El 2 de marzo próximo se cumplen dos años de resistencia pacífica en La Puya, San José del Golfo, por la oposición a la actividad minera que se quiere desarrollar en el lugar, a lo que pobladores indican que solo hacen uso de su derecho constitucional por la defensa de los recursos naturales.
Fuente: La Hora
Según Antonio Romero, poblador de San Pedro Ayampuc, en la actualidad se vive una incertidumbre por el sistema político que se encuentra establecido en Guatemala, sin embargo, hay tranquilidad en el área donde se encuentra la resistencia.
Romero indica que la población está convencida de que la resistencia es en defensa de la comunidad y sobre todo en defensa de la vida, “en ese sentido nos sentimos satisfechos, porque estamos basados en ley”.
El líder comunitario indica que las comunidades saben perfectamente que las empresas transnacionales trabajan “de la mano” con los gobernantes. El año anterior, comunitarios de San José del Golfo, se reunieron con el presidente Otto Pérez Molina para expresarle sus puntos sobre la problemática que se vive por la actividad minera en el lugar.
Por su parte, Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), dice que es un modelo de resistencia reconocido a nivel mundial establecido y legitimado en la Constitución Política, siendo un mecanismo que le ha permitido a la población ejercer el derecho y ha sido efectivo, ya que han logrado detener las operaciones de la empresa minera.
Maldonado indica que la solución que se plantea para resolver el conflicto en La Puya es que el Gobierno como Estado reconozca que fue un error en la licencia que otorgó en fraude de ley, ya que no se les consultó a las comunidades afectadas; el mecanismo adecuado sería la cancelación de dicha licencia.
Esto porque la Ley de Minería establece que si una empresa no ha podido operar en un año, la licencia debe ser suspendida. Además, indica que el mandato Constitucional en el artículo 2 establece que el Estado se organiza para garantizar la paz social de las comunidades, entonces si algo han demostrado los proyectos mineros es que alteran la paz social y generan conflictividad por lo que el Estado debe dar marcha atrás a esos proyectos, anotó el entrevistado.
