Un juez estadounidense ordenó a Newmont Mining Corp., con sede en Colorado, entregar pruebas relacionadas con una represión de la policía peruana en 2011 que dejó paralítico a un campesino que protestaba contra un proyecto minero en el que la compañía era la principal accionista.
Fuente: Associated Press
El juez Robert E. Blackburn ordenó a Newmont entregar fotos y videos relacionados con las protestas cerca del proyecto minero, informes de seguridad de la minera, comunicaciones entre la minera y la policía peruana y comunicaciones internas de la empresa, dijo el jueves por teléfono a The Associated Press Marissa Vahlsing, abogada estadounidense de la organización EarthRights International que presentó la solicitud en 2014 en nombre del campesino Elmer Campos ante una corte de Colorado.
Añadió que la orden de Blackburn está fundamentada en la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite a personas solicitar pruebas en Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar un caso legal en otro país.
Campos, de 33 años, recibió dos disparos que le destrozaron el bazo, el riñón derecho y lo dejaron paralítico de la cintura para abajo. Fue uno de los 24 manifestantes heridos el 29 de noviembre de 2011 cuando más de 1.000 campesinos protestaron contra un proyecto minero que busca sacar más de 200 toneladas de oro de los Andes destruyendo cuatro lagunas. Campos alega que fue baleado por la policía peruana contratada por Yanacocha, la minera más grande de oro de Sudamérica y cuya mayoría accionaria pertenece a Newmont.
AP envió un correo electrónico a Newmont en busca de comentarios sobre la decisión judicial, pero la minera no se ha pronunciado al momento.
Actualmente se lleva adelante en Perú un juicio penal contra los dos agentes de policía al mando de la represión de 2011 y otro proceso civil contra la policía.
Mar Pérez, abogada de Campos en Perú, dijo a AP que la información solicitada en Estados Unidos permitiría responsabilizar penalmente como cómplices a ejecutivos de Yanacocha en el juicio desarrollado en Perú. El pedido “es justo para incluirlos en los procesos en curso, donde aún no los hemos podido involucrar”.
La mayoría de los pobladores andinos de la región norteña de Cajamarca se oponen al proyecto minero, según encuestas. En 2012 otro enfrentamiento entre miles de pobladores y las fuerzas de seguridad dejó cinco civiles muertos.
