Pobladores de Santa Rosa (Áncash) perjudicados por el derrame de concentrado de cobre del mineroducto de Antamina exigen atención médica permanente e indemnización para niños con altos niveles de cobre en sangre.
Fuente: La República
Foto: Cobre en sangre. Tito Damián Vergara muestra un análisis de sangre de su hijo Jhoney con altos niveles de cobre.
Jhoney Damián Rivera, de 1 año y 9 meses de edad, tiene niveles de cobre en sangre (220 ug/dL) que superan ampliamente el rango de referencia. El 25 de julio inhaló junto a su madre y su hermana de 7 años partículas del concentrado de 14 metales dispersado en el aire tras la ruptura del mineroducto de Antamina a su paso por la pequeña comunidad de Santa Rosa de Cajacay (Áncash). Toda la familia, al igual que 42 de sus vecinos, fue hospitalizada en la Clínica San Pablo de Huaraz tras el accidente y dados de alta 72 horas después tras suministrarles suero y paracetamol.
Pero los síntomas persistieron. Hoy Jhoney sufre de problemas gastrointestinales y sangrado en orina, síntomas por los que fue recientemente trasladado a la Clínica Internacional en Lima para ser tratado por especialistas con el apoyo de Antamina. Su padre, Tito Damián, acaba de conseguir tras meses de búsqueda el análisis de sangre de su hijo, realizado por el laboratorio privado ROE dos días después del accidente. Está desesperado por los resultados.
En agosto, el Instituto Nacional de Salud hizo público que 7 niños de la comunidad tenían niveles de cobre en sangre por encima de los valores permisibles. Jhoney no se encuentra entre ellos ya que su análisis no fue realizado por esta entidad pública sino por Antamina. Con él, serían 8 los niños afectados cuyos resultados son conocidos.
Al respecto, Walter Oyola, supervisor senior de Salud de Antamina, asegura que los 7 niños identificados por el Instituto Nacional de Salud tienen controles periódicos todos los meses “con buena evolución”, pero manifiesta que ni los niños ni los adultos tienen dolencias relacionadas con la inhalación del concentrado de cobre. En el caso de Jhoney afirma que “no existe información de que sus síntomas estén relacionados con el evento (accidente)”, aunque asegura que seguirán apoyando el caso.
Por su parte, el toxicólogo Carlos García (1 de los 5 que existen en el país) consideró necesario que los niños pasen controles sanguíneos periódicos y se descarte afección hepática o renal producto de la exposición al concentrado, clasificado como “muy tóxico” por la Hoja de Seguridad de Antamina.
El alcalde del distrito de Cajacay, Felipe Santos, denunció a La República que desde el 10 de diciembre el equipo médico de 11 especialistas movilizado por Antamina tras el accidente abandonó la posta médica de Santa Rosa.
Antamina confirmó que este equipo ha sido reducido, pero garantizó que un médico internista, una psicóloga, una obstetra y una enfermera permanecerán en Santa Rosa todo el tiempo que sea necesario.
Esta reducción del personal desplazado del Colegio Médico –financiado por Antamina– se debe según la empresa a que las consultas relacionadas con el accidente cesaron a partir de la segunda quincena de agosto. Sin embargo, el presidente de la comunidad de Santa Rosa, Hilario Morán, afirma que la población continúa con sangrados nasales, dolor de cabeza y vómitos. “Antamina no ha hecho nada por la población”, denuncia. “Ellos solamente con traer médicos a la posta creen que ya solucionaron el problema pero no es solo eso”.
Morán considera insuficiente que los niños afectados pasen chequeos periódicos en la posta y pide para ellos un tratamiento con especialistas garantizado de por vida. “A los niños Antamina tiene que indemnizarlos por haber afectado su salud”, exige. “O Antamina soluciona el problema o vamos a juicio”, advierte tras afirmar que pedirá asesoría internacional porque “no se puede quedar con los brazos cruzados”.
Todavía no hay sanción
A pesar de los 5 meses transcurridos desde la ruptura del mineroducto de Antamina a su paso por Santa Rosa de Cajacay, ni Osinergmin ni la OEFA han emitido un dictamen en relación con las posibles sanciones a la compañía minera.
El gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Áncash, Erick Mautino Minaya, manifestó su “extrañeza” por la dilación del proceso de sanción a pesar de que la minera reconoció errores en su plan de contingencia de la emergencia. Por ello pidió una reunión de evaluación en Lima en la que participen Antamina y las autoridades locales, regionales y nacionales competentes para rendir cuentas de lo actuado por cada una de ellas.
