20 años de lucha antiminera. Los campesinos del valle subtropical imbabureño se han opuesto a firmas japonesas y canadienses. Ahora llega la estatal Enami. Estas son las razones de su bloqueo y las alternativas que plantean.

Fuente: Hoy

Si acaso tú no ves más allá de tu nariz y no oyes a una flor reír… Entre los intersticios de una casa de tablones, Mago de Oz se deja oír en Junín, mientras un torbellino de golondrinas vuela hacia las lomas del Toisán.

Abajo, la gente acomoda las cabezas de plátano limeño recién cortadas, limpia las yucas arenosas y tiende fréjol, café y morocho. Bebe, danza, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti… Los rockeros españoles marcan el ritmo en la comunidad del subtrópico imbabureño, donde 260 personas quieren vivir de la agricultura, el turismo, la hidroelectricidad… No de la minería.

Las golondrinas ahora planean sobre los penachos de bosque primario del Toisán, de donde saltan las cascadas esmeralda que se convierten en los ríos Chalguayacu, Cristopamba, San Pedro, Junín… “Si ve -dice Israel Pérez, agricultor que nació en este valle hace 56 años-: allí quieren poner las minas. Pero eso no pasará. Nuestra riqueza es el agua y la defenderemos generación tras generación, nunca cogiendo un arma, sino con la resistencia”.

Pérez sabe de qué habla. Hace ocho años una bala partió su piel en la pantorrilla, cuando un grupo paramilitar arremetió contra la gente que se oponía, mediante una cadena humana, a la avanzada de la minera canadiense Ascendant Copper. Fue el 2 de diciembre de 2006 y en una de las cuchillas de las montañas de Chalguayacu Alto (ver foto principal), la gente soportó gas lacrimógeno, balas, juicios penales y demás amenazas hasta que la empresa se marchó en 2008.

Esa fue su segunda victoria social. ¿Y la primera? Alirio Ramírez lo cuenta. Él tiene 44 años y es el último hijo de una de las primeras familias que se asentaron en Junín, seis décadas atrás. Alirio sabe que toda la región de Íntag está en pie de lucha desde hace 20 años, cuando la firma japonesa Bishmetal Exploration llegó al lugar. Su fin: extirpar cobre y molibdeno en las cimas del Toisán.

Mientras los japoneses realizaban sus tareas de exploración, los inteños conocieron la gravedad de los impactos ambientales que gatillarían las minas. Y se articuló la resistencia en varios frentes. Alirio, por ejemplo, construyó cabañas para que la gente se dedique al ecoturismo. Ahora son la Asociación Ecojunín y desde sus balcones, si hay suerte, se puede ver la andanza de un puma.

“Sí hay. Todavía hay pumas -dice Israel Pérez. Y también osos de anteojos, osos hormigueros, tucanes de monte y más de 400 especies de orquídeas. Esto y nuestra paz es lo que está en juego con la minería”.

Bishmetal Exploration, filial de Mitsubishi, vio una comunidad organizada y se marchó. Luego vino Ascendant Copper y después de dos años de tensión y terror también se marchó. Desde el año pasado, sin embargo, los inteños saben que deben estar listos para su tercera batalla. Esta vez con el Estado, porque 4 839 hectáreas de la zona fueron concesionadas a la empresa pública Enami, en un plan que cuenta con la guía de la chilena Codelco.

¿Qué conoce la gente de Junín sobre el proyecto del Gobierno? Alirio Ramírez dice que muy poco. Admite que ha habido socialización en algunas zonas, como Chalguayacu. Pero en el corazón de la concesión no. Además él se pregunta: ¿Socializar para ellos es capturar a los líderes de la comunidad? Se refiere a Javier Ramírez, presidente de Junín. Él está privado de su libertad desde el jueves 10 de abril, cuando fue apresado junto con Polibio Pérez, otro dirigente histórico del valle de Íntag, en una acción que allá se tilda como tramposa (ver el testimonio adjunto).

La gente está dolida. Muchos lloran recordando a Javier Ramírez. “Indignación, lamento y rabia: eso siento”. Lo dice una madre de familia que se dedica al turismo y que, por temor, pide que no se conozca su nombre. “Queremos que el Gobierno compruebe que esto no es un potrero, como dicen algunos funcionarios. Es nuestra vida. Vengan, señores del Gobierno, pero no manden primero a la Policía. Porque el pueblo está ardido”.

Si acaso tú no ves más allá de tu nariz… Mago de Oz vuelve a cantar en los pliegues del Toisán…

Qué piensan los inteños

¿Quién es Javier Ramírez?

Presidente de la comunidad de Junín, reelecto hace poco para un nuevo año. Desde el 10 de abril está preso. Se lo acusa de sabotaje y terrorismo.

Las acciones de defensa ambiental

Defensa y Conservación de Íntag es una organización de los comuneros, presidida por Silvia Quilumbango. 

El manifiesto de 14 comunidades

En este sitio entérese de las acciones de denuncia y resistencia social y jurídica de los pueblos que viven del turismo y la agricultura en el valle de Íntag.

José Serrano era un gran amigo… ¿Por qué cambió?

Testimonio: Polibio Pérez tiene 42 años, cinco hijos y vive de la agricultura. Desde hace 17 años lucha contra la minería. Ahora lidera a 14 comunidades de la zona en planes de desarrollo ambiental.

El jueves 10 nos tendieron una trampa. El lunes anterior había recibido una invitación del Ministro del Interior, a través de la Gobernación de Imbabura, en la que me convocaban a una reunión de trabajo en Quito, pero no se definía el tema.

La invitación se extendía a Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, y a Silvia Quilumbango, presidenta de Defensa y Conservación de Íntag (Decoin). Miré con entusiasmo esa apertura, porque nunca me negaré al diálogo.

En la antesala del despacho estuvimos los tres y también el Gobernador de Imbabura. Pero salió un asesor del Ministro y dijo que ni Javier, ni Silvia, ni el Gobernador pasarían. El único que va a pasar es Polibio Pérez.

Cuando ingresé, Serrano ni siquiera me dijo toma asiento. Yo lo conocí cuando, como miembro del Cedes, se convirtió en nuestro abogado. En esas épocas era un hombre bien formado, muy profesional y claro, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. En ese momento yo decía que son pocos los abogados como él: un hombre muy comprometido con las luchas sociales. Con él trabajamos muchos años y a parte de ser mi abogado fue un gran amigo. Ahora ya no lo es. No se puede llamar amigo a quien te traiciona.

En el despacho, lo primero que José me dijo fue: no me dejas una opción, no es posible que estén secuestrando a funcionarios… Pero él tiene una versión. Yo le dije: ¿quiere escucharme o no? Él siguió con la misma tónica y me dijo: te desconozco, eres un terco… Los dos nos levantamos la voz. Todo el tiempo permanecimos de pie, dando vueltas y dos veces un miembro de seguridad abrió la puerta y dijo: “Ministro: ¿qué pasa?”. Y él gritó: “No pasa naaaaadaaaa, déjame solo”. En ese instante desconocí al Dr. Serrano: ese hombre inteligente, crítico, defensor de la naturaleza, convertido ahora en defensor de un sistema económico, no del país, sino de una transnacional. José durante tres oportunidades me dijo que iban a perder el convenio con la Codelco, que se van a perder millones, que la Codelco se va… Yo le dije: no importa: de Íntag se tienen que ir mineras nacionales y transnacionales.

La reunión duró 25 minutos y José me dijo que debía dar paso a la exploración y que cuando ya se llegue a la fase de explotación volveríamos a hablar. Yo le respondí: “Usted me dijo que nunca me coma cuentos y yo no me voy a comer este cuento”. No llegamos a nada y solo me dijo: “Atente a las consecuencias”. Le di la mano y salí indignado.

Me dolió. En mis 17 años de lucha este fue uno de los episodios más dolorosos. Y me trasladé hasta La Ofelia. A las 18:00 tomé un bus de Transportes Minas. Una hora después, en Nanegalito, el bus paró para dejar y recoger pasajeros. Se subió la Policía a pedir documentación. Con Javier pensamos que era una revisión normal. El policía retuvo nuestras cédulas, nos dijo que un coronel acababa de llamar desde Quito y nos arrastraron hasta el destacamento. ¿De qué nos acusan?, pregunté. Nos retiraron los celulares. Hasta la 22:00 estuvimos retenidos arbitrariamente. Me dijeron que habían cometido una equivocación conmigo, pero que Javier se quedaba. ¿Cuál es el cargo?, dijimos. No respondían. Uno dijo que quizá Javier tenía un hijo por ahí y que se había iniciado un juicio de alimentos… Los de Nanegalito pidieron refuerzos a los policías de Nanegal y por la fuerza metieron a Javier en un patrullero. Dijeron que se lo llevaban a Quito, a la Fiscalía de Delitos Flagrantes.
Pero fueron a Otavalo. Al día siguiente no hubo formulación de cargos. Solo una llamada y tras ella dijeron que a Javier aplicarían prisión preventiva. Los policías estaban muy nerviosos: sabían que se cometía una violación jurídica. Al final enviaron a Javier a Ibarra por sabotaje y terrorismo. Sin embargo el terrorismo viene del Estado…