Una investigación de la Auditoría General de la Nación en Bajo La Alumbrera determinó que la Secretaría de Minería no ejerció su función de control. Durante los años 2010-14 el gobierno benefició al complejo minero Bajo La Alumbrera con exenciones impositivas pese a que no controló si cumplía con las normas exigidas para evitar daños ambientales. Así lo determina un informe de la Auditoría General de la Nación, aprobado por unanimidad el último miércoles. Recomiendan estudiar sanciones.
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Fuente: Clarín
La investigación abarcó el período 2010-2014 y apunta a irregularidades en la gestión de Jorge Mayoral en la Secretaría de Minería. Según las conclusiones, la empresa de capitales mixtos fue autorizada a inscribirse en planes de promociones de esa actividad sin que renovara desde 2007 los informes de impacto ambiental sobre el territorio catamarqueño donde están asentadas sus explotaciones de cobre, oro y molibdeno (un metal utilizado en aleaciones de acero).
“Se actuó con favoritismo”, señala el informe del colegio de auditores que preside el peronista Oscar Lamberto. Entre las recomendaciones se destacan la de exigir que las actuales autoridades de la Secretaría de Minería cumplan con el control ambiental y la de analizar sanciones a los responsables de la negligencia. La AGN depende del Congreso, que podría pedir acusar a Mayoral ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El complejo minero catamarqueño es manejado por el consorcio formado por la estatal Yacimientos Aguas de Dionisio (que integran el Estado nacional, el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán) y la multinacional Minera Alumbrera, de capitales suizo-canadienses. La empresa fue creada por el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 y se asoció a la multinacional en 1997. Años más tarde comenzó a acumular denuncias por contaminación de los ríos y tiene abiertas al menos tres causas en la Justicia por presuntos delitos ambientales, más otra por manejos económicos.
Durante la investigación, las autoridades K en la Secretaría de Minería respondieron a los inspectores de la AGN que ese organismo “no tiene competencia ni jurisdicción en materia ambiental minera, que es resorte exclusivo de la provincia”.
Sin embargo, los auditores refutaron el argumento, indicando que “ese desentendimiento no sólo se contradice con la normativa del Sistema Ambiental Minero Preventivo, sino que en este caso la Secretaría tiene incumbencia en virtud de que Farallón Negro y Bajo la Alumbrera (del mismo complejo) son beneficiarias del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera”.
El informe fue presentado por la gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, que funciona bajo la órbita del auditor radical Jesús Rodríguez, quien admitió que “el principal problema ambiental de la Argentina es la pobreza derivada de la falta de desarrollo”. Y agregó: “Otros problemas ambientales, son causados por el tipo de desarrollo. En el caso de la minería, lo que falló es la capacidad del Estado para controlar eficazmente la actividad a fin de asegurar un desarrllo sustentable”.
