La Red Centroamericana por la Defensa de las aguas fronterizas denunció esta mañana que el parque industrial Minero que está impulsando el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en el municipio de Corpus; departamento de Choluteca va a contaminar severamente las aguas del Golfo de Fonseca que comparten Honduras Guatemala y El Salvador.

Fuente: Radio Nacional de El Salvador
El Ambientalista Carlos Amador vino desde Honduras para advertir a nuestro país sobre las consecuencias que trae para las aguas fronterizas el proyecto de exploración y explotación minera que desde hace dos años impulsa el gobierno de Honduras.

Amador recordó que la minería genera graves afectaciones al medio ambiente y a la salud humana y señaló que para el caso de Centroamérica, el problema se vuelve más agudo debido a las amenazas del cambio climático.

“Las aguas que sean vertidas en la producción minera sin duda van afectar las aguas del Golfo de Fonseca en el área de El Salvador…de tal manera que el reclamo que estamos haciendo es que no pueden los gobierno de otros países estar haciendo producción minera y afectar a nuestros compañeros, amigos y compatriotas de El Salvador”, denunció Carlos Amador.

Los ambientalistas recordaron que Guatemala, Honduras y Nicaragua estimulan, incentivan y promueven la explotación minera, aun cuando esta actividad solo favorece a las empresas trasnacionales.

Octavio Gasparico, ambientalista de Guatemala recordó que proyectos como La Mina Cerro Blanco, el proyecto Quezada en Jutiapa y la Mina San Rafael de Santa Rosa ya han sido rechazados por los habitantes de las comunidades y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Es importante recordar que El Salvador cuenta con una Ley vigente que permite la minería metálica; sin embargo existe una suspensión de hecho derivada por una decisión política de no otorgar permisos a las empresas transnacionales.

Los Ambientalistas salvadoreños aseguran que es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que prohíba la explotación minera, pero mientras esto sucede, le hacen el llamado al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén que vía decreto ejecutivo se prohíba esta actividad.