República Dominicana 06-03/09. El gobierno arribó a un acuerdo de enmienda del contrato de concesión para la explotación de los yacimientos mineros de Pueblo Viejo, Cotuí, con la firma Barrick Gold Corp. Barrick es el mayor emporio minero de oro y se permite este tipo de acuerdos pagando tributos de ínfima incidencia en los costos de las operaciones globales de la empresa, financiándolos con los siderales resultados económicos en otros países donde actúa, y en los cuales sus prácticas extractivas, los inauditos beneficios fiscales y los bajos costos de producción junto a la elevada cotización del oro conforman una receta voraz.
Fuente: Diario DigitalRD.Com

Vista del lugar donde operan las plantas en Pueblo Viejo Esto se acordó en una reunión del presidente Leonel Fernández con el presidente de la empresa minera, Aaron W. Regent.

El funcionario ofreció detalles del acuerdo en el aeropuerto internacional antes de viajar a Managua, Nicaragua, para participar en la XXIII Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano y República Dominicana, evento de consulta previo a la Asamblea Anual de Gobernadores de la entidad multilateral.

Dijo que gracias a las enmiendas acordadas, la inversión que realizará la empresa canadiense, que inicialmente se programó sería de US$336 millones ahora será de US$3,154 millones.

Esto, porque se utilizarán nuevas tecnologías, más modernas, con una mayor estimación de las reservas probadas, que en el contrato anterior, firmado en 2003 con la empresa Placer Dome, se estimaron en 1.4 millones de onzas, y ahora se estimó serán de 20 millones de onzas.

Barrick y su manejo global en la extracción de oro

El seretario de Hacienda dijo que la participación en las utilidades netas será de un 28.75% cuando el proyecto alcance una tasa interna de retorno de un 10%. A partir de ese momento, los flujos netos se compartirán durante todo el tiempo de explotación en una proporción de 50% para el Estado y 50% para la Barrick Gold.

Barrick es el mayor emporio minero de oro de la actualidad y se permite este tipo de acuerdos, donde supuestamente paga importantes tributos pero de ínfima incidencia en los costos de las operaciones globales de la empresa, financiándolos con los siderales resultados económicos en otros países de los cinco continentes donde actúa, y en los cuales sus prácticas extractivas, los inauditos beneficios fiscales y los bajos costos de producción junto a la elevada cotización del oro conforman una receta voraz.

El secretario Bengoa aseguró que mediante estas enmiendas, el Estado percibirá ingresos por tres fuentes: Retorno neto de fundición, impuesto sobre la renta y participación en las utilidades netas.

El retorno neto de fundición es el pago que recibe el Estado como dueño de la mina, constituyendo –además- un ingreso regular y seguro durante la vida útil de la misma, independiente de los resultados de la operación comercial.

Sobre el impuesto sobre la Renta, Bengoa precisó que será de un 25% sin tomar en consideración su nivel de ingreso. La compañía pagará el ISR mientras tenga beneficios.

Refirió, asimismo, que expertos internacionales en la materia, como el ingeniero César Polo, el doctor Jerónimo Carcelén y Fernando Sánchez Albavera, han encomiado positivamente los alcances de las enmiendas.

Polo y Carcelén fueron contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como asesores técnicos del gobierno, vía Hacienda, y Sánchez Albavera, ex ministro de Energía y Minas del Perú, fue durante 20 años director de la división de Recursos Naturales e Infrestructura de la CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas.

El funcionario destacó que los dos primeros resaltaron que el contrato con la Barrick es moderno e incluye cláusulas de responsabilidad social, económica y ambiental de última generación; así como también toma en consideración y regula lo relativo a los precios de transferencia y los aspectos vinculados a cuestiones ambientales y ecológicas.

“Polo y Carcelén opinaron muy positivamente de los términos del contrato en cuanto al cierre y post cierre ambiental, lo que evita futuros pasivos ambientales, sobre la política de reasentamiento que entraña, acorde a cláusulas de salvaguarda del Banco Mundial, estimando que eso asegura una explotación minera beneficiosa para el país”, comentó.

De la opinión de Sánchez Albavera, Bengoa refirió que éste sostuvo que el contrato constituye un modelo para los países en desarrollo y es único en América Latina.