Pese a haber sido desactivado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hace 25 años, el yacimiento de uranio situado en el cordón montañoso Los Gigantes (Córdoba) sigue sin ser remediado hasta el día de la fecha. Negligencia oficial ante la contaminación radiactiva del lago San Roque y su fauna autóctona.
Por Gerónimo Mariño publicado en Telediario Digital
“Existe un complejo uranífero en Los Gigantes totalmente deficiente, que en casos de lluvias o de actividad extraordinaria, contamina el río San Antonio y sus afluentes. Esta contaminación produce alteraciones en la flora, la mortandad de los peces y el impresionante espectáculo de las pezuñas de las vacas totalmente carcomidas por estar en continuo contacto con las aguas contaminantes”.
Mediante estas palabras, se expresaba el entonces diputado nacional, José Manuel de la Sota, ante el daño ambiental causado por la mina de uranio “Schlagintweit” en el Valle de Punilla durante el año 1987.
Todo comenzó en plena Dictadura Militar, cuando el régimen de facto impuso un ambicioso programa de energía atómica, que aspiraba a la construcción de cincos centrales nucleares y el autoabastecimiento de combustible para su funcionamiento.
Dentro de este contexto oscuro y desenfrenado, la CNEA -Comisión Nacional de Energía Atómica- se vio en la necesidad de hallar reservas de uranio para el hipotético suministro de este mineral, que serviría de combustible para las centrales atómicas. Fue en medio de esta campaña de exploración, que se detectó la mina de Los Gigantes, la cual se identificó con el nombre de “Schlagintweit” en memoria de un geólogo que inspeccionó la zona en los años ´60.
Apremiada por el tiempo, la CNEA llamó a una licitación pública para la explotación de dicho yacimiento violando la ley 24.472, que establecía: “Las minas nucleares no pueden ser concedidas a particulares, su propiedad es de la Nación o de las Provincias, según el lugar donde se encuentran, y sólo pueden ser asignadas o transferidas al Estado Nacional, que no podrá enajenarlas”.
Sánchez Granel -especialista en ingeniería vial- fue la empresa que sorpresivamente salió beneficiada, a pesar de no tener conocimientos en asuntos de minería. El convenio se selló en el año 1979 y entró en vigencia en 1982.
A partir de ese momento, la constructora privada comenzó con la extracción del uranio a cielo abierto en un área de 100 kilómetros cuadrados. Básicamente, el trabajo alrededor de la zona consistía en fragmentar y lixiviar con ácido sulfúrico el mineral uranífero extraído. Una vez obtenido su derivado concentrado -el diuranato de amonio-, atravesaba por un proceso químico de purificación hasta transformarse en dióxido de uranio -combustible para los reactores nucleares de potencia-.
Localización e instalación de la mina
El yacimiento se emplaza en la cadena montañosa Los Gigantes -en la región sur del Valle de Punilla-, a 28 km de Tanti y a 33 km de Villa Carlos Paz. Se encuentra entre los arroyos El Cajón, El Cambuche, Malambo y Los Vallecitos, todas vertientes que desembocan en el río San Antonio.
El río en cuestión atraviesa las cinco comunas que conforman el sur de Punilla -Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz- y culmina su tramo en el lago San Roque. Hasta el día de hoy, el dique abastece de agua potable a los poblados mencionados y a la ciudad de Córdoba en su totalidad -2.000.000 de personas aproximadamente-.
En cuanto a la constructora Sánchez Granel, la misma removió 1.600.000 metros cúbicos de suelo con el objeto de construir 20 kilómetros de caminos de montaña, una planta, una usina y una villa permanente en el lugar. También fabricó mesetas artificiales y una represa de ocho hectáreas para la evaporación de los efluentes acidificados de carácter residual.
Contaminación del río San Antonio y el lago San Roque
En el año 1985, el entonces titular de la CNEA, Alberto Costantini, admitió la contaminación química de los arroyos colindantes al complejo minero. En 1986, las poblaciones cercanas empezaron a denunciar públicamente el impacto ambiental, evidenciándose ciertos síntomas colaterales como el color verdoso y grisáceo del Río San Antonio y la mortandad de cardúmenes completos de pejerrey y otras especies en las costas del Lago San Roque.
Por su parte, el ex inspector de la CNEA, Eduardo Pérez, admitió volcamientos intencionales de ácido sulfúrico a los ríos, alegando que la represa -donde se trataban los residuos radiactivos y efluentes acidificados- iba a colapsar si no se descomprimía. “Había que volcar y se volcó porque no había otra solución (…) Lo que ocurrió fue responsabilidad de la Provincia que careció de reglamento para regular pautas en cuanto al contenido de los líquidos que se volcaran”, afirmaba en aquel entonces Pérez desligándose del problema.
Para el historiador y ecologista Pedro Jorge Solans, la explotación de la mina en cuestión provocó la mayor contaminación radiactiva en cursos de agua de toda Sudamérica. “Entre 1982 y 1985 se arrojaron a la cuenca del lago San Roque cerca de 300.000 millones de litros de líquidos acidificados que contenían restos de uranio, radio, radón y otros de sus descendientes tóxicos”.
Frente a este escenario catastrófico, en 1987 la CNEA anunció la detención de la explotación “por razones ambientales”, mientras que la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento prohibió el consumo de agua en la región.
El reconocimiento de la CNEA de que existía contaminación en la zona coincidió con la baja cotización del uranio en el mercado mundial -el costo del concentrado pasó de 100 a 20 dólares a fines de los ´80-. Por ambos motivos, la extracción del mineral ya no constituía una opción económicamente factible.
Finalmente, la Comisión resolvió rescindir el contrato de mutuo acuerdo con la empresa Sánchez Granel en 1991. No obstante, la constructora nunca fue juzgada por la justicia por los daños ocasionados y huyó impunemente a la provincia de San Luis, donde levantó una nueva plataforma minera -en este caso, para la explotación de oro-.
A pesar de haber pasado más de 25 años desde la clausura de la mina, el yacimiento permanece a cielo abierto contaminando el aire, el suelo, organismos vivos y el cauce del lago San Roque. Así también, el embalse contaminado suele desbordarse por las intensas lluvias, derramando sus restos tóxicos a las vertientes del río San Antonio.
Más allá de esto, en la zona continúan a la intemperie 2.400.000 toneladas de residuos radiactivos y 1.600.000 toneladas de mineral marginal y estéril, conformando un verdadero basurero nuclear. Expuesto a las inclemencias del clima, el pasivo ambiental se esparce entre la flora y en los ríos que desembocan en la cuenca del San Roque.
Si bien para la CNEA, el ex complejo “Schlagintweit” está desactivado y sometido a tareas de “monitoreo”, la realidad indica que los materiales están autogestionándose sin más mediación que el clima.
Minas de uranio abandonadas en el país
En total, son ocho las áreas de explotación uranífera desactivadas en la actualidad: Malargüe, Huemul y Sierra Pintada -en Mendoza-, Don Otto -en Salta-, La Estela -en San Luis-, Los Colorados -en La Rioja-, Pichiñán -en Chubut- y Los Gigantes -en Córdoba-.De todas estas minas -las cuales manejó la CNEA por si misma o por terceros-, ninguna de ellas, excepto Malargüe, fueron remediadas. El grado de negligencia es tal que continúan contaminando hasta el día de la fecha.
En el caso específico de Malargüe, se inició un lento e ineficiente trabajo de recomposición ambiental puesto que el Gobierno de aquella provincia sancionó a la CNEA con una suma millonaria por la polución de sus aguas superficiales y subterráneas.
Por otro lado, al no haber yacimientos de uranio en funcionamiento hoy por hoy, el diuranato de amonio -el concentrado del uranio- es importado de otros países. Su adquisición es clave, al ser el combustible primordial de las tres centrales nucleares del país -Embalse, Atucha I y Atucha II-.
Qué dice la Comisión Nacional de Energía Atómica
El 27 de enero del 2010 salió publicado en el Boletín Oficial la concesión de un préstamo del Banco Mundial -de 30 millones de dólares- para remediar las antiguas minas de uranio explotadas. A través del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio -PRAMU-, la CNEA asumió su compromiso de sanear los terrenos perjudicados con obras de ingeniería necesarias y una serie de controles ambientales que prevengan el riesgo ambiental y sanitario.
Sin embargo, se informó que de los 30 millones de dólares concedidos, la mitad se destinó para Malargüe. En el caso de Los Gigantes y el resto de los yacimientos, aun continúan esperando su turno. Mientras tanto, no se visibilizan controles ambientales ni tareas de saneamiento.
Córdoba dice no a la minería a cielo abierto y no a la explotación de índole nuclear
La provincia de Córdoba tiene el triste privilegio de concentrar la mayor parte de actividad nuclear de todo el país. En Los Gigantes se explotó el yacimiento uranífero “Schlagintweit”, en la capital aun funciona la planta química “Dioxitek” -que está siendo expulsada a Formosa por su extrema peligrosidad- y en Embalse de Río III se encuentra la principal central nuclear, donde ya hubo contaminación del agua en varias ocasiones.
Ante este panorama, la Legislatura decidió sancionar en 2008 una ley provincial que prohíba la explotación minera a cielo abierto y la extracción de uranio. Por otra parte, en octubre de este año grupos ambientalistas presentaron 25.000 firmas para un proyecto de ley que busca declarar a Córdoba como zona no nuclear.
No obstante, la iniciativa de “desnuclearización” de la provincia todavía no fue bien recibida por la vicegobernadora Alicia Pregno, quien exigió la certificación ante escribano público -lo que implica un costo muy difícil de afrontar para los ecologistas-. “El requisito es prácticamente prohibitivo no sólo para las ONG sino también para cualquier iniciativa ciudadana. Lo que entendemos es que este pedido es sólo una excusa, una traba para que el proyecto por una Córdoba No Nuclear no sea tratado”, concluye Martín Loto, uno de sus principales impulsores.
