no pudo ser plasmado en la audiencia oficial en la mina San Jorge, tuvo que recurrir a juntada de firmas que están siendo actualmente cuestionadas por su validez. Una vez más, quedó demostrado que MSJ no tiene licencia social. – Con posterioridad, se descubre que 50 policías de civil fueron enviados por el Gobierno de Mendoza para infiltrarse como espías en la Audiencia Pública del Pueblo y armar una causa por sedición contra los referentes de la AVAU. Ante ello, el abogado defensor de los vecinos interpone una denuncia ante la Inspección General de Seguridad, ya que este tipo de espionaje es ilegal.
14 de agosto: Nuevamente es privado ilegítimamente de la libertad Federico Soria, debido a la negligencia del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien “olvidó” levantar el pedido de captura, que debía haber efectuado el 31 de marzo (4 meses y medio antes), a pesar incluso de que se lo había solicitado su defensa en dos oportunidades. El fiscal es formalmente denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad. Además, también es denunciado el intendente de las Heras, Francisco Lopresti, por falso testimonio.
El fiscal Sánchez se niega a unificar la causa contra los vecinos de Uspallata, con la denuncia de Flavio González por la golpiza que le propinó la patota de la UOCRA, puesto que de esa manera se le caería su teoría falsa de que supuestamente los vecinos de Uspallata somos terroristas y violentos. Por el contrario, ha incorporado nuevos delitos en sus acusaciones falsas. No obstante, la opinión de letrados no vinculados a los intereses extractivitas de gobierno y empresa, es que la causa contra los vecinos de Uspallata es armada y no tiene asidero legal ni sustento probatorio, por lo que su sustanciación es meramente política y refuerza el imaginario del colectivo social, de que el gobernador Alfredo Cornejo, tiene en su haber presos políticos con la exclusiva finalidad de imponer por la fuerza y con mano dura, la megaminería en Mendoza.
ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
En una manifestación realizada el 29 de agosto contra Minera San Jorge, en las calles de Mendoza, Facundo Gollano es privado ilegítimamente de su libertad, el tercer preso político del Gobernador Cornejo, a quien le armaron una causa antes de ser liberado. El día 23 de octubre, otra manifestación similar es infiltrada por la policía, el comisario Mario Rili encabezó esta operación, perpetrando apremios ilegales contra Liza Rule y Mario Iglesias que también fueron privados ilegítimamente de la libertad y llevados dentro de la legislatura de Mendoza(devenida transitoriamente en centro clandestino de detención), donde recibieron una golpiza policial. En las semanas previas a las elecciones, el tema minero fue borrado de la campaña, habida cuenta que resulta piantavotos.
A días de ganar las elecciones legislativas, el gobierno de Mendoza esgrimió públicamente tal hecho como vía libre para avanzar con la megaminería, por eso a los pocos días envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental de Minera San Jorge aprobada para su ratificación en ese ámbito, el cual pretende llevarse a cabo a libro cerrado y de manera exprés. Hasta el momento, a los defensores del agua de Mendoza no se les permitió ingresar y expresarse en los plenarios de comisiones.
El día 6 de noviembre, las comunidades de Pueblos Originarios de Uspallata y el resto de la Cuenca del Río Mendoza, entregaron el informe final del Consentimiento Libre, Previo e Informado a la autoridad ambiental minera, cuyo resultado fue negativo, con una larga lista de fundamentos, solicitando a la Legislatura de Mendoza el rechazo al proyecto megaminero San Jorge y la sanción de la ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, advirtiendo que si su consentimiento vinculante no es tenido en cuenta recurrirán a instancias internacionales.
Los acontecimientos se van sucediendo día a día y la posibilidad de una pueblada, como la que a fines de 2019 recuperó la Ley Provincial 7722, sigue muy presente. Por eso, más allá de la arremetida prominera oficial, la resolución del conflicto generado por la imposición de Minera San Jorte (que ya lleva 17 años) aún tiene final abierto.
