La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre la zona periglaciar para la extracción de metales, necesita que el Poder Legislativo apruebe un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. El Jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo público un Decreto presidencial para convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025. y Entre los temas a tratar, se incluye la modificación de la mencionada Ley. La estrategia sería dejar en manos de los gobiernos provinciales la determinación de cuales son las zonas periglaciares para poder habilitar la actividad minera en regiones que hoy está prohibido. El cambio de la norma permitiría decisiones arbitrarias que probablemente contradicen lo que determina la ciencia y se opone al principio de no-regresividad en materia ambiental.
Por: Noalamina.org
El 5 de diciembre, el presidente Javier Milei firmó un Decreto para convocar al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 al 30 de diciembre. Dentro de los asuntos a tratar está lo que llaman la “adecuación” del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar – Ley N°26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Objetivos de la Ley aprobada en 2010
La Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la norma busca:
- preservarlos como reservas estratégicas de agua;
- proteger la biodiversidad;
- cuidarlos como fuente de información científica; y
- valorarlos como atractivo turístico.
La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas:
- la liberación de sustancias contaminantes;
- la construcción de obras de arquitectura o infraestructura;
- la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y
- la instalación de industrias.
Efectos de la actividad minera sobre los glaciares
Las actividades extractivas como la minería originan polvo que se depositan sobre los glaciares y los afectan, disminuyendo su capacidad de reflejar la luz del sol. Por lo tanto, la energía proveniente de la luz solar será absorbida acelerando el derretimiento del glaciar. Además, el suelo o roca congelada llamada “permafrost” almacenan enormes cantidades de carbono orgánico que al derretirse liberan gases de efecto invernadero incrementando el cambio climático.
La presión de los gobernadores y las empresas mineras
Desde la sanción de la Ley de Glaciares en el año 2010, siempre ha sufrido la presión de los gobernadores cordilleranos y las empresas mineras para intentar su modificación. El punto en cuestión dentro del inventario de glaciares fue la determinación de la zona periglaciar definidas como reservas estratégicas de recursos hídricos. Dicha actitud se exacerbó ante el gobierno nacional que requiere que la actividad minera se sume al RIGI (Régimen de Incentivo General de Inversiones) para producir según pronostica el ministro de Economía, Luis Caputo, exportaciones por u$s 25.000 millones para el año 2033.
El proyecto del Poder Ejecutivo que entrará por el Senado tendría como responsable de la “letra chica” al secretario de Minería, Luis Lucero.
La vigencia del RIGI es hasta el 8 de julio de 2026, la urgencia del gobierno de Milei es que los proyectos de explotación de cobre estén adheridos. Sin embargo, las empresas inscriptas y aquellas con intenciones de hacerlo, condicionan la extracción de cobre a la modificación de la Ley.
Los gobernadores que promueven la “adecuación” de la Ley pertenecen a distintos espacios políticos. Uno de los impulsores de la modificación es Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, intentando imponer una actividad que ha sido ampliamente demostrado que no tiene licencia social; particularmente con el proyecto PSJ Cobre Mendocino (conocido como Proyecto San Jorge). Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, considera que los cambios permitirían desarrollar los proyectos de cobre: Vicuña, El Pachón y Los Azules. La misma actitud es la del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que procura mediante una “dictadura minera” el desarrollo del proyecto MARA (Minera Alumbrera Agua Rica) en una provincia donde los sueños de progreso del proyecto Alumbrera se convirtieron en realidades de saqueo y contaminación.
La actitud del gobierno nacional
Hace menos de un mes, Milei instala el tema en la agenda en un discurso en el Club de la Libertad en Corrientes, afirmando que:
“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar”, dijo.
“La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, añadió.
Ese mismo día, el ministro Luis Caputo recibió en el Ministerio de Economía a la cúpula de Vicuña Corp, la sociedad de las multinacionales Lundin y BHP que pretende explotar el proyecto Vicuña, en San Juan.
“Durante el encuentro, me expresaron la intención de aplicar al RIGI en los próximos meses y también discutimos sobre las distintas alternativas para contar con una protección efectiva de los glaciares que posibilite el desarrollo minero sostenible”, escribió el ministro en X.
Hasta el momento se presentaron para adherir al RIGI unos diez proyectos mineros: cuatro de litio, tres de cobre, una de oro y dos de plata. De las exportaciones mineras por u$s 25.000 millones previstas para 2033, para el banco BBVA, el cobre aportaría aproximadamente la mitad de esa cifra. Los datos actuales informan que Argentina exporta poco más de u$s 4000 millones de oro, plata y litio. En el caso del cobre se estima que se empezaría a exportar del proyecto Los Azules recién en el año 2030.
Argentina unida en defensa del agua
La Ley de Glaciares, que fue aprobada en un segundo intento en el 2010, representa el producto de la lucha ambientalista. Se gestó con la participación de más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del IANIGLA (CONICET). El objetivo fue el cuidado del agua de nuestra cordillera, y por ende, la vida de las comunidades que dependen de ella. El proyecto de modificación anunciado, resulta ser una iniciativa completamente inconstitucional por violar el principio de no-regresividad en materia ambiental y todos los preceptos del Acuerdo de Escazú al que nuestro país está suscripto.
Ante el anuncio oficial de lo que llamaron “adecuación” de la Ley se inició una campaña de rechazo plurinacional multitudinaria y con amplia participación de diferentes sectores: asambleas socioambientales, comunidades indígenas, asambleas antiextractivistas, científicos, docentes, personas autoconvocadas, artistas y personalidades. En conjunto, se decidió una acción plurinacional el día 4 de diciembre bajo los lemas #LaLeydeGlaciaresNoSeToca #ElAguaValeMasQueTodo de la que participaron más de 40 comunidades.
La concientización y la movilización sigue creciendo en todo el territorio nacional para impedir el avance sobre nuestras fuentes de agua cordilleranas.
Fuentes:
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/glaciares/ley
