El diario catamarqueño El Ancasti, reconocido por sostener una postura ediorial ampliamente favorable a la megaminería, publicó este artículo reconociendo la mayoría de los impactos negativos de la actividad. Comienza diciendo “A casi dos décadas del inicio de la explotación de Bajo la Alumbrera, el sueño de varias generaciones de catamarqueños puede considerarse sepultado.”
Fuente: El Ancasti
Los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron en la administración de lo que, con muy benevolente criterio, se denomina política minera, no solo son responsables de una gigantesca malversación económica, social y política. Les corresponde sobre todo el mérito de haber convertido la minería en una maldición para Catamarca, tras el despilfarro de la renta pública proveniente de la actividad en clientelismo, demagogia y corrupción, y gestiones caracterizadas por la falta de claridad y las maniobras impregnadas de sospechas.
Como resultado, la minería que arrojó dividendos multimillonarios a las arcas estatales, carece de arraigo cultural en la provincia y es visualizada por la mayor parte de la sociedad catamarqueña como una amenaza. En términos utilizados por los transeúntes del rubro, carece de licencia social.
Sentencia
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena rehacer el informe de impacto ambiental del emprendimiento Agua Rica vino a confirmar la inercia de inoperancia y venalidad que radicales y peronistas comparten.
El tribunal falló a favor de un grupo de vecinos de Andalgalá que objetaron, hace seis años, la aprobación “condicionada” por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia del informe de impacto ambiental presentado para la explotación del yacimiento Agua Rica por la empresa Yamana Gold. Por aquel entonces, gobernaba Eduardo Brizuela del Moral y la repartición minera estaba a cargo de José Sinner.
La Corte avaló el criterio de los vecinos andalgalenses en el sentido de que no existe la figura de aprobación condicionada del informe de impacto ambiental. “La normativa aplicable (arts. 251, 254 y concordantes del Código de Minería y 41 de la Constitución Nacional) no prevé la posibilidad de que se apruebe el Informe de Impacto Ambiental bajo la condición de que, en forma previa a iniciar los trabajos, la empresa minera resuelva las objeciones y observaciones formuladas por la autoridad administrativa”, consigna.
Añade que “de la resolución mencionada, por la cual se aprobó el Informe de Impacto Ambiental presentado para la etapa de explotación del proyecto en carácter de Declaración de Impacto Ambiental, surge que la provincia demandada admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes del inicio de los trabajos, tanto respecto del área de mina Andalgalá, como del área de proceso Campo Arenal”.
Todo a Yamana
La Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca, entonces, le proporcionó a la empresa Yamana Gold un instrumento de significativo valor para traficar en el mundo de los negocios, el Informe de Impacto Ambiental, en forma irregular. Como Yamana Gold no podía desconocer el carácter anómalo del trámite, que lo haya aceptado revela lo torcido de sus intenciones, menos vinculadas al ejercicio de la actividad minera que a la especulación.
No obstante el precedente, el Gobierno en curso no tuvo problemas en asociarse con Yamana a través de la empresa estatal CAMYEN para operar en el área Cerro Atajo. Le otorgó de tal modo el tiempo que la firma privada precisaba para las maniobras especulativas.
Los enjuagues tramados entre los funcionarios provinciales de minería y los representantes de la empresa quedaron en evidencia cuando se conoció que Yamana Gold no desistió del litigio judicial que mantiene con CAMYEN sobre el área Cerro Atajo, pese a los anuncios oficiales de que así lo haría propalados cuando se informó sobre el acuerdo con las alharacas habituales.
CAMYEN, a cargo de Daniel Issi, y la Secretaría de Minería, al mando de Rodolfo Miccone, se resistieron durante meses a publicar los detalles del contrato con Yamana -un funcionario de CAMYEN habló sobre “cláusulas secretas”- hasta que la Corte de Justicia local ordenó girárselo al bloque de la oposición en la Cámara de Diputados. El trámite no se ha cumplido aún en términos formales.
El derrumbe
La sentencia de la Suprema Corte corona con un saldo lamentable el proceso plagado de incompetencia y rastros de corruptelas en el que están asociadas, con más solidez que por el contrato por Cerro Atajo, CAMYEN, Yamana Gold, la Secretaría de Minería y los apadrinadores ubicados en la cumbre del poder provincial.
Agua Rica y Cerro Atajo, que conforman un distrito minero, quedan afectados por severas restricciones. Para Agua Rica debe reformularse el informe de impacto ambiental bajo control comunitario de una sociedad decepcionada y recelosa; la propiedad de Cerro Atajo está en litigio entre CAMYEN y Yamana Gold.
Tal el desenlace de la lúcida política minera provincial. En las hipótesis contractuales, el beneficio para Catamarca de asociarse con Yamana Gold provendría de las utilidades de Agua Rica, cuya explotación es más incierta que nunca.
Vale decir que, de su vínculo con Yamana Gold, Catamarca no ha obtenido hasta ahora nada y las probabilidades de ganar algo en el futuro son más remotas que nunca.
En contrapartida, Yamana Gold retiene los derechos sobre Agua Rica, para continuar con su política de especulación sistemática a la espera de la oportunidad más propicia para negociarlos.
Por qué la Provincia de Catamarca renunció a la chance de aguardar el contexto más favorable para ofertar Agua Rica es un interrogante que admite escasas respuestas lógicas. O se está en presencia de una torpeza y una inoperancia inverosímiles por su desmesura, o alguien embucha los beneficios usurpados a la sociedad.
Pocos dudan a esta altura de que el fracaso absoluto que la política minera arroja para Catamarca tiene su contracara en la prosperidad de un puñado de personajes.
Maldita minería
No puede sorprender la reticencia a otorgar la licencia social a la minería. No sólo inciden en esta prudente conducta el despilfarro irresponsable y venal de la renta minera y los evidentes entuertos en que están complicados funcionarios públicos y actores privados.
Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María -los pueblos mineros- están devastados. No por perjuicios ambientales, sino por el impacto de las lacras que deja el dinero fácil que les cayó en forma de regalías. Sus sistemas productivos fueron arrasados junto a la cultura del trabajo. Las drogas se les enquistaron sobre adicciones en expansión. Las aberraciones sexuales son moneda corriente en paralelo a la prostitución, la timba y el alcoholismo. El vicio en todas sus formas los erosiona moralmente.
Las cuentas para las comunidades son sencillas. Conjugan funcionariato y políticos enriquecidos velozmente, decadencia social y destrucción de los horizontes de progreso ahora que la minería remite.
La bendición de contar con minerales valiosos fue convertida en maldición. El viejo sueño minero degeneró en una pesadilla.
Cajones
En las hipótesis contractuales, el beneficio para Catamarca de asociarse con Yamana Gold provendría de las utilidades de Agua Rica, cuya explotación es más incierta que nunca
Las comunidades mineras asisten a una combinación de políticos enriquecidos velozmente, decadencia social y destrucción de los horizontes de progreso ahora que la minería remite.
