Atentados que ponen en riesgo la vida e integridad física de la gente del consejo comunitario de La Toma y especialmente a sus líderes y liderezas. El gobierno ha venido entregando permisos y títulos mineros de exploración y explotación a personas foráneas y a empresas internacionales como Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resort, sin que se diera el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado que por obligación se debe cumplir en territorios de afrodescendientes (convenio 169 de la OIT).

Por Comunicaciones CENSAT ‘Agua Viva’

09/04/2010. Informamos con alarma y enorme preocupación los recientes hechos acontecidos en territorios ancestrales de comunidades negras. En la zona norte del departamento del Cauca en Colombia, las comunidades han sido víctimas históricas de los intereses económicos nacionales e internacionales, una muestra del actuar violento contra estas comunidades es la construcción del embalse de la Salvajina en el municipio de Suarez que desplazó a mas de 3.000 personas y dejó sin medios de subsistencia a quienes permanecieron en el territorio, actualmente la EPSA-Unión Fenosa han pretendido desarrollar la segunda fase del megaproyecto Salvajina que es la desviación del rio Ovejas al embalse. En esta zona del país las comunidades han sido despojadas de su territorio, dedicándose la mayoría de las tierras a la agroindustria cañera, lo único que nos queda es la zona de las cordilleras donde están Suarez y Buenos Aires y la mayoría de la población tiene en la minería artesanal su forma de subsistenc
ia.

En el municipio de Suarez, la comunidad del consejo comunitario de La Toma ha venido sufriendo situaciones que amenazan con el desplazamiento de su población, además de las amenazas a los líderes y lideresas que impulsan el proceso de defensa del territorio frente a los intereses del gobierno nacional y las empresas multinacionales. Cabe anotar que el gobierno ha venido entregando permisos y títulos mineros de exploración y explotación a personas foráneas y a empresas internacionales como Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resort, sin que se diera el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado que por obligación se debe cumplir en territorios de afrodescendientes (convenio 169 de la OIT).

Esta situación de violación de derechos humanos ha venido agudizándose con las amenazas por parte de grupos paramilitares a líderes y liderezas, situaciones conocidas por el gobierno nacional y las entidades competentes en la defensa de los derechos humanos y el DIH. Queremos precisar que nunca antes se habían asesinado tantas personas en nuestros territorios y en esta ocasión se trata de mineros. Solo hasta ahora que se pretende hacer minería con las multinacionales se están dando este tipo de violaciones a los derechos humanos.

El día miércoles 7 de abril, en horas de la tarde en una mina de oro a orillas del río Ovejas, en territorio del consejo comunitario de La Toma, vereda el Hato Santa Martha, fueron asesinados ocho (8) mineros y resultó uno (1) herido, al parecer por grupos armados uniformados. Según versiones del sobreviviente los asesinos llegaron diciendo que no tenían porque estar en ese sitio y sin mediar mas palabras les dispararon produciéndole la muerte inmediata.

El mismo día 7 de abril en horas de la noche, un joven de la vereda Yolombó (corregimiento de La Toma) quien se dirigía hacia el hospital de la cabecera municipal fue abordado y detenido a la altura del puente sobre el río Cauca, por un grupo de hombres armados que no se identificaron y que el joven identifica como del ejército colombiano, entre los cuales se encontraban hombres vestidos de civil; al joven le apuntaron con fusiles, lo requisaron, le pidieron su documento de identidad y en varias ocasiones le preguntaron sus datos de identificación. Le ordenaron que apagara la linterna que llevaba, pero él no lo hizo. Todo esto sucedió entre las 10:30 y 11:30 PM. Al final el joven desesperado llamó en vos alta al vigilante de la estación de gasolina que queda cerca al puente quien lo conoce para que atestiguara quien era el joven y fue entonces cuando lo dejaron ir, mientras el joven se alejaba los sujetos armados se reían burlonamente del acontecimiento.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional de esta situación que pone en riesgo la vida e integridad física de la gente del consejo comunitario de La Toma y especialmente a sus líderes y liderezas. Solicitamos a los defensores y defensoras de derechos humanos divulgar esta información y exigir al gobierno nacional que proteja a las comunidades del municipio de Suarez y Buenos Aires y que no siga entregando títulos mineros a foráneos y empresas transnacionales sin la aplicación de la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado.

Exigimos al gobierno nacional que brinde las garantías de protección de los derechos humanos y el DIH del consejo comunitario de La Toma y de las comunidades del municipio de Suarez en general.

A continuación colocamos los datos de las entidades responsables de garantizar el cumplimiento pleno de los derechos humanos y el DIH para que les hagan llegar esta denuncia de tal manera que tomen acciones acordes a sus funciones constitucionales.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (quejas@procuraduria.gov.co),

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (defensoria@defensoria.gov.co, cauca@defensoria.gov.co)

EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA (reclamos@mij.gov.co )

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (ppdh@presidencia.gov.co)

 

_______________________________________________
Comunicaciones CENSAT ‘Agua Viva’