La reforma de 32 artículos fue aprobada con 42 votos a favor y 15 en contra, en un Parlamento dominado por cuatro partidos de derecha pro gubernamentales. Panamá,.- La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en el tercer y último debate una reforma al código minero de 1963, el cual permitirá la inversión de gobiernos extranjeros en la industria, en medio de protestas encabezadas por indígenas.
La reforma de 32 artículos fue aprobada con 42 votos a favor y 15 en contra, en un Parlamento dominado por cuatro partidos de derecha pro gubernamentales.
Luego de la aprobación de la reforma, la indignación llevó a los indígenas apostados en las afueras del Parlamento a gritar consignas anti gubernamentales.
“Que el pueblo panameño se levante y vamos a las calles a defender nuestro derecho”, dijo el cacique general de la etnia Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, al advertir que está dispuesto a dar su vida si es necesario para oponerse a la explotación minera.
La iniciativa del presidente Ricardo Martinelli abre las puertas a la inversión en Panamá de gobiernos y Estados extranjeros a través de empresas con la condición de renunciar a eventuales reclamos diplomáticos.
Además se eleva de 2.0 a 5.0 por ciento el pago de regalías por parte de las empresas mineras y se establecen algunas medidas medioambientales, aunque ninguna de esas disposiciones convencen a indígenas, campesinos y ambientalistas.
“Será en las calles como vamos a acabar con este funesto proyecto de ley”, dijo el diputado del opositor y ex gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rubén De León.
Por su parte, el legislador de ese mismo colectivo Leandro Avila dijo que “El PRD no se opone a la minería” sino a la iniciativa de Martinelli por permitir a gobiernos extranjeros invertir en Panamá además de cuestionar la falta de defensa ambiental.
La aprobación legislativa ocurrió en medio de protestas protagonizadas por indígenas Ngöbe-Buglé, quienes rechazan la iniciativa por temor a ser desalojados de sus tierras.
Decenas de indígenas amanecieron el jueves en las afueras de la sede parlamentaria a la espera de la aprobación y anunciaron movilizaciones en contra de la iniciativa, con el apoyo de organizaciones obreras y populares.
Desde la semana pasada, indígenas han cerrado la Vía Interamericana, en San Félix, 380 kilómetros al oeste de la capital panameña, cerca de Cerro Colorado, donde está la segunda reserva mundial de cobre, con potencial de explotación.
El gobierno envió el miércoles a San Félix al viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, para buscar el fin de las protestas mediante reuniones con dirigentes indígenas, ambientalistas y líderes religiosos.
En la capital, el rechazo a la iniciativa del gobierno lo protagonizan también estudiantes universitarios, con cierres intermitentes diarios de la Vía Transístmica, en el sector de la Universidad de Panamá (UP).
El rector de UP, Gustavo García, anunció la suspensión de las clases “hasta que haya un clima que permita el desarrollo de la parte académica”.
El presidente Ricardo Martinelli acusó sin dar nombres a empresas extranjeras de estar detrás de las protestas para mantener su monopolio en la producción de minerales como el cobre, pero los opositores al proyecto rechazaron ese señalamiento.
