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NO a la Mina - Minería en México

Comunidades de Acacoyagua rompieron el diálogo que desde octubre pasado habían sostenido con representantes de la región Soconusco del gobierno del estado, ante mal lograda petición de retirar una minera que, a decir de los habitantes, lo único que he llevado es enfermedad y muertes desde el 2013 al 2015. Los y las habitantes conformados en el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) llevan 143 días en dos campamentos en esa región para exigir el cierre de la mina “Casas Viejas”, de la empresa “El Puntal SA de CV”, así como la cancelación de las 13 concesiones mineras que existen en ese mismo municipio. Los permisos están dentro de la húmeda y caudalosa Sierra Madre de Chiapas y la reserva costera La Encrucijada.

Miércoles, 15 Febrero 2017 12:20

Mineras, la voracidad latente

Al inicio de la administración del contador Tello al frente del gobierno, las compañías mineras que actualmente operan de forma intensiva en Zacatecas (Peñoles, Frisco, First Majestic, Goldcorp) lo emplazaron de manera urgente a desistir del decreto federal por el que se declararía la zona norte del estado como Área Natural Protegida.

El acceso a la mina “Media Luna”, que había sido cerrado por pobladores de la comunidad del Nuevo Balsas desde el pasado 29 de enero, fue liberado por una parte de los manifestantes, luego de lograr acuerdos con los habitantes inconformes. El vocero del movimiento que solicitó el anonimato, afirmó que si bien desde el viernes se había acordado levantar el movimiento “este día en la reunión con los funcionarios de gobierno, 25 de los 90 compañeros que participamos en el movimiento, decidieron continuarlo y permanecen a la altura del puente ubicado antes de la mina”.

Jueves, 09 Febrero 2017 20:43

Acuden ante la ONU para denunciar desalojo

Las 17 familias que se niegan a abandonar la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, Zacatecas, acudieron ante el relator de las Naciones Unidas, Michale Forts, y ante la Secretaría de Defensa Nacional, para denunciar el derrumbe de más de 80 casas y propiedades de su pueblo; incluso, presentaron como pruebas la bandera de México, papeles históricos y sus pertenencias.

 

Las mineras siempre se especializaron en burlar controles y asegurarse máximas ventajeas. Las empresas que extraen oro y plata en México pueden defenderse del posible arancel de 20 por ciento que interpondrá Estados Unidos a la importación de productos mexicanos, tal como lo ha propuesto Donald Trump, consideraron ejecutivos de empresas. Los mandarían a otros países y seguirían ganando lo mismo, pues los metales preciosos son adquiridos por inversionistas de cualquier parte del mundo.

En función de la coyuntura que ha creado la declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de construir un muro en la frontera con México y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causaron extrañeza las palabras de un integrante del Gobierno de Canadá: "Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después".

Por segundo día vecinos de cuatro pueblos cercanos a la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, bloquearon el acceso a esa minera, en demanda de indemnización ante los daños ambientales que provoca. Mientras tanto la minera movilizó a trabajadores y a civiles armados, para impedir que los inconformes recibieran la solidaridad de grupos sociales externos, y sometieron al dirigente de los trabajadores del sindicato de mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica.

Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.

Guardias privados los amagaron y sus viviendas fueron destruidas con maquinaria pesada. Los obligan a irse a casas de lámina y a firmar un contrato de comodato que vence en dos semanas. La empresa asegura tener título de propiedad; según los pobladores, es apócrifo.  Adempas, según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.

Pobladores de las comunidades de Nuevo Balsas, Real de Limón y la Fundición del municipio de Cocula, iniciaron un bloqueo en la minera Media Luna y medio centenar de trabajadores de la empresa cerraron la carretera para evitar que habitantes que otros municipios los respalden. Desde abril del 2016 la minera canadiense Media Luna no les ha cumplido el pliego petitorio, entre ellos el pago de indemnización de 500 mil pesos a cada familia por la contaminación que genera al río Balsas, la cual afecta la salud de los habitantes y con ello baja la producción de la pesca.

El impuesto ecológico que las empresas mineras, concretamente Goldcorp y Peñoles y Grupo Modelo se niegan a pagar terminantemente, podría provocar un conflicto internacional. El gobierno de Canadá actuará con firmeza para proteger los intereses de sus empresarios. El miércoles próximo llega a México Jim Carr, ministro de Recursos Naturales de Canadá, responsable de todo lo relacionado con la minería, energía e industria forestal. Por supuesto, el tema principal en las conversaciones de Carr con los funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto será el impuesto ecológico que creó el gobierno de Alejandro Tello en Zacatecas.

De acuerdo con lo informado por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), el Segundo Tribunal Colegiado de Material Penal y Administrativa en Torreón, Coahuila, admitió el amparo interpuesto por ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita de Galeana en Durango, promovido en diciembre pasado con el propósito de que se les garantice el derecho de acceso a la justicia en su disputa territorial con la minera Excellon de México S.A de C.V.

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