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NO a la Mina - Minería en Bolivia

Se confirmó que existen 40 concesiones mineras en el nevado Illimani y que otros glaciares de gran importancia para el abastecimiento de agua de las poblaciones también están en peligro por la actividad minera. Los comuneros de Palca se declaran en emergencia.

El ministro de Minería, César Navarro, en su acto de interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, identificó ayer 40 áreas mineras en el cerro Illimani y además reconoció que también hay actividad minera cerca a las represas de Hampaturi e Incachaca, aunque muy precarias. A tiempo de ratificar que no existen empresas chinas operando en el Illimani, la autoridad dijo que se tomó como referencia un radio de 7 kilómetros alrededor de ese nevado para determinar la cantidad de áreas mineras.

Martes, 17 Enero 2017 00:11

Alicia en el país de la minería

El periodista Ander Izagirre relata en su libro ‘Potosí’ las condiciones de vida de los menores que a diario bajan a las minas del Cerro Rico y subsisten en un sistema del que son el último eslabón

La Paz, 11 ene (PL) El Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia ultima hoy los detalles de un informe de interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a las actividades mineras en las faldas del nevado Illimani.

La Compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol), que tiene concesiones mineras en el nevado Illimani, se constituyó el 2008 con un capital de operaciones de 11,7 millones de bolivianos, y su representante legal es el empresario chino, Feng Wang, según registros en instituciones. Comabol cuenta con licencia de funcionamiento emitido el 2016 por el Gobierno autónomo Municipal de Irupana para realizar actividades mineras en el sector Illimani.

En medio de una marcha de protesta en la región, el alcalde de Mapiri (al norte de La Paz) Roberto Fernández fue retenido por lo comunarios para exigir a una firma minera gerentada por un chileno que se comprometa a no explotar oro en áreas no autorizadas por las autoridades del sector.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denunció hoy que afronta una campaña de hostigamiento en redes sociales luego de que publicara información sobre derechos mineros en el cerro Illimani de La Paz. "Denunciamos a la opinión pública que se ha iniciado una campaña de hostigamiento dirigido a miembros de nuestro equipo de investigación. Desde cuentas anónimas se comparte información personal como fotografías y otros datos y se señala que cometimos delitos que ameritan cárcel”, señala un comunicado del CEDIB.

De los 70.000 metros cúbicos día de agua que requiere el sector minero, las cooperativas emplean 40.000; las empresas privadas, 28.000 y las estatales, 2.000, informó el investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

Estudio del CEPA consigna a empresas como San Cristóbal, Huanuni y Kori Kollo, entre otras, además de cooperativas de la región. Ambientalistas piden normar el uso del agua para operaciones mineras La actividad minera, según estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) consume similar o mayor cantidad de agua, que los habitantes de la ciudad de Oruro en un día, cifra que llega aproximadamente a 30 millones de litros del líquido elemento.

Las centrales agrarias determinaron formar el Comité de Defensa del Illimani. En plena crisis del agua de la ciudad de La Paz, las comunidades aledañas al Illimani, se declararon en estado de emergencia permanente en defensa de los recursos naturales y en rechazo de la explotación minera en el ancestral nevado. La Cámara Nacional de Minería (Canalmin) confirmó la presencia china y de cooperativas, mientras que el Gobierno prefirió callar sobre el asunto.

La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó el proyecto de ley de reversión al Estado de las áreas mineras de cooperativas que firmaron contratos con empresas privadas, anunciaron hoy fuentes del órgano legislativo.

El cambio climático y la actividad minera inciden en la disminución “alarmante” del caudal de las lagunas Colorada, Hediondo y Verde en Potosí y Alalay en Cochabamba, lo que preocupa a las autoridades por su incidencia, entre otros aspectos, en la conservación de la diversidad biológica, informa este viernes La Razón en su edición impresa.

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