El jueves próximo en la sesión de la Legislatura de Chubut, los diputados provinciales, a pedido del gobernador Ignacio Torres, intentarán otorgar impunidad a la empresa petrolera contaminante sin tener determinado una evaluación total de los daños. Mientras desde el municipio de Comodoro Rivadavia se activó una estrategia judicial y administrativa para exigir ser parte de la discusión, el gobierno de Chubut y YPF S.A. apresuradamente suscribieron el “Acta Acuerdo” por la transferencia de bienes en favor del Estado provincial. El texto confirma que la petrolera abonará una compensación extraordinaria de 25 millones de dólares a cambio de quedar liberada de responsabilidades por los pasivos ambientales previos a la cesión de sus áreas maduras que seguirán enfermando a quienes habitan ese territorio. El intendente de Comodoro Rivadavia aseguró que el municipio no permitirá que se definan bienes históricos ni pasivos ambientales sin participación local y convocó a todos los sectores a respaldar el reclamo.
Por: Noalamina.org
Fuente: ADNSUR
El convenio fue firmado este viernes e ingresó de inmediato a la Legislatura para su ratificación. También transfiere a la provincia bienes históricos ubicados en Comodoro Rivadavia.
Qué dejaron los 100 años de explotación petrolera
El retiro de YPF de Comodoro Rivadavia no solo significó un cambio en la operación de áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge. También dejó a la vista un problema que la ciudad arrastra desde hace más de un siglo: miles de pozos petroleros abandonados, suelos impactados por hidrocarburos y pasivos ambientales que nunca fueron debidamente reparados ni compensados.
La estrategia municipal fue presentar un proyecto de ordenanza que busca lograr que el pasivo ambiental deje de ser “transferible” entre empresas y se reconozca como daño ambiental, con responsabilidad directa atribuible al generador.
En paralelo, se avanzó con el relevamiento de pozos inactivos en el ejido urbano. Para septiembre de 2025 se habían registrado algo más de 800, de un total 1.700 pozos. No es sólo una “foto”, sino un trabajo para ubicar con precisión, con actualización de planos hechos décadas atrás (con coordenadas imprecisas), para identificar en qué lugar de la ciudad se ubican instalaciones que podrían entrañar riesgo potencial.
El corazón de la propuesta municipal apuntaba a enfatizar un concepto que ya forma parte de la normativa nacional, que es el de equiparar un pasivo ambiental al concepto de “daño”, que como tal genera la obligación de reparar.
“El concepto de daño ambiental ya está en la legislación nacional y provincial, no es que lo estemos inventando ahora. Lo que hace esta ordenanza es ponerlo en un plano más enfático: dejar claro que cuando hablamos de pasivo, en realidad hablamos de un daño. Y que el generador de ese daño es responsable, aunque después haya cedido la operación”, dijo Jordana Merla Coordinadora de Ambiente de Comodoro Rivadavia.
En las cesiones ya realizadas en Chubut, por ejemplo, entre YPF y PECOM, las operadoras transfirieron la responsabilidad de sanear esos impactos ambientales junto con la concesión de las áreas. Con la nueva ordenanza, ese mecanismo quedaría limitado.
De todos modos, la norma tiene un límite jurídico, no podrá aplicarse de manera retroactiva, ya que el derecho establece que ninguna ley tiene efecto hacia atrás. Lo que sí habilita es a considerar como “pasivos” a los pozos inactivos que hoy existen en el ejido urbano, y en consecuencia, obligar a las operadoras a definir su destino: reactivarlos y ponerlos a producir, o abandonarlos de forma segura. En ausencia de normativa municipal específica, se debe litigar con las herramientas generales de la Ley de Ambiente y del Código Ecológico local. Desde las instituciones municipales hacen hincapié que quien generó el daño debe hacerse responsable. Las vías legales de alcance nacional y vigentes con anterioridad permitirían exigir la remediación del daño.
De todos modos, el primer paso sería determinar el alcance del daño. El relevamiento de pozos inactivos en el ejido urbano sirve para para diagnosticar el riesgo que eventualmente representen, para dar intervención a los otros organismos.
La responsabilidad del abandono de pozos no es del Municipio porque no es autoridad de aplicación, corresponde a la Secretaría de Energía de la Nación o al ámbito provincial.
Los pozos inactivos en la ciudad
Uno de los puntos más sensibles es la presencia de más de 1.700 pozos inactivos dentro del ejido urbano. De ellos, 800 ya fueron relevados por el equipo municipal. Forman parte de un universo más amplio: hay 6.000 pozos dentro de la urbe de Comodoro Rivadavia. De ellos, 3.700 ya están abandonados (aunque en su gran mayoría, con técnicas antiguas, lo que abre dudas sobre su real grado de seguridad).
El problema de los inactivos no es menor. Un pozo en esa condición está técnicamente abierto, “sin barreras que impidan la eventual fuga de gas o fluidos desde el reservorio hacia la superficie”, dijo Nicolás Coluccio (subsecretario de Ambiente de Comodoro Rivadavia). Según la resolución nacional 5/96, dentro de zonas urbanas sólo deberían existir pozos activos (en producción efectiva) o abandonados de forma segura.
Sin embargo, en Comodoro predomina la categoría de inactivos, que la nueva ordenanza pretende tipificar directamente como pasivos -o daños- ambientales. Esto obliga a una intervención: se ponen en producción o se abandonan de manera adecuada.
Daño bajo la lupa: la playa de tanques de km.3
Antiguamente, esa planta funcionaba como puerto de salida del petróleo producido por la compañía y después se transformó en depósito de combustibles. La misma, tiene problemas antiguos y recientes. Una de las discusiones ambientales vigentes se vincula a un afloramiento de hidrocarburos en la playa de tanques de Km.3. En el 2025, el municipio intimó a YPF para que la operadora presente un diagnóstico ambiental, para afrontar luego un plan de remediación. A la espera de un diagnóstico definitivo se exigieron medidas paliativas, para evitar que los afloramientos de hidrocarburos lleguen al mar.
Entre la remediación y la compensación económica
¿Es posible sanear el daño ambiental acumulado? En actividades tan contaminantes como la explotación petrolera o minera, no es posible volver “Ad initium” restaurando el “estado original”, pero se puede avanzar en procesos de remediación que al menos permiten reducir riesgos y en algunos pocos casos recuperar el estado natural de ecosistemas.
En caso de no ser viable la remediación, queda abierta la vía de la compensación económica, tal como está previsto en la Ley General del Ambiente.
Posibles escenarios legales: demanda judicial y la advertencia del ESG
El municipio de Comodoro Rivadavia no descartaba ir más allá de la vía administrativa. Entre las alternativas se mencionan posibles acciones judiciales contra empresas incumplidoras. Debido a que la Ley General del Ambiente establece la responsabilidad civil y penal por parte de quien genera un daño. Además, no descartó denuncias en ámbitos internacionales o en otros, como la Bolsa de Valores.
En los últimos años, los mercados financieros incorporaron los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza, conocidos globalmente como ESG) como estándar de transparencia. Esto significa que una denuncia ambiental puede tener impacto directo en la cotización de una empresa, ya que los pasivos no declarados son considerados riesgos financieros. De hecho, existen antecedentes de desplome bursátil, en empresas petroleras, tanto por denuncias de corrupción como por derrames petroleros de magnitud.
Una denuncia ambiental puede afectar la cotización burstáil de compañías petroleras. Una carta que no descartan desde el municipio de Comodoro. Perfil.
Sin exigencia de remediación ni participación local, Torres acuerda con YPF
El acuerdo lleva las firmas del gobernador Ignacio Torres y de los apoderados de YPF, Matías Farina y Lisandro Deleonardis, y la Legislatura deberá tratarlo el próximo jueves para que entre en vigencia.
El Poder Ejecutivo solicitó su tratamiento urgente bajo el artículo 135 de la Constitución Provincial, argumentando que el plan asegura la “continuidad jurídica, técnica y ambiental” de las concesiones mientras se viabiliza la llegada de nuevas inversiones a las áreas maduras de la provincia.
1- Compensación por pasivos ambientales
Uno de los ejes centrales del convenio radica en el pago de una “contraprestación extraordinaria” por parte de YPF, equivalente a 25 millones de dólares. Según el texto del acuerdo, este aporte se prevé “en carácter de compensación por la liberación de responsabilidad a YPF S.A. respecto a pasivos ambientales”, originados con anterioridad al traspaso de las áreas.
Esta responsabilidad será asumida, a partir de ahora, por las nuevas empresas cesionarias que operarán los bloques de El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante – El Trébol, Campamento Central – Cañadón Perdido y Manantiales Behr.
2- Donación de bienes
Además del pago en efectivo -que se abonará en dos cuotas de 12,5 millones de dólares-, YPF se compromete a donar a la provincia una lista de bienes muebles e inmuebles situados mayoritariamente en Comodoro Rivadavia, más un centenar de camionetas (modelos Ford Ranger y VW Amarok) y propiedades de alto valor histórico y social, como el edificio de la administración, los lotes de la zona de ‘Ex Almacenes’ (en km 3) y clubes de zona norte, entre otros lotes.
Para garantizar una supuesta “transparencia” en la asignación de estos recursos, el proyecto de ley propone la creación de un “consejo consultivo” integrado por asociaciones civiles de Comodoro Rivadavia, que tendrá la función de analizar y proponer el destino final de los bienes inmuebles transferidos, asegurando que su uso beneficiará efectivamente a las instituciones y a la comunidad local.
Sin embargo, el intendente de Comodoro Rivadavia aseguró que el municipio no permitirá que se definan bienes históricos ni pasivos ambientales sin participación local y convocó a todos los sectores a respaldar el reclamo.
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