El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establece la creación de un grupo de trabajo de cara a establecer normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus actividades. La propuesta, encabezada por Ecuador y Sudáfrica, ha contado con el aval de una mayoría de este consejo, e implica que en 2015 eche a andar este grupo, antes de la 30ª sesión de dicho consejo.Los países del Sur impulsan un grupo de trabajo para terminar con el blindaje de las transnacionales.

Fuente: Diagonal

Pese al voto en contra de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y de los países de la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy 26 de junio una resolución que establece la creación de un grupo de trabajo de cara a establecer normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus actividades. La propuesta, encabezada por Ecuador y Sudáfrica, ha contado con el aval de una mayoría de este consejo, e implica que en 2015 eche a andar este grupo, antes de la 30ª sesión de dicho consejo. Erika González, de OMAL-Paz con Dignidad, valora la decisión tomada hoy como “un buen primer paso” para “desmantelar el poder coorporativo” y establecer “normas que terminen con su impunidad”.

Un paso que termina con la política que hasta ahora había avalado la ONU, que establecía códigos de cumplimiento voluntario, como el llamado Global Compact o los principios establecidos en 2011, que no establecían la obligatoriedad que asegurase el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las principales empresas transnacionales. La medida ha sido posible gracias al esfuerzo de Ecuador y Sudáfrica, que han aprovechado la composición del Consejo en esta sesión. El Consejo de Derechos Humanos es rotatorio, y en esta sesión –la 26ª–, el equilibrio favorecía a los países del sur global, de modo que, como indica González, “bien trabajada era posible” sacar adelante esta resolución. El resultado ha sido 20 votos a favor de la creación del grupo, 13 abstenciones y 14 negativas. A pesar de todo, las organizaciones de la sociedad civil reunidas en Ginebra señalan la fuerte presión de los países del Norte para que no saliese adelante el grupo de trabajo propuesto, que se ha traducido, según la portavoz de Omal-Paz con Dignidad, en las abstenciones de Argentina y Brasil.

Junto a la labor de despachos de Ecuador y Sudáfrica, la presión de más de 500 organizaciones reunidas en Ginebra en el Tribunal Permanente de los Pueblos ha sido una de las claves, según González, para que comience a ponerse coto a la impunidad de las transnacionales. “Hemos sistematizado la violación de derechos humanos con casos recientes”, resume. Asimismo, se ha producido, indica González, una campaña fuerte de incidencia sobre los Gobiernos en este consejo, gracias a la cual se han podido salvar los obstáculos que los países más poderosos han puesto para mantener la “arquitectura jurídica de la impunidad” construida en torno a las transnacionales.