esp_sev_mina_de_las_cruces120El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado “ilegal” la autorización otorgada por la Agencia Andaluza de Agua (AAA) al Plan Global de la mina de Las Cruces, según han asegurado hoy un comunicado de Ecologistas en Acción, organización que denunció al Defensor dicho permiso.

Fuente: EFE

Sevilla – 16/12/2009. Según Ecologistas, el Defensor del Pueblo ha dirigido una “detallada resolución” a la Agencia Andaluza del Agua (AAA) y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla en la que considera que la autorización del Plan Global de Mina Las Cruces se concedió sin un procedimiento de prevención ambiental previo.

Este hecho “contraviene” la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía, por lo que el Defensor del Pueblo insta a la AAA a la revisión de oficio de la autorización de dicho plan global, que permite la actividad de esta mina de cobre, la mayor a cielo abierto de Europa y ubicada cerca de Sevilla.

Ecologistas en Acción elevó una queja al Defensor del Pueblo la pasada primavera porque consideró que el plan global presentado por la mina no solventaba las deficiencias ambientales detectadas por la Administración en la actividad de esta explotación minera y que conllevaron su paralización.

Para esta organización ecologista, el plan global autorizado por la AAA aumentaba la extracción de aguas del acuífero sobreexplotado Niebla-Posadas hasta los 915.000 metros cúbicos al año, frente a los 160.000 aprobados en 2004.

El plan global también incrementaba hasta más de 400.000 metros cúbicos al año el volumen de aguas del fondo de corta contaminadas con minerales pesados, frente a los 40.000 inicialmente previstos.

Ecologistas en Acción asegura que ya ha advertido en siete ocasiones de estas anomalías a la AAA, “y en todas ellas ha advertido expresamente del flagrante incumplimiento de la GICA”.

El Defensor del Pueblo manifiesta que “no existe pronunciamiento alguno sobre los cálculos realizados por la asociación ecologista, a pesar de que entendemos que los mismos resultan de gran trascendencia para valorar la admisibilidad o no de las modificaciones propuestas por la mercantil lo que no nos lleva sino a pensar que los cálculos podrían ser correctos y la Agencia Andaluza del Agua lo reconoce de forma implícita”, según el comunicado.

También insta el Defensor del Pueblo a la delegada de Medio Ambiente de Sevilla a someter el plan global de Mina Las Cruces al procedimiento de prevención ambiental porque “la modificación del proyecto inicial supone un incremento sumamente considerable de los vertidos inicialmente previstos”, por “los ingentes incrementos que pueden producirse en las aguas de contacto con el fondo de la corta como de la detracción neta de aguas del acuífero” y porque suponen “un incremento en la utilización de los recursos naturales”.

El Defensor del Pueblo insta a la AAA a someter los nuevos sistemas de depuración de la mina a una preceptiva autorización ambiental y a que Mina Las Cruces abone el correspondiente canon de vertido que Ecologistas en Acción cifra en unos 600.000 euros anuales y cuyo impago considera un “trato de favor” del director general del Dominio Público Hidráulico de la AAA, Javier Serrano, a una empresa que ha cobrado 56 millones de euros de subvenciones públicas y que prevé un beneficio de más de 3.000 millones de euros en los próximos quince años.