Miles y miles de asambleístas del agua de la provincia de Chimborazo demandaron que sus propuestas sean debatidas e integradas en el segundo informe de la Ley de Aguas, mientras comisión parlamentaria aprueba artículos privatizadores.
Por Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
07/04/2010. Los Pueblos de la Provincia de Chimborazo se movilizaron ayer para demandar a los asambleístas de la mayoría oficialista que debatan de forma democrática y participativa la propuesta de los nudos críticos presentados por las organizaciones nacionales y regionales. La gran movilización fue convocada por Interjuntas Chimborazo, el Movimiento Indígena de Chimborazo, el Seguro Social Campesino y demás organizaciones sociales, campesinas e indígenas de la provincia.
La marcha se inició en el parque infantil y estuvo encabezada por las autoridades de los gobiernos comunitarios y sociales, el Prefecto de la Provincia Mariano Curicama, Mesías Usigña de las Juntas de Regantes de Quimiag, y los Asambleístas Gerónimo Yantalema por Chimborazo y Ramiro Terán de Imbabura. Los caminantes proclamaron “El agua no se vende, el agua se defiende”, “el agua es del pueblo y no de SENAGUA”.
Una vez recorridas las principales calles de la ciudad, la multitudinaria marcha concluyó con una gran asamblea plurinacional en la legendaria Plaza Roja de la Ciudad de Riobamba, donde las autoridades de los gobiernos comunitarios y los gobiernos de las juntas de regantes y del agua de consumo humano entregaron la propuesta de los nudos críticos e insistieron que sea firmada por los integrantes de la comisión.
Delfín Tenesaca, Presidente de la ECUARUNARI, convocó a la multitudinaria Asamblea a mantenerse movilizada y demandar con firmeza que los planteamientos de las comunidades, pueblos, nacionalidades y ciudadanía en general sean tratados al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria, además convocó a la gran movilización nacional en defensa del agua y la vida de todos los pueblos y nacionalidades que constituyen el Estado Plurinacional.
En la Asamblea se recordó que el 26 de marzo pasado las organizaciones nacionales y regionales elaboraron un documento de consenso que se resume en: la Autoridad Única del Agua-Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua, participación, desprivatización del agua, aprovechamiento productivo del agua, tarifa mínima vital y gratuidad del agua para consumo humano y riego para soberanía alimentaria, fondo del agua para la vida, contaminación y descontaminación, deterioro de las zonas de recarga hídrica.
El lunes 29 de marzo entregan la propuesta en el pleno de la comisión y proponen su tratamiento. La comisión se instala el lunes 29 a las seis de la tarde e reinicia el debate, las organizaciones piden que se debatan los nudos críticos, propuesta que no es aceptada, razón por la cual y denunciando la falta de sensibilidad a la propuesta de las organizaciones, éstas se retiraron de la sesión, que inmediatamente se suspendió. Lo mismo ocurrió el martes 30 por la mañana, sin embargo a las ocho de la noche los asambleístas del oficialismo se encerraron en reunión reservada y aprobaron los artículos relacionados con el aprovechamiento productivo del 85 al 135 (50).
De esta manera se legitimó el acuerdo del ejecutivo, los asambleístas del oficialismo con los acaparadores y privatizadores del agua, que significa:
– La eliminación de la participación accionaria del Estado y las comunidades en las empresas embotelladoras y servicio turístico que utilizan aguas termales.
– La eliminación del principio de consentimiento previo de las comunidades para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento productivo (minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, etc.).
– Que el consejo Plurinacional y consejos relacionados sean únicamente consultivos de espacio de opinión ciudadana.
Resumen de artículos aprobados:
– En el Art. 85 se elimina el derecho colectivo de administrar los lugares en que tradicionalmente las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades practican ritos, valores culturales y sagrados del agua.
– En el Art. 88 se elimina la posibilidad que los resultados de la consulta previa sean tomados en cuenta al momento de expedir la respectiva resolución.
– En el Art. 89 se cambia la prohibición de dar autorizaciones que afecten al derecho humano al agua, el riego para la soberanía alimentaria y ecosistemas asociados al ciclo hidrológico por caudal ecológico.
– En el Art. 90 se cambia el orden de prioridad de aprovechamiento productivo: eliminan la primera prioridad de turismo ecológico y cultural y cambian por riego para agroindustria, acuicultura, y producción agropecuaria de exportación.
– En el Art. 91 se deja abierta a cualquier forma de organización de la producción de la economía (empresa privada), cuando el sector estratégico es competencia del Estado.
– En el Art. 92 se elimina la protección de los ecosistemas relacionados con el ciclo hidrológico en el momento de conceder autorizaciones de aprovechamiento productivo.
– Se elimina además el consentimiento previo, libre e informado y obligatorio de las poblaciones afectadas.
– En el artículo 93 se junta el negocio del agua con el negocio de la tierra: “por excepción serán transferibles en caso de que se transfiera el dominio de la tierra”.
– En el Art. 98 se ratifica la privatización, al dejar libre a la empresa privada la autorización del agua para empresas del sector estratégico como la generación de hidroelectricidad y conectan con la Ley Minera inconstitucional por inconsulta y propiciadora del modelo extractivista y destructor de la Pachamama.
– En el Art. 101 se ratifica la privatización al reiterar dentro de la gestión pública la “empresa prestadora”. Además al unificar a este artículo con el artículo 102, se encubre a los contaminadores del agua.
– En el Art. 103 se elimina la sanción a empresas acuícolas (camaroneras) que estén ocupando áreas de manglar.
– En el Art. 104 dejan lista la disposición de dar concesiones mineras en fuentes de agua, a la vez que enlazan con la Ley Minera inconstitucional (y dejan pendiente su aprobación).
– Se eliminan sin ninguna justificación los Art. 116 al 119, referidos a las sanciones a operadores de aprovechamiento productivo que infrinjan la ley.
– Se eliminan los Art. 130 y 132 referidos al registro público y las infracciones administrativas atribuidas a la autoridad de demarcación hídrica.
En resumen: La privatización del agua es un negocio redondo de las multinacionales, envasadoras, administradoras de agua potable y saneamiento ambiental, las que aprovechan las termales, y las empresas multinacionales agroexportadoras que exportan el agua virtual, que generan rentabilidad anual que superan los miles de millones de dólares y no contribuyen un dólar para la protección y preservación de las zonas de recarga hídrica, el agua envasada ya supera en el 100% al costo de la leche. Siendo éstas además, las que más contaminan el agua y la Pachamama con toda la basura química y plástica que generan.
Los contaminadores que son en parte los mismos privatizadores del agua, expulsan toneladas de aguas sucias no tratadas, tanto de la actividad minera, petrolera, de la agro exportación, y las aguas negras de las grandes ciudades, que son descargadas a quebradas y ríos y estas a su vez contaminan las vertientes y el agua de riego para la soberanía alimentaria, poniendo en alto riesgo la salud del pueblo.
Los acaparadores que representan al 1% de ecuatorianos, concentran el 65% del caudal del agua, que a más de contaminar exportan millones de toneladas métricas de agua virtual y no pagan el costo real de las concesiones, tampoco contribuyen con un centavo para la recuperación y manejo de las zonas de recarga hídrica. Mientras los pequeños campesinos e indígenas que cuidan las vertientes y cultivamos la tierra para la soberanía alimentaria, apenas acceden al 12% del caudal del agua, incluida una deficiente infraestructura de agua de consumo humano y de riego.
El deterioro de las zonas de recarga hídrica constituye una amenaza brutal contra la humanidad y la Pachamama, sin que se haya invertido un centavo desde el Estado y peor desde los privatizadores y acaparadores del agua.
Todo bajo el encubrimiento y la complicidad de la Autoridad del Agua, administrador que entregó los mayores caudales del agua a los privatizadores y acaparadores del agua. Sólo en la provincia de Chimborazo existen más de cuatro mil conflictos de agua, que no han podido ser resueltos por la SENAGUA.
Los articulados que acaban de aprobar la mayoría oficialista, únicamente pretenden seguir legitimando esta situación de violencia que amenaza a todos los ecuatorianos y pone en riesgo a toda la Pachamama.
