Representantes de 40 ejidos de los municipios de Tuzantan, Huhuetan, Motocintla, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Motozintla, Chicomuselo y Comalpan del estado de Chiapas, junto a un nutrido grupo de organizaciones sociales declararon libres de represas hidroeléctricas y explotación minera, a sus tierras y territorios.

Fuente: DesInformémonos
Reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, en Tapachula, los participantes del encuentro refrendaron la declaración de “la voz del pueblo”, adoptada en ese mismo punto en diciembre de 2013, en que exigieron “que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos proyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios”

Existen dos grandes proyectos de hidroeléctricas en las zonas mencionadas, llamados Chespal y Cuilco, a los que el comunicado emitido de esa reunión menciona particularmente, lo grave, dicen, es que los proyectos extractivos tienen apoyo institucional.

“Es de nuestro conocimiento que las autoridades federales, estatales y municipales de Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de los bienes naturales que durante años hemos cuidado.”

La declaración se basa en la convicción de que los pueblos tienen derecho “al buen vivir” y a definir sobre el mejor uso de las tierras, estrechamente ligado al destino y patrimonio de las familias que allí lo ocupan. Pero sobre todo, en que esa decisión afecta directamente las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y a los pueblos indígenas. “Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos.”

Además de los representantes de los 40 ejidos, la declaración de territorio libre de proyectos extractivos fue secundada por el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas.