La explotación del arco minero pondrá en riesgo 12% del territorio nacional y potencialmente afectará la biodiversidad y el clima de gran parte de América del Sur. La advertencia la hizo ayer Ana Elisa Osorio, quien por cinco años fue ministra de Ambiente en el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.
Fuente: A Todo Momento
Ante los diputados, encabezados por Julio César Reyes, Osorio dijo que la zona del sur del río Orinoco, que abarca los estados de la Amazonía Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, “es muy frágil” y está cubierta por selvas importantes. “El decreto del presidente Maduro pone en riesgo ríos como el Caroní, el Paragua y casi todos los que confluyen en el Orinoco. Eso compromete la generación de lluvias y, por ende, de energía hidroeléctrica. La minería podría destruir las selvas del sur en 50 años”.
El 24 de febrero circuló en Gaceta Oficial Nº 40855 el decreto presidencial en el que se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco para el “estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales” y se propone la explotación por áreas del oro, diamante, bauxita, coltán, hierro, cobre, caolín, dolomita y tierras raras.
Ana Elisa Osorio fue la titular del Ministerio de Ambiente que ordenó el cese de las actividades mineras de la empresa canadiense Gold Reserve, que ahora volverá a extraer minerales en el país. “En ese momento, el presidente Chávez me dijo: ‘Dejemos eso ahí hasta que haya tecnologías que permitan extraer las riquezas sin hacer más daño’. Es lo que le pedimos a Maduro. La minería a cielo abierto va a originar contaminación del agua y de la tierra con mercurio y cianuro”.
Criticó la ausencia de un estudio de impacto ambiental, y echó en falta las acciones de resguardo del Ministerio de Ambiente convertido hace un año en Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.
Más que el ambiente. La soberanía, dijo Osorio, también está en riesgo con la ejecución del decreto presidencial. “Serán 150 empresas extranjeras que van a tener sus propios ejércitos, o su propia seguridad, dentro de nuestro territorio para actuar contra la inseguridad, que sabemos que existe en la zona y que no se ha controlado”.
Además señaló el “impacto terrible” que sufrirán la organización y cultura de las 40 etnias indígenas que viven en la zona y que podrían ser “arrastradas” a la actividad minera y a la prostitución.
En lugar de la explotación del arco, la ex ministra propuso que se repatríen los capitales que se fugaron del país en 16 años (más de 400.000 millones de dólares, según su cuenta) con divisas preferenciales de Cadivi, y aseguró que ella y otros “ciudadanos preocupados” se plantean pedir un recurso de amparo que permita la moratoria del decreto.
El diputado Reyes prometió llevar el tema a discusión en la Plenaria en los próximos 15 días.
