La licencia de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada durante los últimos 6 años ha desencadenado cientos de ilegalidades para hacerla funcionar, desde la difamación, acoso, intimidación, atentados armados, asesinatos de líderes comunitarios y criminalización por parte de una empresa minera de los Estados Unidos, la represión del Estado con varios desalojos violentos y las acciones ilegales desde el Ministerio de Energía y Minas para otorgarle la licencia minera, estos son algunos de los antecedentes a cuatro años de resistencia comunitaria contra la extracción minera a escasos 18 kilómetros de la capital.
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Fuente: Prensa Comunitaria Km 169
Las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo que se mantiene en resistencia pacífica desde el año 2012 en la entrada de la mina El Tambor “Progreso VII Derivada” más conocido como a “La Puya”, se presentaron el día viernes 11 de marzo 2016 a una citación hecha por diputados de Convergencia por la Revolución Democrática (CRD) con el ministro de Energía y Minas, el señor Juan Pelayo Castañón en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La primer sorpresa para la delegación de La Puya fue la inasistencia del actual ministro, en su lugar asistió a la citación el viceministro Víctor Aguilar junto a Ida Keller directora general de minería y Dulce María Leal secretaria general del MEM, y por la bancada CRD la diputada Sandra Morán y el diputado Álvaro Velásquez.
Los diputados citaron a las autoridades del MEM para que dieran una explicación del porqué no han acatado la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida desde el día 22 de febrero 2016, en su sentencia la CSJ resolvió la suspensión de manera provisional de la licencia de explotación minera otorgada por el MEM en 2011.
Los magistrados de la CSJ otorgaron el amparo a Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) por considerar que la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) violaron el derecho de consulta de la gente, este proceso establecido por la ley como paso previo a recibir la licencia en 2011.
Ante esta resolución de la CSJ el Ministerio interpuso un amparo indicando que la resolución de la Corte no es claro dado que la licencia de la mina no está en proceso y por declaraciones a la prensa del jefe del departamento jurídico del MEM el señor Rogelio Zarceño afirmo que no la acatan porque la licencia fue ya entregada desde 2011.
¿Por qué no acatan la sentencia de la CSJ?
El diputado Álvaro Velásquez al referirse al amparo afirmó “la sospecha de la comunidad es la toma de partido por parte del Ministerio a beneficio de la empresa, seguido cuestiono ¿Está acción jurídica que ustedes están haciendo es en función de los intereses de la empresa? ¿A qué viene a contravenir la resolución de la CSJ? ¿Qué es lo que habría que aclarar de esa resolución? Y ¿Cuál es el interés del Ministerio para que esta empresa siga trabajando?”
Para responder a las preguntas del diputado, el funcionario del ejecutivo indicó “no existe ningún interés y que junto al departamento jurídico estamos analizando cómo proceder”
-¿Entonces la decisión viene del departamento jurídico y no de las autoridades del Ministerio?
-Nosotros damos órdenes para que nuestro departamento jurídico evalúe de manera jurídica y técnica cada situación.
El abogado del MEM y la resolución de la CSJ
El abogado Rogelio Zarceño Gaitán fue Magistrado Vocal VI de la CSJ en 2011-2014, tienen 26 años de ejercicio profesional y ha sido asesor de empresas farmacéuticas y petroleras en Guatemala.
Según indicó la diputada Sandra Morán que Rogelio Zarceño ahora jefe jurídico del MEM fue parte de la Corte Suprema de Justicia cuando se interpuso el amparo.
A criterio del Rafael Maldonado del Calas, Zarceño conoció el amparo, entonces, nunca tuvo que haber emitido opinión respecto a la resolución por consideraciones legales y en este caso está acudiendo en delito.
“Ante esta prohibición la actuación de Zarceño lo convierte en haber cometido el delito de patrocinio infiel, porque aquí está la firma del licenciado Zarceño” dijo mostrando la copia del amparo e indicó: “pongo a su conocimiento señor viceministro sobre el delito del licenciado Zarceño y ahora tiene la obligación de trasladarlo a donde corresponde”.
Contexto de la resistencia y la actuación de la empresa y el MEM
Entorno a la actuación del Ministerio ha provocado una situación cada vez más tensa indicó la diputada Morán tras mencionar la presencia agentes antimotines de la Policía de Nacional Civil PCN en el lugar el miércoles 9 de marzo y la presencia de dos jueces convocados por la empresa minera el jueves 11.
“Llegaron dos jueces convocados por la empresa, uno del municipio de San Pedro Ayampuc quien se negó indicando que la resolución de la CSJ establece que la licencia está suspendida y usted caería en ilegalidad, ante esta postura la empresa llamó al juez del municipio de Chinautla y él les dijo lo mismo, pero la actuación del Ministerio está basada en cometer una ilegalidad”.
A estas afirmaciones el viceministro indicó que respecto a la presencia de agentes de antimotines de la PCN, al Ministerio solo les han llegado rumores que no pueden comprobar, y esperan que la próxima semana pueden mandar algún inspector al lugar porque no tienen un monitoreo continuo respecto a esta mina, porque indicó que no todas las minas tiene el mismo nivel de monitoreo.
Sin embargo, cuando el viceministro se refería a los monitoreos fue interrumpido por la directora general de minería Ida Keller a lo que procedió cederle la palabra. Keller dijo que no pueden realizar los monitoreos de rutina dado que esta semana, porque no pueden ingresar a sus oficinas, refiriéndose a la resistencia pacífica que mantiene las comunidades enfrente del Ministerio.
A esta postura Rafael Maldonado de Calas indicó que las comunidades solo están haciendo uso de un derecho constitucional y la resistencia enfrente el Ministerio fue informado las instancias respectivas hasta el mismo ministro. De igual manera según Maldonado la resistencia comenzó el miércoles 9 de marzo, una acción legítima ante la actitud del Ministerio.
Al Ministerio se pidió por parte de Morán que entregaran un informe circunstanciado sobre el último monitoreo realizado de esta mina en un tiempo de 48 horas. Y que se invitó al ministro Pelayo Castañón para el próximo viernes 18 de marzo a medio día, al ausentarse nuevamente, se tomarán acciones administrativas.
