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NO a la Mina - Minería en Colombia

El Comité Ambiental en Defensa de la Vida informa a la ciudadana ibaguereña que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, determinó que la pregunta de la Consulta Popular Minera de Ibagué debe ser ajustada y en consecuencia bajo esta decisión ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los 30 días siguientes debe emitir una providencia de reemplazo a la del 28 de julio de 2016, con el objeto de atender los parámetros fijados en el fallo de segunda instancia.

La Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permite a los alcaldes del país vetar proyectos mineros en sus municipios si consideran que eso puede afectar su medio ambiente. Tras un fuerte debate la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el fallo de una tutela en el cual estableció que los alcaldes y autoridades regionales sí pueden oponerse a que zonas de sus regiones sean usadas para la minería.

Así lo decidió un fallo de segunda instancia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Si el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere hacer una consulta popular minera en contra de proyectos de extracción a gran escala, deberá reiniciar ese trámite que ha sido una de sus banderas desde que asumió como mandatario.

Con este proyecto, las comunidades del sur del Departamento pretenden evitar el ingreso de multinacionales que buscan explotar los recursos naturales en la región. Crearán la Guardia Campesina con la que pretenden oponerse a los proyectos de minería que diferentes multinacionales pretenden llevar a la región.

La Contraloría General de la Nación, hizo un llamado a las corporaciones ambientales regionales y al Ministerio de Ambiente, debido a que encontró que el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la explotación minera en los páramos no ha sido debidamente acatado en los casos particulares del páramo de Santurbán y el páramo de Miraflores.

La Corte Constitucional ordenó suspender el otorgamiento de títulos mineros en varias zonas del departamento de Caldas, en donde se encuentran asentadas las comunidades Embera – Chamí considerada uno de los asentamientos indígenas más antiguos de Colombia. De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, es necesario que en los municipios de Riosucio y Supía sean adelantadas las acciones preventivas correspondientes para no vulnerar los derechos fundamentales de estas comunidades que se encuentran en los resguardos Cañamomo y Lomaprieta.

En la Vega y Mercaderes los campesinos salieron a marchar para no permitir que la minería siga acabando con las fuentes hídricas de sus pueblos. Nadie quiere que se repita lo ocurrido en el río Sambingo como consecuencia de los proyectos que silenciosamente están llegando hasta estos territorios.

Indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, campesinos, estudiantes y académicos de Colombia confrontan a corporaciones como la Minera Quinchía SAS y la canadiense Seafield Resources Ltd., cuya presencia en el país detona un temor en los habitantes: el de ser desplazados forzadamente.

Después de varias trabas y retrasos para que 5.500 ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con la minería en su territorio, el Tribunal Administrativo del Tolima propuso una nueva pregunta que supera todas las exigencias constitucionales y legales.

El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en el municipio Albania (La Guajira). El alto tribunal consideró que las autoridades deben adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu, que habita en la zona.

Las Autoridades Indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía Risaralda, lanzamos esta Alerta Ambiental y Social por el grave riesgo que corre nuestro territorio, nuestra Madre Tierra y nuestras formas de vida por la Megaminería. Nuestro territorio ha sido expropiado y usurpado desde la época de la conquista cuando nuestro ancestros fueron masacrados y esclavizados, nuestra lengua materna, nuestras expresiones rituales y culturales prohibidas y el título colonial de nuestro resguardo fue anulado de manera ilegítima en 1948 (...) La Sociedad Kedhada (filial de la empresa AngloGold Ashanti) ingresó a nuestros territorios desde 1999, apropiándose de predios que habían sido abandonados y despojados por paramilitares del Bloque Central Bolívar, ingresando a la Vereda La Cumbre, esta empresa ha cambiado dos veces de nombre para evadir responsabilidades, (Batero Gold y actualmente se denomina Minera Quinchía), tienen un proyecto denominado La Cumbre Project que abarca comunidades de las parcialidades indígenas Embera Chamí y Embera Karambá.

Este 2017 es un año que genera mucha expectativa en cada uno de los Ministerios del Gobierno Nacional, pues es a partir de ahora que comenzará a vivirse de lleno el posconflicto en el país y con él nuevos proyectos en las diferentes carteras.

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