La ministra de Ambiente reiteró esta decisión en el Senado a donde asistió para abordar el tema de la explotación minera en el páramo de Santurbán que haría la minera canadiense Greystar.
Fuente: Dinero.com
20/10/2010. La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, reafirmó que “la explotación minería está total y definitivamente prohibida en los páramos”. La advertencia la hizo en la Comisión V del Senado, a donde asistió para abordar el tema de la explotación minera en el páramo de Santurbán que estaría a cargo de la minera canadiense Greystar Resources.
Respecto a la posibilidad de otorgar licencia ambiental a la empresa canadiense, la titular de la Cartera señaló que se había radicado ante el Ministerio la solicitud y que realizarán los estudios técnicos con base en cartografía detallada. “Sólo de esta manera se logrará identificar si el proyecto contempla para esta actividad alguna zona de páramo”, enfatizó.
El argumento de los ambientalistas que se oponen fuertemente al proyecto está en que la mina está ubicada en un páramo. Señalan que los páramos son pisos térmicos que se ubican entre los 3.000 y 4.700 metros de altura y resaltan que son una rareza mundial, una importante fuente de agua y que son tremendamente frágiles. El proyecto minero está ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar.
Dicen además que las solicitudes mineras que hay en la actualidad para aprobación ambiental cubren un área equivalente al 46% del área total del páramo de Santurbán.
La compañía, por su parte se defiende con dos argumentos legales. El primero, que la ley que prohibió las explotaciones mineras en zonas de páramo fue expedida en febrero de 2010, dos meses después de que Greystar hubiera entregado formalmente su solicitud de explotación al Ministerio. “La ley no puede ser retroactiva”, le dijo un portavoz de la firma a Dinero.com al comienzo del mes. También argumentan que la altura en la que comienzan los páramos no está definida legalmente.
También ofrece mitigar su impacto ambiental. La empresa expuso su posición recientemente en entrevista con Vanguardia.com. Leonardo Antonio Di Mare, gerente ambiental de Greystar dijo que la compañía “se responsabiliza de las repercusiones por el detrimento del ecosistema, por los problemas de salubridad, tanto en la explotación como de las consecuencias ambientales que de ello se derive. Hasta el momento hemos adquirido un terreno mayor al que se pretende explotar y se han sembrado zonas de roble andino para ir generando refugio para las especies animales de la zona”.
Luis Guillermo Laserna, director de la Fundación Greystar dijo que estaban “dispuestos a ser escrutados públicamente por las entidades ambientales y obviamente por los gobiernos, lo mismo que al monitoreo de la comunidad internacional”.
En la otra orilla, Carlos Augusto Figueroa, gerente del acueducto de Bucaramanga dijo en Vanguardia.com que no solo estaba preocupado por el deterioro en la calidad del agua, sino por la reducción en su cantidad. “Nos va a afectar también porque estructuras como el Embalse Bucaramanga están a solo 30 ó 35 kilómetros en línea recta del sitio de explotación. Se pondría en riesgo el río Suratá por los altos niveles de contaminación, nosotros podemos hacer el tratamiento pero se generaría un costo alto y esto se trasladaría inmediatamente a las tarifas. A mayor costo de descontaminación, mayor tarifa”.
Como lo había señalado Dinero.com, el 21 de noviembre se realizará una audiencia pública en la cual podrán participar los interesados que estén inscritos para presentar sus planteamientos al respecto.
Una decisión en contra del proyecto echaría a la basura una buena porción de los US$170 millones que ha invertido la compañía desde 1994 y dejaría sin explotar un yacimiento que se estima en 7,7 millones de onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
La emisión de acciones en Colombia y en buena parte, el futuro financiero de la compañía en el corto plazo, se los está jugando la firma Greystar Resources, por lo pronto en la audiencia del 21 de noviembre y en últimas, de la decisión del ministerio de Ambiente.
