Azacualpa, La Unión, en el occidental departamento de Copán es ahora el escenario de un nuevo conflicto minero que en abril de 2014 se agudizó con la entrada de militares en la zona para reprimir a quienes exigen un alto a la explotación minera.
Fuente: Radio Progreso
La empresa trasnacional canadiense Aura Minerals cuya subsidiaria en Honduras se llama Minerales de Occidente S.A., con una base de recursos actual de más de 1.6 millones de onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos, ha explotado desde 1983 el subsuelo de las comunidades San Andrés y San Miguel en el municipio de la Unión Copán.
Ahora los pobladores de Azacualpa, ubicada en la parte más alta de La Unión denuncian que su comunidad se ha vuelto inhabitable y la empresa quiere ampliar la explotación de forma que hasta el cementerio comunitario sería removido.
Orlando Rodríguez, vicepresidente del patronato de Azacualpa, asegura que ellos habían llegado a un acuerdo con la empresa canadiense pues su plan siempre fue expandirse. El trato era que la comunidad fuera desplazada a una zona con condiciones dignas para vivir, sin embargo la explotación se fue extendiendo y el compromiso de la empresa no se ha materializado.
La gente de Azacualpa se resignó a perder sus tierras, sus solares amplios, su vida de tranquilidad cuando la empresa minera comenzó a desplazar las comunidades vecinas. La riqueza bajo el subsuelo es tan grande que la minera piensa explotar a costa de la vida de las comunidades. Rodríguez asegura que ellos han pedido que se les respeten sus derechos y sus vidas.
Cuando la empresa anunció que tenían permiso de explotar a 50 metros del cementerio, la comunidad dijo NO.
“Ellos quieren explotar el suelo del cementerio pero la comunidad no está de acuerdo, nosotros tenemos una escritura pública que nos da la potestad de evitarlo. Ellos alegan que tienen permiso para explotar a 50 metros del cementerio, nosotros como patronato decidimos consultar al pueblo casa por casa y la mayoría no está de acuerdo que se saquen los restos del cementerio, pero ellos han usado la fuerza porque tienen militarizada la zona y siguen explotando”, explicó el líder comunitario.
Según el patronato, varios geólogos han dicho que la comunidad es ahora inhabitable y es necesario el desplazamiento, sin embargo los pobladores tienen miedo ahora que las relaciones con la empresa trasnacional se han tensado y el conflicto se va volviendo más violento.
“Se llegó al consenso que si la empresa quería explotar, tenía que reubicar la comunidad pero ya se ve el avance del tajo que van explotando y el compromiso con la comunidad parece no avanzar. Hemos tenido varias sesiones y ahora ya no envían a sus representantes sino a la policía, eso es represión.”, explicó.
El 15 de abril de este año, el patronato decidió realizar medidas de presión. Se tomaron la entrada por 15 días sin dejar pasar los camiones de la minera tras las negativas de dialogar con ellos. Fueron desalojados, golpeados, gaseados, según cuenta este miembro del patronato, mujeres y niños fueron afectados y 21 personas fueron procesadas judicialmente y continúan con medidas sustitutivas.
