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NO a la Mina - Minería en Mendoza (Argentina)

La decisión de la Nación de subastar 7 mil hectáreas en Campo los Andes puso en pie de guerra a vecinos de la zona, que ayer cortaron la ruta. Los vecinos de la zona piden que respeten su historia en el lugar, que las tierras no se vendan y exigen explicaciones oficiales. “La Remonta es del pueblo”, “Más de tres generaciones vivimos y cuidamos estas tierras”, “Acá están nuestras raíces” rezaban algunos de los carteles que ayer cortaron la ruta 92, a la altura del Puente del Río, que vincula Campo los Andes con La Consulta. Por qué rechazan el plan de desarrollo propuesto.

El paso a Chile, la ruta internacional que une al océano Atlántico con el Pacífico y la posibilidad de que se pueda transitar mejor o peor, de acuerdo a las circunstancias, es un tema de contante análisis en Mendoza. Al fin y al cabo, somos "el puerto oeste" de la Argentina, aunque "el puerto del este", Buenos Aires, requiera de toda la atención. El historiador del paso a Chile, Pablo Lacoste, advirtió que no se cumplen los protocolos para tránsito de carga peligrosa por la ruta internacional.

El Gobierno nacional tiene una idea firme: atraer inversores aumentando los beneficios a las empresas y llamar a un nuevo Acuerdo Federal Minero. Asambleístas aseguran que la idea nacional afectaría el cumplimiento de la ley 7722 que pone límites a la actividad minera a gran escala en la provincia de Mendoza. Desde el gobierno local afirman que no sucederá.

El gobierno de Mendoza plantea que, si se habilitan proyectos mineros a gran escala, las mineras deberán "devolver" el agua que usen. Una propuesta inaceptable para la población en general y para la producción de alimentos que caracteriza a la provincia, que desde el siglo XIX supo ir conviertiendo y creando oasis de cultivos en el desierto que ocupa la mayor parte de su territorio. Las masivas luchas sociales mendocinas de los útlimos tiempos se centraron en la defensa irrestricta del bien natural agua.


La Subsecretaría de Energía dejará para más adelante un plan de acción de minería metalífera y apunta a emprendimientos de segunda y tercera categoría. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron el espacio de diálogo con gobierno y empresarios mineros como una maniobra para habilitar la minería a gran escala que hoy está severamente condicionada por la Ley 7722 que establece las sustancias químicas tóxicas que tienen su uso vedado en la actividad. La norma, lograda por la lucha de la población, fue declarada constitucional por Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Esta semana conocimos el reclamo de la comunidad Mapuche Lof Rukache, ubicada en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua Escondida (Malargüe). En su comunicado, denunciaron que más de diez empleados pagos, oriundos de San Rafael y Mendoza, estaban alambrando y dejando encerrados un puesto de crianza de animales de la comunidad y gran parte de su campo de talaje, así como asistencia sanitaria a pobladores.

Por fuera del “espacio de diálogo” organizado por el gobierno y al que las Asambleas por el Agua renunciaron denunciando que el Ejecutivo propició el “desprestigio calumnioso” de los ambientalistas, vecinos autoconvocados de San Carlos organizaron una nueva instancia de debate sobre la explotación minera en Mendoza denominado “Encuentro con el Pueblo”.

La firma brasileña que protagonízó el pero dasastre minero de la historia de ese país, confirmó que le buscará inversores privados a Potasio Río Colorado, en Malargüe. Para eso convocará a un concurso internacional. Mientras, avanza en el rediseño del emprendimiento cuya concesión vence en marzo de 2017.

El espacio de diálogo minero propuesto desde el gobierno provincial se verá indudablemente atravesado por el nuevo derrame en Veladero. Las organizaciones sociales de toda la provincia nucleadas en la Asambleas Populares Por El Agua Pura dejaron de participar allí desde comienzos de agosto por considerarlo un espacio de manipulación de la ley 7722 que pone límites al uso de una serie de tóxicos en la actividad minera.

La minera Vale busca un socio para la reactivación de los yacimientos malargüinos, pero en marzo se vencen los plazos que acordó con el gobierno provincial para ello. Ahora, la provincia impulsa un convenio para acelerar las cosas.

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